El presidente Gustavo Petro, anunció este miércoles 13 de mayo que las primeras Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) no albergarán a integrantes de grupos armados ilegales con órdenes de captura con fines de extradición.
La decisión se reveló tras una sesión del Consejo de Ministros, donde el mandatario precisó que la medida aplica para la etapa inicial de la implementación de las ZUT, mecanismo clave en el proceso de paz que despliega su gobierno.
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Primera fase sin extraditables
El jefe de Estado aclaró que ninguna persona con orden de captura vigente para extradición ingresará a las ZUT en este momento. “La situación de quienes tengan pedidos de extradición será objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República”, puntualizó Petro, citando las facultades que le otorga la Ley 2272 de 2022, que permite suspender procesos de extradición si el proceso de paz muestra avances sustanciales.
El mandatario explicó que la determinación busca asegurar el cumplimiento legal y fortalecer la confianza en el proceso. La evaluación sobre la inclusión de extraditables quedará en manos exclusivas del presidente, en consonancia con la normativa vigente.
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Petro subrayó que la dirección de la política de paz y del orden público es competencia exclusiva del presidente, en línea con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y la ley mencionada.

Diálogo abierto con Estados Unidos
Petro informó que el tema de los extraditables ya es objeto de discusión con el gobierno de Estados Unidos, actor clave en materia de cooperación judicial y antinarcóticos. Durante la reunión, el presidente relató que consultó a un representante diplomático de Estados Unidos sobre si resultaba más efectivo extraditar a un jefe de organización criminal o desmantelar la economía ilícita en su territorio.
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Según la respuesta recibida, la prioridad sigue siendo la extradición, aunque Petro manifestó una postura distinta: “Creo que es el desmantelamiento de la economía ilícita”, defendió.
Esta divergencia evidencia un debate abierto en la relación bilateral, especialmente porque, como recordó Petro, en el gobierno de Juan Manuel Santos se suspendieron órdenes de extradición para facilitar la desmovilización de 16.000 combatientes de las FARC. El presidente añadió que, a su juicio, “el sabotaje a ese proceso comenzó cuando se hizo una trampa para sacar a uno de los firmantes del proceso como un narco después de la firma del proceso de paz”.
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Contexto y antecedentes de las zonas de ubicación
La creación de las Zonas de Ubicación Temporal forma parte de la estrategia gubernamental para avanzar en los procesos de negociación y desarme de grupos armados. El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con delegados del Ejecutivo, presentó un informe sobre los avances y desafíos de estas negociaciones.
En el comunicado público emitido tras la reunión, se reiteró que la política de paz constituye una política de Estado y requiere la colaboración de todas las autoridades, en virtud de los principios constitucionales. El Gobierno nacional autorizó el traslado acelerado de integrantes de grupos armados a cinco zonas priorizadas, garantizando que en la primera fase no participarán personas con procesos activos de extradición.
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Supervisión y seguridad en las ZUT
Petro destacó que el despliegue de las ZUT se realizará en zonas de erradicación de economías ilícitas. La Fuerza Armada custodiará estos territorios hasta que se resuelva la desmovilización de los combatientes y su salida de la violencia. Se espera que centenares de integrantes de organizaciones armadas ingresen a las zonas, y que en el futuro la cantidad aumente a miles.
El presidente precisó que las zonas no solo se ubicarán en áreas rurales, sino también en sitios de alta violencia urbana en ciudades como Barranquilla, Quibdó, Buenaventura, Tibú, Medellín, Cali, Palmira, Jamundí, Bogotá y Puerto Tejada, con el objetivo de abordar tanto la violencia rural como la urbana.
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Garantías legales y supervisión internacional
Durante su intervención, Petro aclaró que los procesos de paz que lidera su gobierno se realizan con supervisión internacional y no implican alianzas con el narcotráfico, como algunos sectores han sugerido. Todas las negociaciones se desarrollan bajo garantías y observación de gobiernos extranjeros, reforzando la transparencia del proceso.
El comunicado de la Consejería Comisionada de Paz resaltó que la ejecución de la política de paz se encuentra amparada por la Constitución de 1991 y la Ley 2272 de 2022, reafirmando la competencia exclusiva del presidente para dirigir el orden público. Además, enfatizó que cualquier decisión sobre extraditables será evaluada posteriormente, conforme avance el proceso de paz.
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Próximos pasos y desafíos
El Gobierno de Colombia prevé que la política de Zonas de Ubicación Temporal permita avanzar en la desmovilización y reintegración de combatientes, tanto en el ámbito rural como urbano. El proceso se mantendrá bajo constante revisión, con la posibilidad de incorporar a personas con órdenes de extradición en fases futuras, según la evaluación presidencial y los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
El Ejecutivo insiste en que la paz debe implicar a todas las autoridades y sectores, bajo un respeto pleno a la ley y la Constitución. El desarrollo de las ZUT y la discusión sobre la extradición seguirán marcando la agenda de la política de seguridad y reconciliación en Colombia en los próximos meses.
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