
Para convertirse en un ciudadano de Antigua y Barbuda se requiere una inversión de USD $ 100.000, a precios de hoy el equivalente aproximado a 12 bitcoin, que el país acepta recibir en criptomonedas.
La Ley del Programa de Ciudadanía por Inversión de Antigua y Barbuda fue modificada por el parlamento del país permitiendo que los pagos se realicen utilizando bitcoin y otras criptomonedas. La resolución fue anunciada por el Primer Ministro del país y el Ministro de Finanzas y Gobierno Corporativo y Asociaciones Público Privadas Browne, según Antigua News Room.
Según Browne, la decisión se tomó con el objetivo de hacerla más conveniente para los solicitantes de ciudadanía que poseen criptomonedas. Al agregar este método de pago, el programa podrá atraer a más personas de todo el mundo cripto.
Por Browne, los pagos realizados en criptomonedas se convertirán diariamente a dólares estadounidenses para evitar pérdidas que puedan surgir por la volatilidad. Para ser elegibles para la ciudadanía a través de la Ley del Programa de Ciudadanía por Inversión de Antigua y Barbuda, los individuos pueden optar por invertir en el país cantidades que oscilan entre USD $ 400,000 y USD $ 1.5 millones o hacer una contribución de USD $ 100,000 al Fondo Nacional de Desarrollo del país. También se requiere que se paguen montos adicionales en función del número de dependientes que uno tenga.
El país ha iniciado varios esfuerzos para habilitar un entorno amigable con las criptodivisas. El año pasado en abril, por ejemplo, el gabinete instruyó al fiscal general del país para que redactara una ley que permitiera pagar los servicios del gobierno por el uso de bitcoin.
En ese momento, el ministro de Asuntos Exteriores, Comercio e Inmigración del país, Everly Paul Chet Greene, argumentó que la naturaleza inmutable de blockchain permitía rastrear las transacciones y, por lo tanto, serviría para suavizar la reputación del estado como paraíso fiscal.
Debido a su próspero sector financiero, así como a una gran industria de juegos en línea, el país ha sido visto como particularmente susceptible al lavado de dinero y otros delitos financieros. Greene también argumentó que permitir que se paguen los servicios del gobierno por el uso de bitcoin solidificaría la reputación de Antigua y Barbuda como un pionero en la región.
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