
Quienes alguna vez hemos tenido la suerte de ser sus contertulios ocasionales en temas sobre la institucionalidad futbolística sabemos cómo piensa quien es hoy el presidente de la República. Sin ninguna duda, Alberto Fernández está persuadido de que el fútbol ameritaría ser tratado como una cuestión de Estado pues su configuración social alcanza al deporte, a la contención infanto juvenil, a la educación, a la salud, a la identidad, a la sociedad, a la cultura y también a la representatividad diplomática.
No figura en su agenda inicial el fútbol pues el país reclama el tratamiento urgente de otras prioridades claramente enfatizadas en su emotivo discurso inaugural. No obstante, el Presidente sabe todo cuanto le ha ocurrido al fútbol argentino en estos últimos cuatro años. Y en tal sentido, su posición es diametralmente opuesta a lo actuado.
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En el plazo que el fútbol pueda ser tratado por su gobierno y en el área a quien le fuera encomendado, difícilmente volverán a vivirse los momentos de temor, extorsión y sometimiento que debieron soportar los dirigentes de casi todos los clubes cuando se intervino la AFA en Julio del 2016.
La FIFA accedió rápidamente a un deseo del ex presidente Macri verbalizado personalmente a Gianni Infantino. El Estatuto de la FIFA prohíbe y sanciona toda injerencia gubernamental en los asuntos de las federaciones miembros; en este caso ocurrió todo lo contrario. Y además la Conmebol – confederación regional- presidida por Alejandro Domínguez recibió instrucciones desde Suiza para convalidar y operar en la intervención de la AFA.
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No era éste el único objetivo de Macri pues de manera simultánea desde la Secretaría de la Presidencia a cargo de Fernando De Andreis se instrumentó la rescisión unilateral del contrato del programa “Fútbol para Todos”, a cambio de un resarcimiento de 1.800 millones de pesos que los clubes jamás cobraron a pesar de haber consentido la disolución falsamente “voluntaria” del vínculo. La promesa realizada “in voce” en el 3° piso de la sede de Viamonte por el entonces presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici –articulador del gobierno en la AFA- resultó un engaño.
Es seguro que el presidente Fernández sabe que todo cuanto continuó fue una insoportable ofensa a la institucionalidad y al honor de las personas. Y tal aseveración incluye a ex jefes de Gabinete, funcionarios públicos y dirigentes de la AFA procesados, coaccionados o perseguidos judicialmente para lograr apoderarse del manejo del fútbol. La persecución a las víctimas, todos dirigentes de clubes chicos elegidos democráticamente, significó el principio de la discriminación en el fútbol.
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Sabe o sabrá también Alberto Fernández que la licitación para obtener el nuevo contrato de televisación de los partidos de Primera División fue también direccionado desde el gobierno nacional en concordancia con la creación de una innecesaria Superliga tomada del modelo español sin puntos en común con los orígenes emergentes de aquella.
La creación de la Liga Española resolvió un problema político y social con sus 17 comunidades – especialmente con las separatistas o independentistas- que no querían competir para una Real Federación pues ésta impone como doctrina propia de toda monarquía “por la gracia de Su Majestad”. Ni los vascos, ni los catalanes, ni los gallegos, entre otras regiones, querían jugar “por la gracia de Su Majestad”. Fue de tal manera que surgió la Liga en España. Ahora bien, ¿dónde está en la Argentina Su Majestad? o ¿cuál provincia ha declarado su vocación independentista?. Antes bien, lo que hubo aquí fue una clara intención del Estado por “privatizar” el negocio del fútbol. Para ello contó con todas las herramientas del Estado, especialmente de la IGJ y su amenaza de intervención a las instituciones deudoras especialmente de la AFIP. ¿Cuál de ellas no debe?. Más aún, ya desde la Superliga hubo atisbos de descuento de seis puntos a San Lorenzo y Huracán -desde un tribunal ilegítimo- que quedaron en un desdoroso suspenso; la mejor manera de sostener tan despreciable coacción.
