
El primer pago del subsidio a combustibles en Guatemala, dirigido a compensar el encarecimiento de los precios internacionales, asciende a Q175.5 millones (23,058,751.95 dólares) y se prevé su desembolso entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, confirmó el viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios al medio Prensa Libre. El programa, vigente desde el 28 de abril, busca amortiguar el impacto del alza global y garantiza un apoyo estatal por un plazo inicial de tres meses.
La iniciativa implica una reducción concreta en el precio por galón: Q8 para diésel y Q5 para gasolinas, conforme detalló Barrios a Prensa Libre. El monto total aprobado para cubrir el subsidio durante el período asciende a Q2 mil millones, acción sustentada por el Decreto 11-2026 del Congreso. El esquema consiste en pagos efectuados directamente a los importadores de combustibles, tras un proceso de validación por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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Para financiar la medida, el Estado disminuyó el presupuesto vigente de varios ministerios clave. Según Prensa Libre, los recortes afectan al Ministerio de Defensa Nacional en Q200 millones, al de Agricultura en Q58 millones y al de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en Q550 millones, el cual incluye una reducción de Q350 millones a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones a la Dirección General de Caminos. La suma total recortada hasta el momento es de Q808 millones, aplicada a proyectos de inversión física.
El viernes 8 de mayo se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 66-2026, emitido por el Ministerio de Finanzas (Minfin), en el que se establece cómo se distribuye analíticamente la disminución presupuestaria. El acuerdo 65-2026, emitido el 30 de abril, había dotado previamente de fondos al MEM para el inicio del programa. El financiamiento restante, Q1 mil 192 millones, está pendiente de reordenamientos que el Minfin debe aplicar, tal como indica la legislación, según reporta Prensa Libre.
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El MEM basa los precios de referencia en una estructura que incluye factores internacionales, costos portuarios e importación, fletes y márgenes comerciales. El segundo pliego de precios, vigente del 5 al 11 de mayo, reflejó aumentos de Q2.60 por galón en gasolinas y Q1.60 en diésel, causados por el repunte internacional, según explicó Barrios a Prensa Libre.
Diputados solicitan controles más estrictos ante dudas sobre el mecanismo
La implementación del subsidio ha suscitado cuestionamientos entre diputados de la bancada Vos, quienes solicitaron explicaciones a funcionarios del MEM, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). Orlando Blanco, diputado de la bancada, remarcó que el cálculo del subsidio utiliza como base el precio internacional del combustible, cuando, a su juicio, debería basarse en la factura de importación.
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Blanco advirtió que la metodología de la SAT sólo considera el impuesto de ingreso sin verificar el consumo efectivo del producto, lo que podría propiciar el pago adelantado a los importadores. Señaló riesgo de tráfico de combustibles de Guatemala hacia Honduras, ya que, en ausencia del cruce con datos de ventas directas al consumidor, podría subsidiarse parte del combustible consumido en el país vecino y falsearse los volúmenes de importación.
Ante esta coyuntura, los diputados exigieron mecanismos de verificación más rigurosos, especialmente porque los precios en departamentos muestran fluctuaciones que, según su análisis, no corresponden al comportamiento anterior a la crisis, lo que podría repercutir en el costo final para los consumidores.
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Supervisión y sanciones a estaciones de servicio incumplidoras

Desde la entrada en vigor del subsidio el 28 de abril, la Diaco lleva a cabo un programa de verificación para asegurar su aplicación. Herbert Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco, informó a Prensa Libre que han realizado 610 verificaciones en estaciones de servicio. Se identificó que cerca de 80 gasolineras no habían implementado el subsidio de inmediato, amparándose en el artículo 8 del reglamento, el cual establece que primero se debe agotar el inventario existente previo a la nueva normativa.
A estas estaciones se les otorgó un plazo de 10 días para responder; aquellas que no lo hagan podrán ser sancionadas con multas de hasta 30 salarios mínimos, conforme lo estipula el Decreto 11-2026.
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Ordóñez agregó al medio Prensa Libre que han recibido alrededor de 300 denuncias ciudadanas a través del botón de alerta en la página web de la Diaco. Desde el 18 de marzo, según los informes presentados ante los diputados, no se han reportado nuevas denuncias al Ministerio Público.
Las medidas implementadas para controlar y financiar el subsidio muestran una respuesta gubernamental ante la volatilidad internacional de los precios de los combustibles, reflejando los retos técnicos y de fiscalización enfrentados por las autoridades guatemaltecas.
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