La iniciativa de una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas se encuentra e estudio legislativo. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía y con un papel central del Ministerio de Hacienda, prevé no solo ampliar la capacidad estatal para ejecutar grandes emprendimientos, sino también incrementar la seguridad jurídica y la confianza de las inversiones extranjeras, según expusieron representantes del Ejecutivo en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión este lunes.
El marco legal que se discute prevé contratos de hasta 50 años, diseñados para dar viabilidad a proyectos de infraestructura o servicios que no podrían realizarse con recursos exclusivos del Estado. De acuerdo con el anteproyecto presentado por Clarisa Margarita Valdebrán, directora de Inversiones del Ministerio de Economía, la ley contempla dos grandes categorías de contratos: los autosostenibles, financiados únicamente a través de las tarifas pagadas por los usuarios, y los cofinanciados, que incluyen aportes directos o garantías estatales.
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En ambos casos, la oportunidad para que empresas nacionales o extranjeras propongan proyectos de inversión representa un cambio estratégico. Según explicó Valdebrán a los diputados, “la identificación de la necesidad la puede hacer tanto una entidad pública como una entidad privada”, lo que implica que no solo el Estado, sino también actores privados, podrán detectar vacíos en infraestructura y proponer soluciones ante la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP).
El país aún enfrenta una brecha significativa en infraestructura, un problema que, según la DAP, la ley busca subsanar permitiendo que “el gobierno se apoye en inversión privada”, reduciendo riesgos fiscales y ampliando los controles y la trazabilidad en la ejecución de los proyectos, se expuso en el desarrollo de la comisión.
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Una nueva dirección técnica para evaluar, aprobar y fiscalizar los proyectos
La propuesta de ley crea la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP), adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica para identificar sectores estratégicos, registrar contratos y evaluar la viabilidad administrativa, técnica y financiera de las iniciativas. Sus atribuciones incluyen requerir información de todas las entidades públicas, coordinar la asistencia técnica necesaria, emitir lineamientos para la estructuración de proyectos y aprobar los estudios de factibilidad.
Dentro del proceso, la DAPP puede declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada, lo que formaliza su pertinencia nacional y abre el camino para un escrutinio fiscal exhaustivo. La entidad también revisa la admisibilidad de cada iniciativa, marca las etapas de licitación y otorga su aprobación para que los contratos avancen a revisión legislativa.
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El Ministerio de Hacienda desempeñará la supervisión, asegurando la sostenibilidad fiscal de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta cartera no solo emite un dictamen fiscal preliminar sobre cada propuesta, sino que se encarga de elaborar el informe fiscal definitivo una vez aprobado el estudio de factibilidad, tal como lo señala la propuesta. También debe asegurarse de que las instituciones públicas reserven en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con los futuros compromisos contractuales.
Derechos, obligaciones y garantías para los agentes privados
La propuesta de ley detalla el régimen de derechos y obligaciones de los agentes privados. Entre los derechos, se incluye la percepción de ingresos por servicios o tarifas, la posibilidad de obtener financiamiento, ceder contratos (con autorización estatal), subcontratar a terceros y solicitar prórrogas ante retrasos imputables al Estado.
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El diputado que presidió la sesión, William Soriano, destacó que la ley propone “construir bases muy fuertes para la estabilidad jurídica”. Valdebrán remarcó que el nuevo cuerpo legal dotará al país de “la robustez que ya tienen países con proyectos exitosos en la región y dará todo el respaldo legal para inversiones de esta envergadura”.
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