Narcotráfico podría infiltrarse en campañas políticas de Costa Rica y controlar decisiones del Estado, advierte experta

El ingreso de recursos económicos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas a las campañas electorales podría convertirse en una amenaza para la democracia de Costa Rica, al facilitar que organizaciones criminales influyan en decisiones gubernamentales, nombramientos de funcionarios y contrataciones públicas.

Así lo advirtió Ana Rita Argüello Miranda, investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien señaló que uno de los principales riesgos del financiamiento político irregular no se encuentra únicamente en el origen del dinero, sino en los compromisos que podrían establecerse entre quienes aportan los recursos y las personas que posteriormente llegan a ejercer cargos de poder.

La preocupación surge en un contexto marcado por investigaciones judiciales sobre presunta legitimación de capitales, cuestionamientos relacionados con contribuciones a agrupaciones políticas y nuevas discusiones en la Asamblea Legislativa sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y estructuras partidarias.

Según la académica, el financiamiento de campañas constituye uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para los sistemas democráticos, particularmente en países donde las organizaciones criminales cuentan con importantes recursos económicos y buscan mecanismos para ampliar su influencia.

“El principal riesgo no es únicamente que el dinero proceda de fuentes ilícitas e ingrese a las campañas electorales, sino que ese financiamiento se convierta en un mecanismo de captura de las decisiones públicas y que esto termine convirtiéndose en una captura del aparato estatal”, manifestó Argüello Miranda.

La investigadora explicó que estas estructuras podrían intentar obtener beneficios mediante la designación de personas cercanas en puestos estratégicos, el debilitamiento de controles institucionales o incluso la interferencia en investigaciones judiciales.

En ese escenario, el financiamiento electoral dejaría de ser únicamente un asunto administrativo o contable para transformarse en un problema relacionado con la seguridad nacional, la independencia institucional y la estabilidad democrática.

Advertencia surge en medio de investigaciones sobre financiamiento político

El pronunciamiento de la UNED se conoce durante una semana en la que nuevas informaciones han reavivado el debate sobre los vínculos entre empresarios investigados por presuntas actividades ilícitas y el financiamiento de agrupaciones políticas.

El pasado 7 de octubre trascendió que un empresario detenido como sospechoso en una investigación por presunta legitimación de capitales había registrado aportes en especie por aproximadamente ₡14.1 millones (USD 30 mil) a una agrupación política durante el proceso electoral de 2026.

A esta situación se suman investigaciones judiciales relacionadas con presuntas estructuras paralelas de financiamiento de la campaña electoral de 2022 y cuestionamientos sobre el reporte de determinadas contribuciones realizadas mediante plataformas de transferencia electrónica.

Para Argüello, estos acontecimientos evidencian la necesidad de analizar las debilidades del sistema electoral desde una perspectiva preventiva, antes de que eventuales irregularidades puedan comprometer la transparencia de los procesos democráticos.

Donaciones en especie y estructuras paralelas complican la fiscalización

Uno de los principales problemas identificados por la investigadora está relacionado con la dificultad de las autoridades para conocer oportunamente quiénes aportan los recursos utilizados por las agrupaciones políticas.

Según explicó, el financiamiento de una campaña no se limita a depósitos bancarios o transferencias monetarias, sino que también puede desarrollarse mediante contribuciones indirectas.

Entre estas modalidades figuran el préstamo de vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales, publicidad digital y otros bienes necesarios para las actividades electorales.

Aunque estos aportes deben cumplir requisitos de reporte y fiscalización, su naturaleza puede dificultar la identificación de la persona que realmente proporciona los recursos, especialmente cuando intervienen terceros.

“No estamos hablando solamente de donaciones económicas o bancarias, sino también de préstamos de vehículos, combustible, alimentación, servicios digitales y publicidad. Existe una dificultad importante para identificar quién está aportando realmente esos recursos”, explicó la docente.

Otra de las vulnerabilidades señaladas corresponde a las denominadas estructuras paralelas de financiamiento, mediante las cuales determinados gastos de campaña podrían mantenerse fuera de la contabilidad formal de los partidos políticos.

Este tipo de mecanismos puede dificultar la trazabilidad del dinero y reducir la capacidad de las autoridades para detectar posibles aportes irregulares antes de una elección.

Ante ese panorama, Argüello consideró necesario avanzar hacia mecanismos de supervisión que permitan actuar de manera anticipada.

“Es importante fortalecer la prevención y no quedarnos únicamente con la fiscalización posterior. Necesitamos sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar los riesgos antes de que comprometan los procesos electorales”, señaló.

Financiamiento electoral debe analizarse como asunto de seguridad democrática

La investigadora de la UNED insistió en que Costa Rica necesita ampliar la manera en que aborda la fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos electorales.

A su juicio, el debate no debe concentrarse únicamente en los reportes de ingresos y gastos de las agrupaciones, sino también en los posibles riesgos institucionales que genera la presencia de economías ilícitas.

“La discusión debe incorporar una perspectiva de seguridad democrática, prevención del crimen organizado y protección de la independencia”, manifestó.

Para ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos para identificar a los verdaderos contribuyentes, mejorar la trazabilidad de los recursos, detectar oportunamente movimientos irregulares y establecer una mayor coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones responsables de investigar delitos.

La académica advirtió que, ante el crecimiento económico de las organizaciones criminales, los partidos políticos podrían convertirse en espacios atractivos para quienes buscan protección, influencia o legitimidad institucional.

“En un contexto de expansión del narcotráfico y de mayor capacidad económica de las organizaciones criminales, los partidos políticos pueden convertirse en espacios estratégicos para buscar protección e influencia”, sostuvo.