Claves para entender el motivo por el que Costa Rica rechazó adherirse al Acuerdo Transpacífico

Costa Rica archivó de forma definitiva su adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y con esa decisión destituyó a la funcionaria que llevaba las negociaciones. El golpe llegó justo cuando faltaban semanas para una firma que parecía inevitable.

La presidenta Laura Fernández anunció el retiro del país centroamericano el 28 de octubre, según consignó Agrolatam, portal especializado en agronegocios de la región.

La medida frenó un proceso que había comenzado cuatro años antes, en 2022, y que contemplaba la incorporación a un bloque de 12 países con cerca de 600 millones de consumidores.

Las negociaciones técnicas habían concluido apenas unos meses antes, en mayo, bajo la administración anterior. Fernández asumió la Presidencia pocos días después de ese cierre y heredó un acuerdo prácticamente listo para firmarse.

Ganaderos, lecheros y palmicultores, alertados por la competencia desigual

El rechazo del sector agropecuario se concentró en actividades sensibles frente a potencias exportadoras. Agrolatam detalló que representantes agropecuarios estimaban que la competencia con Australia podía comprometer a unos 7,000 productores de caña y 10,000 establecimientos ganaderos.

La producción de leche, carne y aceite de palma figuraba entre las actividades más expuestas, según las organizaciones consultadas por el medio. Nueva Zelanda, con su capacidad exportadora de lácteos, representaba una amenaza directa para unas 27,000 explotaciones ganaderas del país.

Las familias dedicadas al cultivo de palma aceitera, unas 3,000 según las estimaciones recogidas por Agrolatam, temían el impacto de Malasia, uno de los mayores productores mundiales de ese cultivo. Estas cifras corresponden a proyecciones de los sectores opositores y no a pérdidas ya registradas.

La destitución de la ministra y el trasfondo político de la decisión

El mismo día del anuncio, Fernández destituyó a Indiana Trejos, quien dirigía el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y había conducido las negociaciones del tratado desde su etapa como viceministra. La Nación, diario costarricense, reconstruyó con cuatro fuentes los motivos reales detrás del viraje.

Según esas fuentes, el entonces ministro Rodrigo Chaves respaldó el ingreso al CPTPP hasta pocas semanas antes del anuncio. El cambio se explicó por una razón política: las elecciones municipales de febrero de 2028.

Una veintena de concejos municipales de zonas agrícolas se había pronunciado contra el tratado, lo que ponía en riesgo el vínculo entre esas alcaldías y el partido de gobierno.

“Esto son las elecciones municipales en los principales cantones rurales, que son del agro. Porque si le va bien en las municipales, le va bien en las legislativas”, explicó una de las fuentes a La Nación.

La fecha límite para firmar el protocolo de adhesión estaba fijada para el 23 de noviembre. Entre el 23 y el 27 de ese mes se realizará en Vietnam la XI Reunión Ministerial del CPTPP, cita en la que Costa Rica habría debutado como miembro pleno.

Marchas de agricultores y universitarios en San José

El 3 de noviembre, agricultores y estudiantes universitarios marcharon desde San Pedro hasta la Plaza de la Democracia en San José. La movilización había sido convocada originalmente contra el Transpacífico, pero se mantuvo para exigir mejores condiciones para el sector, según informó Radio Columbia.

Dylana Rodríguez, integrante de la organización Somos Agro CR, celebró el resultado ante Diario Extra: “Si algo bueno sacamos de esto, fue que ya nos dimos cuenta de que podemos alzar la voz y que nos pueden escuchar”. La dirigente aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en sí misma.

“No hay ningún problema con abrir el mercado, con conseguir las competencias, porque nosotros sí podemos. No estamos cerrados ante eso; sí podemos hacerlo, pero no con las condiciones adecuadas”, agregó Rodríguez ante el medio.

Otros productores plantearon reclamos adicionales durante la protesta. Marco Tulio Fallas, productor ganadero de Limón, denunció ante Radio Columbia el sistema de areteo obligatorio del ganado: “Este gobierno nos está estripando, nos quiere desaparecer a los ganaderos, a los productores de este país”.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica también respaldó la decisión gubernamental, de acuerdo con ADN Celam. En un mensaje titulado “Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo”, los obispos sostuvieron que la medida respondía al “clamor de miles de familias productoras” que pidieron ser escuchadas.

La Universidad de Costa Rica y la ausencia de estudios previos

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica respaldó las objeciones de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, según Agrolatam. El cuestionamiento central apuntó a la ausencia de estudios suficientes sobre las consecuencias de la adhesión.

Uno de los argumentos de mayor peso sostenía que Costa Rica ya comercializaba cerca del 95% de su producción bajo tratados vigentes. Esa cifra alimentó la pregunta sobre qué beneficios adicionales aportaría el CPTPP frente a los riesgos señalados.

La Defensoría de los Habitantes también expresó objeciones y reclamó mayor transparencia sobre las obligaciones del tratado. Fernández sostuvo que no podía comprometer el futuro de las familias vinculadas con la agricultura sin reglas suficientemente claras.

Una fuente consultada por La Nación resumió el cálculo final del gobierno: de los 12 países del bloque, Costa Rica ya mantenía acuerdos comerciales con seis de ellos. “Ahí el único adicional que nos aportaba era el acceso al mercado japonés, porque el resto de acceso de mercados son muy distantes”, señaló.

Nicaragua y el resto de Centroamérica ante el mismo dilema

El debate alcanza a otras economías agrícolas de la región. Nicaragua había analizado antes su posible ingreso al acuerdo: en 2014, Daniel Ortega manifestó preocupación por los efectos que el entonces Acuerdo Transpacífico podía generar sobre el empleo y el vínculo comercial con Estados Unidos, de acuerdo con Agrolatam.

Dos años después, el gobierno nicaragüense planteó estudiar los beneficios de una eventual incorporación, pero la iniciativa no prosperó.

Un especialista nicaragüense en comercio exterior consultado por La Prensa planteó, según recogió Agrolatam, la necesidad de establecer períodos graduales de reducción arancelaria para los sectores sensibles.

El tratado también contempla compromisos sobre propiedad intelectual, servicios y economía digital que exceden lo agropecuario. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió en 2015 sobre posibles consecuencias del acuerdo original para el acceso a medicamentos, un antecedente que ilustra la amplitud de los temas en juego.

El archivo de la adhesión costarricense deja además un flanco abierto en la relación comercial con Estados Unidos.

Según informó The Tico Times, diario en inglés de Costa Rica, el arancel estadounidense que pesa sobre el país se mantiene vigente tras la decisión, y cualquier cambio dependerá de cómo evalúe Washington las medidas que construye el nuevo liderazgo del Comex, a cargo de forma interina de Arianna Arce Camacho.