Nada más valioso que la experiencia. Propia, ajena o cercana. La del ex ministro de Economía y hoy gobernador bonaerense, Axel Kicilof, con su intento de postergación del pago del vencimiento del BP21 por USD 250 millones podría ser, para su sucesor en la cartera económica, Martín Guzmán, un alerta de los riesgos que lo acechan en la negociación por la deuda soberana con los acreedores extranjeros.
El primer riesgo, que muchos acreedores empiezan a intuir que el Gobierno está dispuesto a correr, es el de una oferta unilateral. Es decir, una propuesta no consensuada ni discutida previamente con los bonistas o comités de acreedores. Una oferta “tómalo o déjalo”, como la que ensayó sin éxito Kicillof. Sólo una propuesta claramente atractiva para los inversores -por ejemplo, una extensión de plazos sin quitas- podría minimizar el peligro de no alcanzar las mayorías necesarias para modificar las condiciones de pago de los bonos. Sin embargo, una oferta de esas características estaría descartada por no asegurar “la sostenibilidad” de la deuda. Así es que un nivel de adhesión insuficiente, igual que en el caso de la provincia, sería un escenario de relativamente altas probabilidades.
Claro que la posición de fuerza de Guzmán es, eventualmente, mucho mayor. En principio, el ministro plantea una reestructuración integral de toda (o casi toda) la deuda, para cuyos próximos vencimientos no existe en realidad disponibilidad de recursos para pagar. Es una gran diferencia respecto del planteo de Kicillof, que hacía foco en un monto relativamente menor, el cual evidentemente es pagable. Aún así, el caso expuso las complejidades para alcanzar las mayorías necesarias para avanzar en el proceso de reestructuración.
Al respecto, Pablo Quirno, ex jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas que tuvo al frente a Luis Caputo -quien ayer celebró la decisión final del gobernador- advierte desde hace semanas esta dificultad. “Encarar estas negociaciones de reestructuración sin entender la capacidad de bloqueo que tiene una porción minoritaria de inversores es un error que espero no se cometa en el futuro. Lo es también creer que existe una correlación entre los precios actuales de los bonos y la quita implícita a aceptar por el mercado, dada esta capacidad de bloqueo. Hoy se comprobó”, insistió ayer en diálogo con Infobae.
El bloqueo es, sin duda, el mayor riesgo que afronta el Gobierno en este proceso, aun cuando gran parte de los títulos que se renegociarán contienen las cláusulas de acción colectiva según la cuales cada serie debe reunir un mínimo de 66% del capital a reestructurar para avanzar sin riesgos de litigios. Otros bonos, los emitidos antes de la gestión de Macri, tienen claúsulas más restrictivas, del orden de 75%, pero no está claro todavía si ingresarán o no en el proceso. “Lo que queda demostrado es que las cláusulas de acción colectiva no tienen ningún sentido si no hubo un trabajo serio ex ante con los inversores”, sostuvo Roberto Dayer, de Balanz.
Un anticipo de tal complejidad se observó ayer con el resultado del canje voluntario propuesto por Finanzas del AF20, que logró un bajo nivel de adhesión, de apenas 10% del total del vencimiento agendado para el 13 de febrero y que, pese a regirse por la ley argentina, está mayormente en manos de acreedores extranjeros. La propuesta implicaba un nivel de quita que, a juzgar por la participación, estuvo lejos de ser asimilable por los grandes fondos que también tienen en sus carteras los bonos bajo jurisdicción internacional.
De telón de fondo, el mayor riesgo que evidenció el episodio del BP21 es avanzar ante los acreedores sin una propuesta con un plan que la respalde y que los inversores consideren, además, viable. No todos los acreedores tienen los mismos incentivos u objetivos de cara a la próxima renegociación, pero lo más probable es que al menos una cantidad no menor esté interesada en saber cómo va a hacer la Argentina para crecer y pagar la deuda renegociada en el futuro.
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