Como ya había anticipado Infobae, el Gobierno autorizó aumentos en las facturas de las compañías de telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y un 2,5% para marzo. La medida fue anunciada a través de la Resolución 203/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo hizo efectivo este nuevo incremento para el sector de las telecomunicaciones, que se sumó a la suba del 5% de enero pasado para los servicios de internet, telefonía y televisión.
En el texto, las autoridades señalaron que esta actualización en el precio “propuesta por las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) para sus clientes actuales, cumple con la regla de razonabilidad”.
Sin embargo, y como también se preveía, el Gobierno también estableció una condición para que cada una de empresas del sector, que controlan Movistar, Claro y Personal, puedan hacer efectivo los aumentos de febrero y marzo.
En este sentido, el artículo 3 del decreto aclaró que solamente podrán ajustar sus tarifas aquellas firmas que no lo hayan hecho ya por montos superiores al 5% permitido en enero o que, en su defecto, “se hubieran comprometido expresamente ante este Enacom a la devolución inmediata de los importes facturados en exceso y así lo acrediten en la facturación del mes de marzo”.
Por último, se les informó a las empresas que “de forma excepcional” todas las modificaciones que realicen “sobre sus planes, precios y condiciones comerciales” para incluir estas nuevas subas autorizadas, “deberán ser comunicadas” al organismo “al momento de su aplicación”.
Entre los considerandos, el Gobierno remarcó que “los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) han manifestado sus problemáticas estructurales en instancias de diálogo y articulación”, sobre las que presentaron “diferentes planteos que han sido analizados cuidadosamente” por el Poder Ejecutivo.
En este marco, se destacó que “surge de la regulación vigente que este Enacom, en su carácter de Autoridad de Aplicación, debe continuar orientando y actualizando la regulación de los precios de los servicios” de este sector.
Además, se subrayó que “en atención a la coyuntura que atraviesa nuestro país, han sido particularmente estudiadas las propuestas efectuadas” por las empresas de comunicación, a las que se “reconoce como actores esenciales e inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación de esos servicios que, por su importancia y reconociendo la mayor penetración desde hace años entre los Servicios de TIC, adquieren la mayor relevancia entre sus usuarios y usuarias pues, en muchos casos, sólo a través de ellos les es posible el acceso a la comunicación y la conectividad”.
Los anuncios de diciembre
A mediados de diciembre pasado, el Gobierno autorizó un aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión que se tenían que hacer efectivos en enero de 2021 y anunció una serie de nuevos planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos. Una suerte de Precios Cuidados en versión telco a los que podrán acceder jubilados, desocupados y beneficiarios de AUH y demás planes, entre otros.
Se trató de la reglamentación del polémico decreto 690 de este año que el presidente Alberto Fernández anunció por Twitter en agosto. Allí declaró como servicios públicos en competencia al acceso a Internet, la telefonía móvil y fija, la televisión por cable y la telefonía, tanto fija como celular.
Las quejas del sector privado llegaron de inmediato y se dijo que las subas era insuficientes y que las empresas, en particular las pymes de la industria, estaban en un serio riesgo de subsistencia.
“El sindicato pide 35% y a nosotros el Gobierno nos dan 5 por ciento. No es bueno para los proyectos ni para las inversiones que vienen. La tevé paga no conecta nada, no sé por qué estamos adentro”, aseguró un importante ejecutivo de una empresa de cable que, como muchos consultados por Infobae, eligió el off the record.
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