Los jubilados y beneficiarios de asignaciones dejaron de recibir la devolución del 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus compras realizadas con tarjetas de débito. Se trata de un beneficio que estaba vigente desde julio de 2016, a través de la Ley 27.253 que había sido sancionada por el Congreso.
Esa ley establecía un régimen de reintegro de una proporción del IVA mediante el uso de tarjetas de débito para jubilados que cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y beneficiarios de planes sociales desde mediados de 2016 y hasta diciembre de 2017. El Poder Ejecutivo está habilitado para prorrogar ese plazo. Así lo hizo el año pasado, cuando decidió extender el beneficio un año más, hasta diciembre de 2018. Pero no volvió a hacerlo este año.
El beneficio no fue renovado a pesar de que en la Ley de Presupuesto para este año, que fue aprobada por el Congreso, se había dispuesto de una partida de $3.141 millones en los gastos tributarios de 2019 para cumplir con las devoluciones de este beneficio.
"El programa era transitorio y tenía el doble objetivo de fomentar la formalidad mediante el uso de la tarjeta de débito, que implica que el gasto entra en un circuito formal, y aumentar el monto efectivo de los beneficios provistos por el gobierno nacional. El programa funcionó correctamente durante los años 2016, 2017 y 2018, pero fue utilizado por solo una fracción de los beneficiarios potenciales, a pesar de campañas de difusión", explicaron desde el Ministerio de Hacienda.
Según los datos del Gobierno, el promedio de beneficiarios de los reintegros fue de alrededor 1,2 millones, lo que representa alrededor de un 16% del total de aproximadamente 7,5 millones de beneficiarios elegibles, con reintegros promedio sustancialmente menores a los permitidos en el marco de la ley.
"El gobierno nacional ha decidido no renovar este beneficio y concentrar sus esfuerzos en otras iniciativas de inclusión financiera", agregaron desde el ministerio que dirige Nicolás Dujovne.
El monto del reintegro del beneficio tenía un tope de $300 por mes y por beneficiario, que se mantenía igual desde 2016 y nunca había sido actualizado por la inflación. Ese monto se acreditaba mensualmente en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta utilizada, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a la realización de las compras.
Recibían este beneficio jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y pensiones no contributivas. También abarcaba a las personas que perciben remuneraciones del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los beneficiarios de la prestación económica del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).
Esta es la segunda mala noticia para el bolsillo que reciben los jubilados en 2019. La Anses impulsó un cambio que provocará que más abuelos queden afectados por el Impuesto a las Ganancias. Los especialistas creen que la medida podría ser inconstitucional y se terminará definiendo en los tribunales.
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