El presidente Alberto Fernández anunció que firmó el decreto de Necesidad y Urgencia por el que se interviene por seis meses a la compañía agroexportadora Vicentin para llevar adelante la expropiación de la misma.
Con esta medida a días de cumplir seis meses de gestión, el presidente Fernández suma una nueva nacionalización a la lista K que se inició en noviembre de 2003 cuando se estatizó el Correo Argentino que en ese entonces estaba en manos de Socma, la empresa de la familia Macri y por el que hay un juicio por el no pago del canon. En ese momento recién comenzaba el ejercicio de su mandato Néstor Kirchner y Alberto Fernández era su jefe de Gabinete.
Unos meses después se nacionalizó el espectro radioeléctrico por incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares por parte de los franceses de la firma Thales Spectrum. Luego siguió la estatización de Aguas Argentinas, que estaba concesionada al grupo francés Suez y que pasó a denominarse Aysa y en 2007 fue el turno del astillero naval Tandanor.
En lo que fue la primera presidencia de Cristina Kirchner llegó el turno de las más emblemáticas. En diciembre de 2007 asumió la actual vicepresidente y a mediados de 2008 Aerolíneas Argentinas y Austral volvió a ser una sociedad anónima con mayoría de capital estatal.
Al poco tiempo, y mientras el país comenzaba a profundizar el concepto que luego se llamaría grieta, y la Casa Rosada buscaba disputaba las calles y la ruta con el sector del campo, la actual vicepresidenta siguió el consejo del que era titular de la Anses de ese momento, Amado Boudou y se estatizaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Pero fue recién en 2012 donde se realizó la estatización más importante y que aún hoy se discute en los tribunales internacionales. En el segundo mandato de Cristina Kirchner, el 3 de mayo de 2012, se concretó la reestatización de YPF. La empresa más grande del país pasó a manos del Estado nacional a través de la expropiación del 51 por ciento de las acciones que tenía la española Repsol.
Ese mismo año, en agosto de 2012, y luego de un derrotero que llevó a que el ex vicepresidente Boudou terminara detenido, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una ley para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), conocida popularmente como Ciccone Calcográfica.
La norma señalaba que una vez que terminara el proceso de “expropiación” la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda.
Juicios
La mayoría de las expropiaciones y estatizaciones tuvieron dos puntos que se repitieron en todos los casos.
El primero es que las empresas no son estatales, sino que son privadas con participación mayoritaria del Estado. Es decir, Aerolíneas Argentinas, YPF, AYSA, son sociedades anónimas y se rigen por las leyes de las empresas privadas. La única diferencia es que su principal accionista es el Estado Nacional.
El segundo punto es que en esos casos, el Estado argentino fue llevado a los tribunales internacionales y hasta ahora, siempre perdió. En el caso de Aerolíneas Argentinas, en mayo del 2019 el Estado fue condenado en los tribunales internacionales del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a pagar USD 320 millones en concepto de indemnización.
En el caso de AYSA, la empresa Suez recibió USD 245 millones por un juicio que ganó en los tribunales internacionales del Ciadi.
En el caso de YPF es el más resonante, no sólo por su tamaño sino porque llega hasta nuestros días. La semana pasada se conoció un fallo de la justicia de New York para que siga litigando en tribunales de esa ciudad estadounidense el juicio por la expropiación y por la que el megabufete inglés Burford Capital reclama una compensación podría rondar entre USD 3.000 millones y 12.000 millones.
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