Los cazatesoros del mar, un problema para el patrimonio arqueológico

El 5 de octubre de 1804, la fragata Nuestra Señora de Las Mercedes encontró el final de su viaje en el fondo del mar cerca del Cabo de Santa María, al sur de Portugal. Un ataque sorpresa perpetrado por los ingleses acabó con la flotilla que estaba a punto de llegar a su destino. Eran tiempos de paz entre las dos naciones. Sin embargo, poco le importó a la Marina Real Británica.

Las mareas y los peces fueron silenciosos guardianes del tesoro que permaneció hundido con la Mercedes durante más de dos siglos. Hasta que en 2007 se anunció a bombo y platillo su hallazgo. Desde 1999, en secreto, luces eléctricas y submarinos robóticos perturbaban periódicamente la paz del lecho marino. La empresa Odyssey barrió el fondo del mar sin importarle el estado del yacimiento. Encontró su objetivo: casi 600.000 monedas de plata y oro acuñadas en Perú en tiempos de Carlos IV.

Las monedas fueron trasladadas desde Gibraltar a Atlanta, ciudad que es sede de Odyssey. Sin embargo, el gobierno español inició un litigio contra la empresa. En 2011, el Undécimo Tribunal de Atlanta ratificó la decisión de un juez de Florida, que falló a favor de España. Las monedas fueron devueltas en 2012 bajo una decisión legal que ya no admitía recursos ni apelaciones. Sin embargo, la codicia y el resentimiento pudieron con los cazatesoros del Odyssey. Los investigadores descubrieron que la empresa había ocultado a mala fe en Gibraltar algunos objetos recuperados del yacimiento. Fueron obligados finalmente a devolver todo y a pagar gran parte de las costas del juicio.

Alejandro Amenábar estrenó su serie La Fortuna. En ella cuenta una historia muy parecida a la de La Mercedes. Los elementos son familiares: una empresa cazatesoros, el botín de un barco hundido, funcionarios, diplomáticos, jueces… Son los mismos sucesos adaptados a la pequeña pantalla. Esa es la historia, pero antes es necesario hablar de arqueología.

La arqueología hace otra cosa

Los piratas arqueológicos suponen un problema no solo para el patrimonio arqueológico submarino, sino también para el situado en tierra firme. No tanto por el valor material de las antigüedades expoliadas, sino porque, al contrario de la creencia popular, al arqueólogo no le interesa el objeto encontrado per se, sino su relación con otros objetos y estructuras.

En un yacimiento arqueológico las estructuras y los objetos se depositan en niveles, en forma de capas, y lo que importa es la relación entre objetos y estructuras en un nivel determinado. Por ejemplo, el hecho de que en un yacimiento del norte de Europa aparezcan monedas romanas nos puede dar a entender que el comercio con el imperio romano quizá hubiera llegado hasta ahí. Otro ejemplo es la existencia de katanas japonesas en el galeón San Diego, hundido en 1600 en la bahía de Manila, algo que confirma la existencia de mercenarios japoneses a bordo como sugería la documentación de la época.

Por todo esto, el contexto en el que aparece un resto arqueológico es absolutamente clave. El arqueólogo necesita saber exactamente dónde se ha encontrado un artefacto, en qué nivel arqueológico y qué artefactos y estructuras hay en el mismo nivel. Entonces es cuando realmente el hallazgo es útil desde el punto de vista científico.

El precio de la conservación acuática

La principal diferencia entre un yacimiento arqueológico terrestre y un pecio, es decir un barco hundido, consiste en que, si bien un yacimiento arqueológico puede contener restos materiales de diversas épocas, un pecio es como una fotografía en un momento en el tiempo. Los materiales que encontramos en el mismo son exclusivamente del momento en el que se hundió el barco indicándonos estilos, modas, tipos de alimentación, armamento, etc.

La otra gran diferencia consiste en que estudiar un yacimiento subacuático es prohibitivamente caro. Para empezar, se necesita mano de obra muy especializada con licencia de buceo, equipos subacuáticos, uno o más barcos y carísimos equipos de excavación mediante aspiración de fango o arena del fondo marino. En la arqueología terrestre son normales las jornadas de 8 horas o más, algo impensable en la arqueología subacuática. Lo peor está en la conservación de los artefactos extraídos del fondo marino. Si no se tiene un restaurador en superficie preparado para intervenir, estos objetos muy fácilmente se pueden degradar en horas. Este tipo de conservación es sumamente cara.

Por poner un ejemplo, uno de los pecios mejor conservados del mundo en un museo en superficie es el del famoso Vasa. Es un navío sueco que escoró y se hundió en 1628 en su viaje inaugural. Este barco es uno de los principales atractivos de la ciudad de Estocolmo hasta el punto de que el museo donde está expuesto lleva su nombre. Sin embargo, a pesar de los cientos de miles de personas que se acercan a ver este navío del siglo XVII en perfectas condiciones, el museo arroja todos los años pérdidas por los gastos de conservación del barco.

La Mercedes contenía aproximadamente casi 600.000 monedas de plata. Si Odissey hubiera realizado un trabajo arqueológico en condiciones, incluso si el estado español hubiera permitido a Odissey vender las monedas, el balance para la empresa hubiera sido negativo.

Por otra parte, muchas de estas empresas a la hora de recabar información sobre barcos españoles hundidos tanto en el Pacifico como en América acuden al Archivo de Indias en Sevilla donde está perfectamente documentada la carga del barco, pasajeros, ruta, etc. Desde el asunto del Odissey, se ha restringido el acceso a estos datos.

Los conflictos por la propiedad

Pero ¿quién es el dueño del patrimonio arqueológico sumergido? Esta es una pregunta difícil de responder, y resumiendo, depende. En principio todo lo que cae en aguas jurisdiccionales de un país o la plataforma continental próxima es de ese país, a no ser que haya un tratado internacional por medio.

Este fue el caso de La Mercedes; pudo ser recuperada por España porque existía un tratado con los Estados Unidos de respeto a las banderas nacionales. Es decir, si un barco estadounidense se hubiera hundido hace más de cien años en aguas territoriales españolas, los restos seguirían perteneciendo a Estados Unidos y viceversa.

Desde el año 2001 contamos con una norma de respeto internacional al patrimonio sumergido que es la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático firmada por 20 países a la que cada vez se van añadiendo más.

Originalmente publicado en The Conversation.

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