
Preocupados por el desenlace que puede tener la reestructuración de la deuda ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y los acreedores privados, las principales cámaras empresarias les pidieron hoy a los bonistas que “cooperen con el esfuerzo final” para que el proceso resulte exitoso y la economía pueda encarrilarse tras las consecuencias de la pandemia.
El Grupo de los 6 (G6), que nuclea a la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, coincidieron, en un comunicado de prensa, en que “la propuesta elevada por el Estado Nacional y la voluntad de pago construyen una alternativa que mejora la situación objetiva de ambas partes”. “Con su última oferta, nuestro país procura responder de buena fe a los requerimientos de su contraparte”, dijeron los empresarios.
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Y agregaron que “ahora, se requiere que los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada. De tal forma que constituya un avance para dos prioridades convergentes: el desarrollo integral de Argentina y la garantía de que el país va a honrar sus compromisos”.
El comunicado remarca que luego de varios meses de negociación, la Argentina consolidó una propuesta que compatibiliza las posibilidades de crecimiento con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, además de reducir las erogaciones futuras. Además, agrega que el diálogo entablado y la oferta presentada muestran la voluntad del país de despejar las incertidumbres del horizonte financiero.
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El apoyo del sector empresario al Gobierno surge luego de que los tres grupos de acreedores presentaran esta semana una nueva contrapropuesta a las autoridades económicas que contempla no sólo cambios legales a la oferta oficial, sino también una mejora de USD 3 en el valor presente neto, que la lleva a USD 56,6 por cada USD 100 nominales.
Mientras que los bonistas aseguran que ahora la pelota está del lado del Gobierno, en el oficialismo se cansan de ratificar que no habrá cambios a la oferta vigente, presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) el 6 de julio. Lo que sí están estudiando en la cartera que dirige Martín Guzmán son los cambios jurídicos vinculados con la cláusula de reasignación y la estrategia Pac-Man, que llevaron a los acreedores a cuestionar duramente la buena fe del Gobierno.
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La oferta vigente vence el 4 de agosto, pero en Economía ya hablan de una extensión que posiblemente sea de 15 días. En ese lapso, el equipo de Guzmán lanzará la convocatoria de adhesión al canje de deuda en dólares bajo legislación local, que asciende a USD 41.715 millones. El Gobierno espera que la semana próxima el proyecto de ley obtenga media sanción en el Senado y la otra semana, en Diputados.
Los plazos de ambas ofertas coincidirían en los tiempos. Sin embargo, en economía remarcan que si el canje con acreedores ley Nueva York fracasa, el objetivo será continuar con la operación local, que esperan tenga una “adhesión masiva”, según dijo públicamente Guzmán. La realidad es que si bien hay fondos extranjeros que tienen títulos en dólares ley argentina, la mayoría son inversores institucionales locales que ya demostraron apostar al refinanciamiento de la deuda en pesos que Economía realizó mediante una gran cantidad de licitaciones en el último tiempo.
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“El canje local sigue o sigue”, dijo una fuente oficial ante la consulta de Infobae. El funcionario se manifestó optimista no sólo con esa reestructuración, sino también con la extranjera, que probablemente se cierre con la concesión oficial de las modificaciones legales aunque no aumenten ni un punto adicional el valor económico.
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