Venció el plazo para que el Estado entregue actas del caso “Nos Faltan 3”: familiares denuncian incumplimiento

A ocho años del secuestro y asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio, el Estado ecuatoriano volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos por el manejo del caso. El plazo para cumplir con la entrega íntegra de las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), ordenada por la Corte Constitucional, venció sin que, según los familiares, se haya acatado la disposición judicial en su totalidad.

El caso, conocido como “Nos Faltan 3”, se refiere al asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, ocurrido en abril de 2018 en la frontera norte de Ecuador, en medio de la violencia de grupos armados vinculados al narcotráfico. Desde entonces, la búsqueda de verdad y justicia ha estado marcada por la falta de resultados concretos en el ámbito judicial ecuatoriano y por reiterados reclamos de opacidad estatal.

En abril de 2024, la Corte Constitucional dispuso que el Ejecutivo desclasifique y entregue las actas 18, 19 y 20 del COSEPE, correspondientes a las reuniones en las que se abordó el manejo del secuestro. Estas actas son consideradas piezas clave para esclarecer qué decisiones tomó el Estado durante los días críticos en los que el equipo permaneció cautivo y posteriormente fue asesinado.

Sin embargo, cuando el Gobierno remitió la documentación en mayo de ese año, los familiares denunciaron que los archivos estaban incompletos. Según su versión, los documentos presentaban páginas faltantes, fragmentos tachados, ausencia de firmas y omisión de nombres de los participantes en las reuniones. En algunos casos, señalaron que la numeración de las páginas no era consecutiva, lo que reforzó las dudas sobre la integridad de la información entregada.

A mayo de 2026, la situación no ha cambiado sustancialmente. Con el vencimiento del plazo para cumplir la sentencia constitucional, los familiares insistieron en que el Estado no ha entregado los documentos en condiciones que permitan reconstruir los hechos ni determinar posibles responsabilidades. Para ellos, la entrega parcial equivale a un incumplimiento de la orden judicial.

“El Estado sigue sin decirnos qué pasó realmente”, han reiterado en distintos pronunciamientos públicos, en los que también advierten que la falta de transparencia impide avanzar en la investigación y prolonga la impunidad. La crítica se dirige no solo al actual gobierno, sino a una cadena de decisiones tomadas por distintas administraciones desde 2018.

La relevancia de las actas del COSEPE radica en que contienen el registro de las deliberaciones del más alto nivel de seguridad del Estado durante la crisis. En teoría, deberían permitir identificar qué información manejaban las autoridades, qué estrategias se discutieron y qué decisiones se adoptaron frente al secuestro. Sin esos elementos, sostienen expertos y organizaciones de derechos humanos, es imposible establecer una línea de tiempo oficial ni evaluar la actuación estatal.

El caso tampoco ha mostrado avances significativos en la justicia ecuatoriana. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación se mantiene en etapas preliminares y no hay personas procesadas en el país por el asesinato del equipo periodístico. Esto contrasta con el proceso llevado en Colombia, donde algunos responsables del grupo armado han sido identificados y condenados.

Organizaciones como Fundamedios y colectivos de periodistas han advertido que la falta de esclarecimiento del caso “Nos Faltan 3” tiene implicaciones más amplias para la libertad de prensa en la región. Consideran que la ausencia de verdad y justicia envía un mensaje de vulnerabilidad para quienes ejercen el periodismo en contextos de violencia y crimen organizado.

El incumplimiento de la sentencia constitucional también plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones ecuatorianas para hacer efectivas sus propias decisiones. Aunque la Corte Constitucional ordenó la entrega de las actas, los mecanismos para garantizar el cumplimiento de ese fallo han resultado insuficientes hasta ahora.

Mientras tanto, los familiares mantienen su exigencia de acceso completo a la información y de avances reales en la investigación. Para ellos, el vencimiento del plazo no es un trámite administrativo más, sino una nueva evidencia de que el Estado no ha respondido de manera adecuada a uno de los casos más graves de violencia contra la prensa en América Latina en los últimos años.