La Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica denuncia penalmente al alcalde de San José

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Luis Diego Miranda Méndez; alcalde de San José, capital de Costa Rica; acusándolo de presunto peculado de servicios.

La investigación señala que el funcionario habría utilizado abogados municipales, pagados con fondos públicos, para defenderse personalmente en un proceso en su contra. La gravedad del caso reside en que, de confirmarse una violación al deber de probidad, Miranda Méndez podría enfrentar sanciones severas, desde una amonestación escrita hasta la pérdida de su credencial como alcalde, medida que corresponde tomar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Durante más de un año y dos meses, el informe técnico elaborado por la PEP, identificado como PEP-INF-25-2024, permaneció sin ser discutido formalmente por el Concejo Municipal de San José. El 9 de enero de 2026, regidores denunciaron en sesión que el documento fue “retenido” y no puesto a disposición plena del concejo.

La presidencia del Concejo sostuvo que se trató de un “error material” y negó todo intento deliberado de ocultar información, alegando un “traspapelado” administrativo, según dio a conocer Diario Extra.

La denuncia penal se fundamenta en hechos ocurridos en noviembre de 2024, cuando Miranda otorgó poderes especiales a dos abogados municipales. Estos funcionarios, según la investigación, participaron durante su jornada laboral en una audiencia virtual para asesorarlo personalmente, en una causa seguida por la propia PEP. El informe advierte que el alcalde “se desvió del fin público hacia sus intereses particulares” al emplear recursos de la institución para asuntos propios.

En medio del proceso, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, Marvin Daniel Torres Labardini, presentó dos denuncias formales contra el alcalde ante la Contraloría General de la República y nuevamente ante la PEP, citando actos irregulares y una conducta que, en su criterio, contradice la ética y la probidad que exige el cargo.

Torres especificó que el 8 de enero cursó denuncias ante la Contraloría, la Auditoría Interna municipal y la Procuraduría de la Ética Pública.

La tensión escaló con declaraciones de Miranda Méndez en la sesión del Concejo del 14 de enero, cuando preguntó abiertamente: “¿Ese subdirector no tiene la obligación primero de asesorarme a mí, si yo estoy haciendo algo incorrecto, antes de ponerme una denuncia? Son unos carebarros, así se los digo, son unos carebarros porque han utilizado recursos públicos y han utilizado el derecho y la ley para hacer cosas que no están bien y para perjudicar al pueblo.”

Torres denunció que este comportamiento no solo lo expuso públicamente como denunciante, sino que también quebrantó el deber de probidad que debe distinguir a los funcionarios públicos. En su escrito, agregó que “al referirse a otro funcionario municipal en la forma en que públicamente lo hizo, la probidad, a la que este sujeto tanto ha hecho alarde presuntamente, no es más que una careta que utilizó para llegar al poder, donde con este acto queda claro que, sirviéndose de dicho poder, persigue a los funcionarios subalternos que objetivamente cumplen con su deber de denunciar”.

Según la denuncia de Torres, Miranda envió el mensaje de que cualquier funcionario municipal que denuncie supuestos hechos irregulares cometidos por el alcalde será vulnerable no solo a conductas acosadoras y amenazas, sino también a insultos públicos y una posible exposición a situaciones de riesgo.

Torres declaró textualmente: “Esto genera no solo recibir insultos en las redes sociales, sino exponer mi integridad física y la de mi familia a actos violentos de sus seguidores, situación que también se está poniendo en conocimiento del Ministerio Público.”

El documento presentado por Torres concluyó con una afirmación sobre la gravedad institucional del acto: “Es lamentable ver en un jerarca institucional este tipo de prácticas antiéticas, inmorales, populistas, represivas y abusivas de las potestades que le ha otorgado la ley, pretender amedrentar a quien objetivamente y con fundamento denuncia, es una conducta que se asemeja con demasía a la conducta típica del delincuente de cuello blanco.”

La causa penal por peculado de servicios sigue su curso en el Ministerio Público, mientras la Municipalidad de San José y el Concejo enfrentan presiones para dar respuestas ante la PEP y la Contraloría.

Infobae solicitó las declaraciones del alcalde al departamento de comunicación de la Municipalidad de San José, sin embargo, aún no han sido compartidas.