El ministro Guzmán empezará a definir hoy en Washington qué tipo de acuerdo podría hacer la Argentina con el FMI

Después de su debut en el G20 -este fin de semana, en la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales-, el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará acelerar entre hoy y mañana, en Washington y en Nueva York, un proceso que hasta ahora tuvo más prolegómenos que avances concretos: la restructuración más profunda y más ordenada posible de la deuda externa.

Alberto Fernández lo eligió como ministro en buena medida por su expertise académico en deuda soberana -cultivado precisamente en Nueva York, en la Universidad de Columbia- porque en su visión arreglar la deuda es la llave de una gestión presidencial exitosa, lección que cree haber aprendido de sus años como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Guzmán llegará este lunes la capital norteamericana. Allí lo espera el embajador argentino, Jorge Argüello, que ayer tomó un vuelo desde Buenos Aires para cumplir su rol de coordinador de las relaciones con los organismos multilaterales y lo acompañará en sus reuniones y actividades, centradas en el FMI, aunque no debe perderse de vista que Washington es también sede del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos importantes prestamistas de la Argentina.

En Arabia, Guzmán ya acordó con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, que el organismo envíe a Buenos Aires una misión de “artículo 4” o de revisión, para hacer un chequeo exhaustivo de las cuentas fiscales, monetarias y del sector externo de la Argentina.

Visitas como la que recientemente hicieron a la Argentina la subdirectora del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el “jefe de misión”, Luis Cubeddu, no llegan, por una simple cuestión de capacidad humana de trabajo, a abarcar lo que una misión de revisión, con sus expertos fiscales, monetarios, de balanza de pagos e incluso de cuestiones regulatorias puede recabar de sus contrapartes locales y luego someter a escrutinio.

Cuestiones de porcentaje

El martes, Guzmán irá a Nueva York, donde tendrá reuniones que Economía, sin precisar la agenda, considera “estratégicas". Allí están los administradores de fondos que concentran la parte más importante de la deuda argentina. Porción que nadie sabe precisar pero que todos descuentan es más que suficiente para trabar cualquier cambio en las condiciones contractuales de los bonos a renegociar.

Las llamadas “Cláusulas de Acción Colectiva” de los bonos exigen porcentajes de adhesión de cuanto menos 75% y, en algunos casos 85% del bono a restructurar. La clave ahí son los grandes fondos, como Fidelity (el mismo que bloqueó el diferimiento de pago del bono BP21 que intentó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof) o Blackrock, el más grande del mundo, que envió analistas a la presentación que a fines de enero hizo en el ministro en esa misma ciudad y que a los asistentes les dejó gusto a poco.

Hay quienes, sin embargo, creen que la movida de Guzmán en Washington más bien aleja el eventual acuerdo con el Fondo. Por caso, Mark Sobel, ex funcionario del Tesoro de EEUU y asesor de OMFIF, un think tank londinense, dijo a la agencia Reuters que la decisión del gobierno de acordar una misión “artículo 4” en vez de negociar directamente un programa refleja la aversión histórica de los gobiernos peronistas a acordar con el FMI.

Héctor Torres, ex representante argentino en el directorio del FMI, cree que el “artículo 4” puede ser una pérdida (deliberada o no) de tiempo. “El Fondo ya tiene toda la información sobre la economía argentina”,señaló a Infobae. El envío de una misión de revisión, aún si se procede rápidamente, llevaría a que el directorio apruebe el informe a fines de marzo y recién ahí empiece a discutirse un programa. Por eso, Torres no excluye la posibilidad de que el gobierno aún no descarte negociar antes con los acreedores privados, pues los vencimientos importantes en ese frente comienzan en abril, y deje para más adelante al Fondo, con el que el primer vencimiento recae recién en septiembre de 2021.

De hecho, el propio embajador argentino, Jorge Argüello, señaló en una nota en Infobae que el acuerdo con el Fondo es “un camino largo y sinuoso”. En cualquier caso, además del contenido del programa estará en discusión el formato de un eventual acuerdo.

El Menú del Fondo

El gobierno pretende una prórroga de capital e intereses de tres o cuatro años. Lo más cercano a eso en el menú del Fondo es el “Servicio Ampliado del FMI” (EFF, por sus siglas en inglés) de un plazo máximo de 4 años o su variante, el “Servicio de Crédito Ampliado” (en inglés, ECF), de un plazo máximo de 5 años, pero limitado a países de bajos ingresos, categoría en la que no entra la Argentina y cuyo uso sería muy resistido por el directorio.

Así las cosas, la oferta más generosa que podría hacer el organismo es un nuevo Stand-By, de hasta 3 años de plazo (calzando desembolsos con los vencimientos de 2021 a 2023 y estableciendo repagos de 2024 a 2026) o un EFF que aparee desembolsos con vencimientos y estipule un calendario de repago de 2024 a 2027. En ambos casos, se estaría “pagando a sí mismo” para estirar los plazos del país.

La posibilidad de reprogramación probablemente ya estaba en los cálculos del acuerdo original. Según la última proyección del FMI, las amortizaciones que debe realizar la Argentina son de USD 3.035 millones en 2021, 18.854 millones en 2022 y 22.096 millones en 2023. Esas cifras asumían desembolsos por unos 13.000 millones que el FMI al fin no hizo, porque rehusó la última cuota al gobierno de Macri y luego Alberto Fernández decidió prescindir del resto. Pero aun restando esos 13.000 millones, es un calendario insoportable.

La Argentina es por buen margen el principal deudor del Fondo, seguido por Egipto, Ucrania, Pakistán y Grecia. Entre los cinco explican más del 77% de la cartera de deudores del organismo, pero esa cartera equivale a 15% del capital del Fondo y 10% de su “capacidad prestable total”.

La deuda argentina con el Fondo equivale al 43% de la actual cartera crediticia del organismo, al 6,5% de su capital y al 4,3% de su “capacidad prestable” total, de un billón (esto es, un millón de millones) de dólares, que surge de sumar a su capital líneas bilaterales de países como EEUU, Japón, China y Alemania. Estos son los principales accionistas, como refleja en su poder de voto en el directorio de 24 “sillas” del Fondo, donde tallan fuerte EEUU y algunos países de Europa y Asia.

Argentina tiene el 0,66% de cuota del Fondo, aunque el director argentino, Sergio Chodos, detenta el 1,59% del poder de voto en el directorio, porque al peso propio suma los de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Ventana a la historia y la política internacionales

De igual modo, los directores italiano, holandés, español y brasileño tienen un poder de voto superior al peso específico de sus países de origen. Representan, igual que la Argentina, a grupos de países, que son una ventana a la política internacional: el director ruso representa también a Siria; el brasileño, a la africana Cabo Verde y a la índica Timor Oriental, además de una miríada de naciones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe; el italiano, y no el español, suma a Portugal. Herencias y recelos históricos.

Según James Boughton, ex funcionario e historiador oficial del FMI, la idea de que la Argentina puede imponer condiciones por ser el principal deudor es errónea.

“Ser un gran deudor no da a ningún país mucha palanca con el Fondo”, dijo Boughton a Infobae, en una nota publicada en enero. “Lo más importante es la fortaleza de las relaciones con los grandes acreedores del FMI. Si los EEUU o la Unión Europea fueran indiferentes a los pedidos de ayuda de un país, éste tendría muy pocos elementos con que negociar, no importa cuál fuera su posición financiera ante el Fondo, simplemente porque estar al día con el FMI es esencial para cualquier país endeudado que quiera acceder a los mercados internacionales”.

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