Impuesto a la riqueza: los empresarios aseguran que es confiscatorio y que su aplicación desalentará las inversiones

La reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario –más conocido como impuesto a las grandes fortunas–, que fue publicada en el Boletín Oficial generó distintas reacciones en el mundo empresario. Desde el sector, aseguran que por tratarse de un “impuesto confiscatorio” los contribuyentes afectados por el nuevo tributo van a llevar su reclamo a la Justicia. Pero, además, estiman que el número de personas que finalmente deberán pagarlo va a estar por encima de 12.000, la cifra que estimaron desde la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

“La reglamentación no cambia mucho lo que dice el texto de la ley y es bastante genérica. Pero incluye un concepto complejo que es la valuación de las tenencias accionarias en las sociedades donde veo un exceso en la reglamentación. En algunos casos, obliga a hacer un balance al 18 de diciembre, sin tener en cuenta los costos que implica confeccionar un balance. Se generan costos extra a algunos contribuyentes sí y a otros no”, señaló Santiago Mignone, socio principal de PwC Argentina.

Uno de los cuestionamientos a la reglamentación es que grava activos al 18 de diciembre de 2020, que es la fecha de la sanción. “Al ser una fecha intermedia en el mes genera un trabajo adicional y con costos administrativos no previstos. Eso incorpora costos a determinadas empresas y sociedades, sobre todo a los contribuyentes que tienen acciones o empresas unipersonales”, agregó.

La norma prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que declaren más de $200 millones.

Mignone consideró que hay suficientes sustentos legales para que haya una judicialización del impuesto, que se debe evaluar caso por caso. Y que, además, el universo de contribuyentes que serán alcanzado estará por encima de los 12.000 que estima la AFIP. “Ese número es falso. Ya recibimos consultas pero estimamos que se van a disparar porque hay contribuyentes que van a tener que pagar y no la saben. Hay activos que en bienes personales están exentos y acá no. Por ejemplo, acciones, participaciones y depósitos bancarios”, detalló el directivo.

Con todo, todavía quedan por precisar aspectos como la fecha y sistema de pago, los vencimientos, la forma de llevar adelante las presentaciones y si existirá algún anticipo a cuenta del impuesto, lo cual debe ser reglamentado por la AFIP en los próximos días.

Con todo, la reglamentación detalló que la AFIP podrá recurrir a herramientas de información para fiscalizar variaciones en los bienes de los contribuyentes durante los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Los tributaristas advirtieron que pueden ser inconstitucionales, ya que no puede haber acciones para eludir el pago de un impuesto antes de que entre en vigencia.

“Yo me opuse y creo que es un grave error que perjudica al pueblo argentino porque promueve que la gente más rica se haga extranjera, debilitando al empresario argentino en relación al resto de los empresarios y dando lugar a que los que se fueron del país estén contentos de haberlo hecho, lo que dificulta que alguna vez vuelvan”, señaló a Infobae el empresario textil Teddy Karagozian. “Es un error que para recaudar 1% de un año, perjudiquen el crecimiento en más del 2% anual de los próximos 20 a 50 años”, agregó.

Las distintas cámaras empresarias ya habían manifestado su rechazo al nuevo impuesto que, por ahora, se prevé que será implementado por única vez, y presentaron varias propuestas alternativas.

A fines del año pasado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación porque el impuesto genera una nueva carga sobre las personas con grandes patrimonios, lo que incrementa la presión impositiva que ya es muy elevada y contempla otros tributos en función de la capacidad económica (como el Impuesto sobre los Bienes Personales).

“La expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”, expresaron. Desde la entidad habían propuesto que se incrementara la suma exenta de $200 millones, lo que no ocurrió.

Antes de la sanción del proyecto, la Unión Industrial Argentina (UIA) también había pedido incorporar cambios para que no se afecte al sector productivo. Por ejemplo, habían pedido excluir de la base de imposición las acciones o participaciones en activos productivos.

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