
Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Corte Suprema de Justicia resolvió el 1 de febrero de 2002 empezar a resolver uno de los problemas más graves que le costaron a la Argentina hasta muertes por infarto. Pero a partir de ahí muchos depositantes comenzaron a presentar amparos en la justicia para poder sacar sus ahorros e los bancos.
Las reuniones del entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con los seis miembros de los nueve ministros de la Corte Suprema no había sido en vano. Entre ellos estaba Carlos Fayt, uno de los miembros que votó a favor.
En ese entonces había unos USD 15.000 millones de argentinos depositados en los bancos que los ahorristas no podían sacar porque los bancos no se lo devolvían y se habían pesificado a poco más de $55.000 millones, sólo se podían sacar $300 por día y luego nada.
Ese 1 de febrero de 2002 la Corte Suprema de Justicia declaró que "las restricciones bancarias importaban una violación a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional porque desconocían el derecho de las personas a disponer libremente de su patrimonio". El entonces presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, entraban en pánico porque tenían que empezar a idear un sistema para que la gente pudiera sacar los depósitos atrapados en el banco por el corralito.
Ese día fue histórico porque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional del corralito financiero y muchos depositantes pudieron comenzaron a presentar amparos en la justicia para sacar sus ahorros de los bancos en la moneda que los habían constituido.
"La decisión confirmó la sentencia que había ordenado la devolución de un depósito a plazo fijo y declaró que las restricciones importaban una violación a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional porque desconocían el derecho de las personas a disponer libremente de su patrimonio", decía el comunicado oficial.
El máximo Tribunal con ese fallo invalidó en su totalidad las sucesivas disposiciones dictadas a partir del decreto 1570/01. Dicha reglamentación, que impedía disponer íntegramente de los ahorros e inversiones, fue calificada de irrazonable ya que, según se consideró no importaba una simple limitación a la propiedad sino su aniquilamiento".
La historia repetida merece ser contada de nuevo para no olvidarla
El viernes 30 de noviembre de 2001 el presidente Fernando De la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, hablaron en el despacho presidencial y repasaron las medidas principales para restringir el uso del dinero que los argentinos tenían en sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes y en sus depósitos bancarios, luego vino la triste historia del corralito bancario y después del corralón. También la devaluación de peso más grande de la historia. El dolar pasó de 1 a 3,40 pesos en sólo unos días, mientras los depósitos en pesos y dólares de los ahorristas estaban atrapados en los bancos.
La sentencia se basó en una demanda presentada por el ahorrista Carlos Antonio Smith, quien había exigido al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en la provincia de Corrientes la restitución de sus depósitos mediante un recurso de per saltum. A pesar de que el fallo decidió sobre un caso en particular, se hizo extensivo a todos los ahorristas porque se trataba de cuestiones de fondo sobre el derecho de propiedad privada y la inviolabilidad de los bienes.
El tribunal tomó esta resolución con los votos de su presidente Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Carlos Fayt. Este último fue quien mas defendio los intereses de los ahorristas de acuerdo a su presentación. Los jueces restantes, Enrique Petracchi, Eduardo Belluscio y Gustavo Bossert se abstuvieron de votar.
El Gobierno consideró que "había un serio conflicto de poderes", tras lo cual sostuvo que el fallo de la Corte es "una resolución infantil que le hace mucho daño a la República". Pero a partir de abril de ese año con la llegada de Roberto Lavagna al Ministerio de Economía, se empezaría a abrir el corralito financiero que le hizo perder mucho dinero a los ahorristas. Ese fallo de la Corte Suprema fue histórico y Carlos Fayt fue quizás, su más férreo impulsor.
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