Ciberdelito, un crimen que aún no tiene condena

Si bien engloba un amplio abanico de hechos, los ciberdelitos pueden definirse como aquellas acciones dañinas que se realizan por medio de una computadora o en la que un sistema informático es el objeto del delito. Según las estadísticas del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA), existe una "cifra negra" en torno a la cantidad de estos crímenes, que realmente ocurren pero que no son tratados ni conocidos y, en consecuencia, a los cuales los estados no dan ninguna respuesta.

Según una investigación de ODILA, en 17 países de la región, el 83,6 % de los encuestados declararon no haber realizado nunca la denuncia tras ser víctimas de este tipo de delitos, pero, quizás más grave aún, es el hecho de que entre los que sí realizaron la denuncia, solo un 1 % declaró haber logrado una condena efectiva para los delincuentes.

Los principales motivos para no realizar la denuncia incluyen la desconfianza en las capacidades del sistema penal para combatir el cibercrimen y la intención de evitar difundir públicamente el incidente por temor a la pérdida de confidencialidad.

El incidente más reportado son las amenazas efectuadas a través de medios electrónicos. "En América Latina, el phishing ('fraude mediante el cual los delincuentes se hacen de información confidencial de la víctima') y la infección con malware son las modalidades de ciberdelitos más comunes", explicó a DEF Cristian Borghello, director de Segu-Info y Segu-Kids, portales especializados en seguridad informática, y miembro del equipo de ODILA. "En ambos casos, se busca engañar a la víctima para obtener información personal, financiera o económica a fin de poder utilizarla para cometer robos, fraudes y estafas", añadió.

El especialista subrayó que la suplantación de identidad, en la que el delincuente sustrae información personal del usuario (DNI, nombre, apellido, fotos) para realizar compras en su nombre y afectar su patrimonio y reputación, también se ha vuelto una acción común en este tipo de delitos, aunque no está tipificada como tal.

En 2008, la Ley 26.388 modificó el Código Penal Argentino para agregar la tipificación de algunos delitos informáticos. En tal sentido, Borghello señaló que se está estudiando actualizarlo e incorporar otros tipos de delitos que no fueron considerados inicialmente, como suplantación de identidad, pornovenganza, extorsión. En general, los ciberdelitos son excarcelables: se castigan con 15 días y hasta seis meses de prisión o, en algunos casos, hasta 3 años si el autor es un funcionario público. También, a finales de 2013, se sancionó la Ley de Grooming, que castiga el contacto con menores de edad a través de comunicaciones electrónicas y evita cometer cualquier acción contra su integridad sexual.

EL PERFIL

Las víctimas predilectas de los ciberdelitos son las personas físicas, representan casi el 90 % del total de reportes registrados por ODILA, y los adultos entre 22 y 35 años con estudios universitarios son los más vulnerables. "En general se deben tomar mínimas precauciones que ayudan a evitar la mayoría de estas acciones", señaló Borghello. "El usuario debe modificar su comportamiento frente a la tecnología sin agregar un costo económico".

En caso de sufrir alguna modalidad de ciberdelito, la víctima debe comunicarse de inmediato con la empresa donde trabaja, el banco o lo que corresponda, informar los hechos y exigir que se resguarden sus cuentas a fin de no ser afectado personal o económicamente. Además, en las redes sociales hay páginas para denunciar posibles acciones contra el usuario, como pueden ser amenazas, pornografía, fotos robadas, pornovenganza, entre otros.

"En Argentina existen algunas fiscalías de delitos informáticos que se ocupan de recibir las denuncias. Cuentan con unidades de investigación que son las responsables de hacer el seguimiento de los casos y de recolectar la evidencia necesaria. Pero lamentablemente, no todas las provincias o ciudades del país tienen lugares específicos para realizar este tipo de denuncias y, debido al aumento de la cantidad de delitos y casos, en general, son insuficientes", detalló Borghello, quien además abogó por un mayor compromiso estatal para la creación de nuevas fiscalías especializadas.

Cuando las afectadas son personas físicas, se generan otras situaciones específicas. "Se deben actualizar las leyes para obligar a las empresas afectadas a denunciar los casos porque, en general, se ocultan por cuestiones de imagen. Esto impide que se sepa la cantidad de casos reales que existen", señaló el especialista.

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*La versión original de esta nota fue publicada en la revista DEF N. 120