La inauguración en Costa Rica del Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar, impulsado por la ONG nicaragüense en el exilio Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, marca un nuevo referente en la documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018. El espacio identifica públicamente a 126 responsables, situando como principales a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes se atribuye la consolidación de una estructura autoritaria en el país centroamericano.
El propósito declarado es impedir el olvido social y respaldar las demandas de verdad y justicia tras más de ocho años de represión estatal, de acuerdo con información de la agencia de noticias española EFE. El museo, presentado en San José a periodistas, expone que al menos 355 nicaragüenses murieron durante las protestas contra el gobierno iniciadas el 18 de abril de 2018.
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La exposición, según explicó Roberto Stuart, responsable del Programa Educación y Memoria del Colectivo y defensor de derechos humanos, estructura los hechos en cinco etapas comprendidas entre abril de 2018 y diciembre de 2025, clasificadas como fases del devenir autoritario en Nicaragua, lo que permite una visión sistemática del proceso represivo dirigido por Ortega y Murillo.
El museo expone una cronología de la represión y nombra a 126 responsables
La muestra, según detalló la agencia EFE, rinde homenaje a las más de 300 víctimas mortales que dejaron las protestas de 2018. En el listado de responsables aparecen autoridades de alto rango como Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército, y Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, además de Ortega y Murillo, quienes encabezan la nómina por su rol central en la represión.
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Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), mecanismo de la ONU, Ortega y su esposa conforman la cúpula de la estructura represiva estatal. Ambos enfrentan una causa penal abierta ante la justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, precisó la ONG promotora del museo a la agencia EFE. A Murillo, próxima a cumplir 75 años, el Colectivo la identifica como corresponsable de la política represiva desde 2021, lo que derivó en sanciones por parte de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.
Espacio para la memoria, la verdad y la justicia
El recorrido comienza con una línea de tiempo de los hechos que desembocaron en la crisis: el 18 de abril de 2018, miles de opositores nicaragüenses salieron a las calles en rechazo a reformas en la seguridad social. La represión gubernamental convirtió rápidamente las protestas en una exigencia colectiva de renuncia del presidente Ortega, desencadenando un ciclo de violencia y persecución aún en curso.
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Daniel Ortega, actualmente de 80 años, volvió al poder en 2007 tras haber coordinado la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidido Nicaragua de 1985 a 1990. Según señaló el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua en diálogo con la agencia EFE, desde entonces “ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021”, en referencia a informaciones y denuncias presentadas por la propia organización y organismos internacionales.
El museo, en palabras de Wendy Quintero, defensora de derechos humanos, se concibió como un espacio en el que confluyen historias, voces y pruebas: el objetivo es “recordar, honrar y aprender, y que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos”.
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“Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición”, afirmó Roberto Stuart durante la presentación. La defensa de la memoria constituye el fundamento de la exposición, que busca ampliar el acceso público a las pruebas y contribuir a los esfuerzos internacionales para alcanzar justicia penal. El Museo de la Memoria surge en un contexto donde las instancias locales enfrentan censura y control estatal, por lo que la documentación y la denuncia han tenido que encontrar refugio y voz fuera de Nicaragua.
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