
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó hoy una nueva reunión del gabinete económico, que viene realizando el seguimiento de las medidas de contención adoptadas para proteger a los sectores más castigados por el avance del coronavirus, como las pymes.
La reunión, que siguió a una realizada ayer en la residencia de Olivos, comenzó este mediodía en la Casa Rosada, donde Cafiero desarrolla su actividad en la jornada de hoy.
Participaron del encuentro la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También asisten el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Las conversaciones no están exentas de tensión entre algunos funcionarios. Específicamente, trascendieron diferencias entre el titular de producción Matías Kulfas y el número uno del Banco Central, Miguel Pesce.
La discusión, alrededor de medidas bancarias para inyectar liquidez a las pymes con problemas para cumplir sus pagos, habría enfrentado a los dos funcionarios. Una iniciativa en ese sentido de Kulfas, rechazada por Pesce, también tuvo el veto del propio presidente Alberto Fernández.
La velocidad en la toma de decisiones del titular de Desarrollo Productivo también habría estado en el foco de otros debates en el nivel más alto del gobierno.
La inquietud tiene que ver con las dificultades de las empresas, no sólo pymes pero especialmente entre las más pequeñas, a la hora de pagar sueldos y otras obligaciones de principios de mes. Para algunos miembros del Gabinete, el sector financiero no estaría respondiendo con la celeridad que la situación amerita.
El Banco Central redujo encajes y empezó a deshacer Leliq -en la que los bancos colocan el dinero que reciben como depósitos y no colocan como préstamos- con el objetivo de liberar unos $350.000 millones que tienen como destino fondear crédito pyme a una tasa del 24% anual, es decir, por debajo de la inflación esperada.

Pero el problema es que con los sectores gastronómico, turístico, de venta de vestimenta y otros prácticamente sin ventas la ingeniería financiera orientada a ayudar a pasar este momento no llega a cubrir las necesidades de todos. Más aún, buena parte de las empresas no están bancarizadas o, a lo sumo, tienen cuenta bancaria pero no carpeta crediticia.
Por eso es que, se quejan en el Gobierno, la línea termina en manos de las empresas que ya estaban siendo financiadas por el sistema. Las que tienen mejor récord crediticio y suponen menos riesgo para la cartera de la entidades financieras. Quieren que los bancos aumenten su actividad de préstamo y simplifiquen el acceso. Y que bajen la información a sus gerentes para que esa línea de asistencia se active con la mayor celeridad posible.
Para aquietar los temores de los banqueros, el Gobierno aumentó hoy el presupuesto para el Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Asignó unos $30.000 millones extra a ese instrumento. El objetivo es que ese dinero se use para dar avales a las pymes que garanticen la devolución de los préstamos bancarios. Pero en el Gobierno se quejan incluso de que cuando tratan con los oficiales bancarios, las empresas no son informadas de esa posibilidad.
La incomodidad del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, nace de coqueteos con medidas más extremas. Si buena parte del universo pyme no llega al sector financiero y no puede pagar los salarios hoy, lo que puede pasar a ocupar la mesa son programas de crédito dirigido o compulsivo (por ahora, no son el eje de las discusiones, según pudo averiguar este medio).
O más aún, que ante la emergencia el propio Tesoro salga a financiar el pago de salarios sin pasar por los bancos. Algo que requeriría, de todas maneras, un rol preponderante del Banco Central.
El Tesoro tiene déficit primario y financiero, si necesita liquidez tiene tres vías para conseguirla. Una es disuadir, de una forma o de la otra, a los bancos para que desarmen sus tenencias de Leliq y las vuelquen al sistema. Hay algo más de $1,3 billón colocados en esas letras.
Otra alternativa es pedirle dinero, directamente, al Banco Central. Los adelantos transitorios -préstamos al fisco que implican una expansión monetaria- ya fueron utilizados a mansalva por Pesce y su antecesor, Guido Sandleris. Tanto que ya se alcanzó el tope que autoriza la Carta Orgánica del Central.
Queda una más, la de recurrir a la transferencia de utilidades de la entidad. El Tesoro, como accionista del Banco Central, puede hacerse de las ganancias que compute en un año. Y como resultado de un tecnicismo contable que consistió en cambiar la manera en que se valúan las Letras Intransferibles que el Tesoro le colocó a la entidad cada vez que usó reservas para pagar deuda, el año pasado fue de enormes ganancias -teóricas- para la autoridad monetaria. Esto es porque el dólar se disparó y, aunque esas letras no valen nada, están nominadas en dólares. Y al elevar su valor contable en moneda extranjera, arrojaron grandes resultados en pesos.
En el sistema se estima que el Banco Central tendrá ganancias cercanas a $1,5 billón cuando se cierre el balance del año pasado. Dinero que, en principio, estaría autorizado a distribuir. Toda la base monetaria llega a $1,8 billón. O sea que, en principio, podría casi duplicar los pesos en circulación. Pero no es necesario llegar a una emisión monetaria semejante para que funcionarios como Pesce -que acumula más de una década en el Central- se pongan nerviosos. Pocos quieren poner la firma para avalar medidas que pueden ser desestabilizadoras a nivel cambiario e inflacionario.
Por lo pronto, el Gobierno trabaja hoy en terminar la confección de un decreto de “Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción" con el que buscará ayudar a pagar salarios a través del Repro -que abona parte del sueldo de empleados de empresas en problemas-, la postergación del pago de aportes patronales, un sistema de asistencia al desempleo y otras medidas.
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