
La Asamblea Nacional aprobó este martes la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una decisión que permitirá a Ecuador retirarse formalmente del mecanismo de intercambio comercial creado en 2009 por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La resolución fue respaldada con 86 votos y se produce en medio de cuestionamientos sobre el uso que tuvo el sistema en operaciones investigadas por presunto lavado de activos y exportaciones ficticias vinculadas a tramas de corrupción transnacional.
La solicitud para denunciar el tratado fue enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea el pasado 21 de mayo. Tras su análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales, el informe favorable llegó al pleno legislativo, donde obtuvo el respaldo necesario para autorizar al Ejecutivo a completar los trámites de retiro del acuerdo internacional.
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El Sucre fue concebido como un mecanismo de compensación regional destinado a facilitar el comercio entre los países miembros del ALBA sin necesidad de utilizar dólares estadounidenses en las transacciones. Ecuador se incorporó formalmente al sistema en 2010 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción. Además de Ecuador, participaron Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros países integrantes del bloque.

Durante el debate legislativo, los asambleístas que respaldaron la denuncia del tratado argumentaron que el mecanismo dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue creado y que actualmente no registra operaciones relevantes por parte de actores económicos ecuatorianos. También señalaron que el sistema presenta problemas de transparencia y que no existen beneficios prácticos para el país al mantener la adhesión a un acuerdo que ha perdido vigencia operativa.
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La aprobación de la salida ocurre un día después de que la Asamblea resolviera reabrir las investigaciones legislativas relacionadas con el denominado caso Sucre-Foglocons. Con 86 votos, el pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización actualice y amplíe los informes elaborados en períodos anteriores sobre presuntas irregularidades detectadas en operaciones realizadas mediante el sistema de compensación regional.
Las investigaciones legislativas se remontan a varios años atrás y han puesto en evidencia transacciones comerciales efectuadas entre empresas ecuatorianas y venezolanas. Según los informes conocidos por la Asamblea, algunas compañías habrían utilizado exportaciones supuestamente ficticias o sobrevaloradas para justificar pagos millonarios canalizados a través del sistema Sucre.
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Uno de los nombres recurrentes en esas investigaciones es el del empresario colombiano Alex Saab, quien fue señalado por organismos de control y por informes legislativos ecuatorianos como presunto articulador de una red empresarial que habría aprovechado el mecanismo regional para movilizar recursos mediante operaciones comerciales cuestionadas. Saab fue posteriormente procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero y permaneció detenido antes de ser liberado en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre Washington y Caracas.
En Ecuador, el caso adquirió relevancia a partir de informes elaborados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en períodos anteriores, cuando esta era presidida por Fernando Villavicencio. Uno de esos documentos concluyó que varias operaciones registradas a través del sistema Sucre presentaban indicios de irregularidades y recomendó profundizar las investigaciones sobre el destino de los recursos y la participación de empresas ecuatorianas y extranjeras.
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Durante la sesión legislativa en la que se discutió la denuncia del tratado, legisladores de distintas bancadas recordaron esos antecedentes y sostuvieron que el sistema estuvo asociado a una de las mayores investigaciones sobre presunto lavado de activos de carácter transnacional que ha conocido el país. Otros legisladores, en cambio, cuestionaron que se vincule la existencia del mecanismo con las actuaciones de empresas o personas específicas, al señalar que las responsabilidades individuales deben ser determinadas por las autoridades competentes.

La bancada oficialista ADN respaldó la salida del acuerdo, al igual que legisladores de otras fuerzas políticas. La Revolución Ciudadana expresó su rechazo a la denuncia del tratado y defendió la naturaleza original del mecanismo como una herramienta de integración económica regional.
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Con la aprobación legislativa, el Ejecutivo queda habilitado para formalizar la denuncia internacional del tratado y comunicar la decisión a los organismos correspondientes. Una vez completado ese procedimiento, Ecuador dejará de formar parte del sistema Sucre, un mecanismo que durante la década pasada llegó a canalizar miles de operaciones comerciales entre países del ALBA, pero cuya actividad se redujo progresivamente hasta quedar prácticamente inactiva.
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