
El Salvador avanza en su transformación digital y fortalece su infraestructura educativa y sanitaria mediante la aprobación de nuevos préstamos internacionales que movilizarán cientos de millones de dólares hacia programas estratégicos en salud, educación y conectividad.
Las iniciativas, dictaminadas favorablemente este lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador, priorizan la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y la ampliación de infraestructura tecnológica en beneficio de la población.
Uno de los proyectos de mayor envergadura es la aprobación del contrato de préstamo por USD 501.253.133 suscrito por el Ministerio de Hacienda con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
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Esta operación, autorizada el 9 de abril de 2026 y formalizada dos días después, implica un financiamiento a 25 años con cinco años de gracia y se ejecutará bajo la modalidad basada en resultados, según el dictamen. De esta manera, los desembolsos estarán condicionados a la consecución de metas específicas, como la mejora en los aprendizajes de matemáticas y lectura, el fortalecimiento del monitoreo y la gestión de datos educativos, así como la expansión tecnológica en las aulas.

El programa, que ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se estructura en tres áreas de resultados. Primero, busca aumentar el porcentaje de estudiantes —desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato— que logran niveles suficientes en matemáticas y lectura, implementando una plataforma digital de aprendizaje que debe alcanzar al menos al 70% de estos alumnos.
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Segundo, apuesta a sistemas de evaluación y plataformas robustas de gestión de datos, instaladas al menos en el 80% de las escuelas bajo el programa. Tercero, impulsa la dotación de computadoras y tabletas y la integración de herramientas de inteligencia artificial, fijando el objetivo de equipar con hardware y conectividad el 60% de las aulas comprendidas.
De acuerdo con el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los cambios impulsados por el Ministerio de Educación se extienden más allá de la infraestructura escolar, involucrando prácticas pedagógicas y gobernanza educativa, como remarcó a los diputados: “No solo se han centralizado en infraestructura, mejora de centros escolares en todos los niveles, sino también en todos los planes educativos”.
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La importancia de esta inversión educativa radica en que da continuidad a una política integral de modernización del sistema público, reconocida internacionalmente a través del crédito del BIRF, y constituye una herramienta financiera cuya ejecución está estrictamente vinculada al cumplimiento de metas cuantificables en el avance educativo nacional.
Incorporación de recursos para salud digital y fortalecimiento de conectividad
También hubo dictamen favorable a la aprobación del contrato de préstamo entre el Ministerio de Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a dar continuidad a la segunda fase del programa Doctor SV. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con Google y la CAF, busca transformar la atención médica mediante inteligencia artificial y una infraestructura de telemedicina que amplía el acceso y optimiza la gestión del sistema público de salud.
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En esta etapa, se prevé consolidar la red nacional de 400 quioscos dispensadores de medicamentos y telemedicina, con capacidad para atender hasta 30.000 consultas diarias —un aumento respecto a las 18.000 actuales—, y centralizar servicios médicos con sistemas interoperables y seguros.

Los fondos financiarán también la capacitación de personal sanitario, el mantenimiento de la plataforma, la expansión de servicios externos asociados —como farmacias y laboratorios— y la mejora de la cobertura para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El préstamo, por hasta USD 75 millones, fue autorizado inicialmente el 18 de febrero de 2026 mediante Decreto Legislativo 513, y con su ratificación se completa el proceso para su ejecución.
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