
Tras finalizar su última visita técnica al país, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado sobre la situación argentina. El documento cristaliza dos novedades fundamentales para la política exterior de nuestro país que merecen ser destacadas: 1) el apoyo político del organismo respecto del diagnóstico y el camino elegido por el nuevo gobierno argentino; 2) la declaración de insostenibilidad sobre la deuda externa argentina.
Tal como se desprende del comunicado, el FMI señaló que comparte el diagnóstico realizado por las nuevas autoridades argentinas respecto de la crítica situación que enfrenta el país. Además, coincide con los objetivos y prioridades de política trazados por el nuevo gobierno, esto es: atender la dramática situación social producida por la crisis económica, al tiempo que se realizan importantes esfuerzos en pos de estabilizar la economía y se busca una solución sustentable al problema de la deuda.
El apoyo político del organismo es el resultado de una estrategia explícita del nuevo gobierno argentino, que buscó acercar posiciones con los principales países miembros del directorio del Fondo Monetario. Como si la dramática situación económica no fuera un desafío suficiente, los esfuerzos debieron además desarticular una serie de prejuicios desatados por el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral.
Lejos de los fantasmas de aislación que se buscó imponer, las visitas y encuentros con los principales líderes mundiales permitieron no sólo trasmitir la crítica situación que enfrenta nuestro país, sino también la vocación y responsabilidad con la que el nuevo gobierno planea enfrentar estos desafíos. Los resultados de estas conversaciones se plasmaron en el documento: “Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país”, asegura el comunicado.
El segundo aspecto de relevancia refiere a la declaración respecto de que la deuda argentina no es sostenible. En este caso, la manifestación del FMI no aporta una novedad significativa sobre la situación de la deuda en sí misma. Las cotizaciones de los títulos argentinos expresan desde hace tiempo el estado en que se encuentra la deuda argentina. De igual forma, lo reflejaban los principales indicadores de sostenibilidad a los que recurren los economistas en sus análisis. Así lo expresó también hace tiempo el Presidente de la Nación, nuestro país está en una cesación de pagos virtual.
En este punto cabe resaltar un aspecto por momentos olvidado en el fragor de los análisis e interpretaciones de la coyuntura. El involucramiento del FMI en la negociación es -bajo cualquier punto de vista- una condición impuesta por el abrumador proceso de endeudamiento de la Argentina. En los pasados cuatro años, nuestro país no sólo encabezó los principales rankings de colocación de deuda en mercados privados, sino que a su vez recibió el mayor crédito de la historia del Fondo Monetario Internacional.
En este sentido, y tal como lo demuestran las experiencias históricas de las reestructuraciones de deuda reciente, el aval del FMI es un requisito indispensable en los procesos de reestructuración de países que se encuentran a su vez endeudados con el organismo. Dada la condición de acreedor privilegiado que se le suele otorgar al Fondo, aquellas propuestas de reestructuración que no cuenten con su aval serán percibidas como de difícil cumplimiento.
La manifestación respecto de la insustentabilidad de la deuda implica para el organismo un cambio en su mirada. En la última revisión realizada en julio de 2019 al acuerdo firmado con la Argentina, el staff técnico del FMI catalogó a la deuda argentina como “sustentable pero no con alta probabilidad”.
La declaración de insustentabilidad constituye un paso indispensable para iniciar las conversaciones preliminares con el FMI respecto de la propuesta que el gobierno argentino se propone presentar a los acreedores privados en el mes de marzo. Aunque los cronogramas de vencimientos de la deuda ubican como protagonista al FMI recién hacia el año 2021, su rol como acreedor privilegiado implica que su participación en las negociaciones con acreedores privados sea un requisito ineludible.
El apoyo político y la apertura de una instancia de diálogo respecto de la propuesta que el gobierno argentino se propone elevar a los acreedores privados expresan que Argentina ha dado un paso hacia adelante en vistas de comenzar a resolver la dramática situación en la que se encuentra envuelto el país.
Sin embargo, las circunstancias de la negociación seguirán siendo difíciles. La irresponsable política de endeudamiento de los pasados años redujeron los márgenes de autonomía de nuestro país e imponen hoy la secuencia y los actores con quien deben llevarse adelante las negociaciones. Los errores de años no se resolverán en semanas, pero nuestro país ha dado un paso más en el camino hacia solución que resulte a la vez sostenible y compatible con las necesidades del pueblo argentino.
El autor es embajador de la Argentina en los Estados Unidos
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