Ministerios y otros organismos nacionales en cuarentena: cuáles son los mejores y peores pagadores en la Administración Pública

Uno de los efectos de la prolongada cuarentena que se inició el 20 de marzo es la pérdida de recaudación de impuestos asociada a la caída de la actividad económica, otra es el aumento de la deuda flotante derivada de la postergación de pagos de gastos ejecutados a lo largo del semestre, que se suman a parte de los compromisos corriente heredados de la administración anterior.

Al 30 de junio la Administración Pública Nacional, que representa la mayor parte del Sector Público Nacional, que agrega al PAMI, Organismos Descentralizados y Empresas a su cargo, llevaba ejecutado el 56,22% del Presupuesto actualizado a través de 14 decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía, más decretos de necesidad y urgencia, de $5,7 billones, según los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

En ese período, la dependencia del Ministerio de Economía registró que de los $3,2 billones de gastos ejecutados (devengado en la jerga contable) se habían pagado al 30 de junio poco menos que $3 billones. De ahí surge una deuda flotante cercana a $218 mil millones, equivalente a poco más de 12 días de atraso.

Sin embargo, entre el conjunto de partidas presupuestarias que incluye no sólo al Poder Ejecutivo Nacional, sino también a las asignadas a los Poderes Legislativo y Judicial, junto con la deuda pública, se observan áreas que registran registran atrasos de menos de 10 días y otras con más de 60 días de mora. Entre las primeras se destacan:

“Organismos que dependen directamente de Presidencia de la Nación”, opera casi al contado, excluidos el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Secretaría Legal y Técnica, la Agencia Federal de Inteligencia y la Secretaría General, las cuales acumulaban moras de 14 a 30 días;

Jefatura de Gabinete 5 días;

Ministerio del Interior y Ministerio de Transporte 6 días, en cada caso;

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 7 días;

Ministerio de Desarrollo Productivo 8 días; y

Ministerio de Turismo 9 días;

Mientras que aparecen con mayores atrasos con extremos de más de 90 días, excluido los servicios de la deuda pública que en lo que respecta a los bonistas bajo legislación extranjera no cobran sus acreencias desde el 22 de abril:

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 93 días;

Organismos que dependen directamente del Ministerio de Defensa 79 días, excluidos los Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los particulares de cada área tierra, mar y agua, que registraban una mora estimada de 20 a 25 días;

Organismos que dependen directamente de Ministerio de Seguridad 61 días, excepto Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina en torno a 18 días;

Secretaría de Medios de Comunicación 45 días promedio; en algunos casos superan largamente los seis meses;

Procuración del Tesoro de la Nación 44 días;

Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 40 días en cada caso;

Entre 30 y 40 días de atraso en los pagos aparecen: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 38 días; Organismos que dependen directamente de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 35 días; Poder Judicial de la Nación y Ministerio de Cultura 34 días, en cada caso; y Organismos que dependen directamente de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 32 días.

Mientras que el resto de los Ministerios y Organismos que dependen de la Administración Central operan con plazos de pago promedio de 14 a 30 días.

En el promedio general no se observan diferencias en comparación con la práctica del año anterior, según los datos efectivamente ejecutados al cierre de 2019, pero si muy apreciables, en las dos direcciones, acortamiento y alargue, a nivel desagregado:

Infobae detectó reducciones en los términos de pagos, algunos apreciables como en el caso de las Fuerzas Armadas y Estado Mayor Conjunto, de poco más de 160 días a 20 días; en menor medida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 52 a 18; de Economía de 53 a 24; del Interior de 45 a 6; Ministerio de Transporte de 36 a 6; la Agencia Federal de Inteligencia de 35 a 14; Obligaciones a cargo del Tesoro de 31 a 20; y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 12 a 7 días, entre otros.

Mientras que se alargó el plazo de liquidación de los servicios y compras hechos por organismos que dependen del Ministerio de Defensa en 73 días; Ministerio de Desarrollo 60 días; Procuración del Tesoro 25 días; Poder Judicial 22 días; Secretaría General de la Presidencia 12 días, entre otros.

Cambios en la estructura de los ingresos

La estadística de Presupuesto Abierto también permitió observar cómo fue ganando participación en la fuente de recursos del Estado nacional las “Rentas de Propiedad”, como se denominan a los giros de utilidades generadas por el Fondo de Garantía de la Anses, y, principalmente desde el corriente año, de las ganancias contables del Banco Central de la República Argentina.

Sobre un Presupuesto inicial para todo el año por ese concepto de $986.786 millones, equivalente a 21,9% del total, al cabo del primer semestre, la Oficina de Presupuesto Abierto registró un percibido de poco más de un billón de pesos ($1.042.107 millones), representó el 36% del total de los recursos que ingresaron a la Administración Central.

Por el contrario, por efecto de la brutal recesión que provocó la cuarentena generalizada con varios casos extremos, como el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los recursos tributarios redujeron su participación de un proyectado cercano a 50% del total a 39% al cabo del primer semestre. Mientras que los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social aportaron 21,7% al total, apenas dos puntos porcentuales menos del esperado originalmente.

El resto de los recursos, equivalente a poco más de 3% del total, correspondieron a ingresos no tributarios; venta de acciones y participaciones de capital; transferencias corrientes, y venta de bienes y servicios de administraciones públicas.

El balance del semestre entre gastos pagados e ingresos percibidos por todo concepto por parte de la Administración Central fue superavitario en $243.584 millones, antes del pago de servicios de la deuda pública, aunque se reduce a $26.120 millones si se agrega el efecto de los libramientos impagos en el período; en tanto el resultado financiero o final fue deficitario en $95.722 millones, y trepa a más de $313.561 millones, con los gastos ejecutados pero no pagados.

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