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También hubo impericia y temor de los dirigentes que firmaron la creación de esa Superliga sin haber leído o haber hecho leer por sus letrados lo que se conoce como “letra chica” pues sometieron a sus clubes a sanciones ilegales. El “fair play” invocado por la Superliga para quitar puntos por deudas no es el “Fair Play” contemplado por la FIFA. Deberá entenderse que el “Fair Play Financiero” refiere a Lavado de Activos , Evasión Impositiva o Adulteración de Balances. Si un club debe dinero su situación no es fácticamente punible; si utiliza sus balances para financiar el tráfico de drogas o de armas o para triangular dolosamente a través de empresarios asociados la transferencia de un jugador, sí. Los clubes de fútbol que dan servicios a la comunidad, que compiten profesionalmente, que han debido pagar las brutales tarifas de los servicios, más los sueldos, más las obligaciones tributarias, más a sus planteles profesionales, ¿por qué no habrían de deber?. ¿Dónde dice que deban ganar o transferir dinero de utilidades en moneda constante a bancos del exterior? Tal concepto fue impuesto como dogma y la mayoría de los dirigentes se sometieron al empoderamiento del Gobierno cual víctimas del “Síndrome de Estocolmo”. Todos le tuvieron miedo a un poder omnímodo y extorsivo con el cual muchos para quedar bien terminaron congraciándose a través de la delación o la pusilanimidad.
No existe ninguna razón objetiva para que la AFA haya perdido la potestad de organizar los torneos de la Primera División. Y afortunadamente el Presidente de la Nación lo sabe. Ni tampoco desconoce –como simpatizante de Argentinos Juniors- que la Superliga tiene un Tribunal de Disciplina paralelo al de la AFA que sólo generará conflictos para la industria del “lobby” y de unos pocos estudios de abogados especializados. Más aún, su club fue injustamente sancionado por ese ilegítimo tribunal mientras que el verdadero, el de la AFA, archivaba esa misma causa bajo el imperio de la lógica. Este hecho sucedió cuando Argentinos Juniors no pudo presentarse a jugar contra San Lorenzo con su indumentaria oficial toda vez que debió viajar en dos oportunidades a Venezuela en solo una semana pues en aquel país se hallaba en estado de conmoción interna el día originariamente fijado: 30 de Abril de 2019 contra Estudiantes de Mérida por la Copa Sudamericana. Fue por tal razón que los baúles con la ropa quedaron en Ezeiza, una atípica contingencia.
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Para Alberto Fernández los clubes cumplen una función social imprescindible. Es por ello que se podría anticipar la anulación del Decreto 231/19 con el cual el gobierno anterior previó aumentar los gravámenes de la Seguridad Social del 6.5 al 7.25% a partir del 1° de Enero del 2020. Esta disposición que figura en el Boletín Oficial en reemplazo del Decreto 1212 (Año 2003, presidencia de Duhalde) tornaría asfixiante la economía de los clubes pues a tal porcentaje se le agregaron ingresos por esponsorización y derechos de televisación entre otros. Y lo sería más acentuadamente en aquellos con mayor cantidad de empleados pues son los que dan más servicios a sus barrios o comunidades sean éstos docentes, médicos, profesores deportivos, instructores, seguridad, etc. No sería extraño que el actual gobierno derogue ese decreto de inminente aplicación en virtud de la importante función social que los clubes llevan a cabo cada día.
He aquí la asimetría entre aquella concepción de Macri sobre los clubes de fútbol y este concepto que atesora Alberto Fernández, un hincha de tribuna. Aquel aspiraba a que los clubes fueran sociedades anónimas con inversores de capital, representantes internacionales, abogados especializados en conflictos deportivos y éste, en cambio, apoyará para que continúen siendo instituciones civiles sin fines de lucro, conducidos por dirigentes deportivos y con fuerte prestación de servicios a las comunidades de pertenencia.
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No es ésta la única diferencia entre ambos; Alberto Fernández jamás haría alguna de estas cosas que hizo Mauricio Macri:
- No le pediría al presidente de la FIFA que intervenga a la AFA,
- No participaría de ninguna cuestión institucional donde hubiere autoridades democráticamente elegidas,
- No permitiría que los funcionarios de su gobierno utilizaran a la Justicia para perseguir, coaccionar o amenazar con fines políticos,
- No le daría entidad al presidente de la Conmebol para consensuar acciones estratégicas conjuntas, y,
- No permitiría que River y Boca definan la Copa Libertadores fuera del país.
Puesto que el fútbol no tiene hambre, goza de una saludable ocupación plena, sus actores viven bajo techo, todos están sanos y ninguno depende de la jubilación, los problemas del fútbol –que los hay – pueden esperar un poco más… Alguien se ocupará de resolverlos.
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