Caso Mateo Pérez: estos son los grupos armados ilegales que se disputan varias zonas en Briceño, Antioquia

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, periodista y estudiante de ciencia política de 24 años, en una fosa rural de Briceño, Antioquia, ha expuesto una vez más la profunda crisis humanitaria que azota a este municipio del norte del departamento.

El crimen ha detonado no solo una ola de indignación y temor en la región, sino un pulso político a nivel nacional, donde los discursos y las responsabilidades se disputan el relato en medio de una guerra que no da tregua.

El día de su asesinato, Mateo Pérez Rueda recorrió el parque de Briceño en su moto, sin casco y solo con su celular y una libreta, buscando líderes veredales para documentar los estragos de la guerra en la región. Lo último que se sabe con certeza es que, tras almorzar en Las Auras, se dirigió a Palmichal, donde fue interceptado por hombres armados que lo acusaron de ser un espía.

Luego, como señaló un informe especial del medio regional El Armadillo, Pérez llamó a alguien de la Alcaldía para pedir ayuda, pero nadie lo conocía ni se atrevió a responder por él.

La paranoia y el miedo son la ley en Briceño: después de las seis de la tarde no se puede transitar, los movimientos de campesinos son vigilados por drones y la presencia de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc —además del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o clan del Golfo)— fragmentan el control territorial.

La recuperación de su cuerpo solo fue posible gracias a la intervención humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, tras días de gestiones y silencio impuesto por el miedo.

Disputas por el relato: Gustavo Petro vs. Andrés Julián Rendón

A raíz del caso, el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han sostenido un fuerte cruce de declaraciones públicas.

Petro, en su mensaje en X, atribuyó el asesinato a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, del frente Darío Gutiérrez, y sostuvo que este grupo está completamente fragmentado y dedicado al control de la minería ilegal del oro.

A su vez, el mandatario aseguró que no existe negociación alguna con la banda de Chalá y que la fuerza pública tiene la orden de erradicar a los grupos armados de la zona.

Rendón, por su parte, fue contundente en sus críticas al presidente: “Chala es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Usted persiste en salir en defensa de los criminales: alias Chala es el sicario de Calarcá”.

El gobernador acusó al gobierno de Petro de “lavarle la cara” a Alexander Díaz Mendoza (“Calarcá”), a quien considera intocable bajo la política de Paz Total.

“Pregunte por la crueldad excesiva que Chalá le infringió a Mateo antes de quitarle la vida. Esa es una causal suficiente para activar la orden de captura de Calarcá y dejar de negociar el estado de derecho con ese y otros criminales a los que usted, Petro, trata como angelitos. La paz total fracasó para los colombianos y es el triunfo de los criminales”, sentenció en otro de los mensajes que Rendón ha compartido hacia el jefe de Estado.

La tensión escaló porque, el mismo día del hallazgo del cuerpo de Mateo, el presidente Petro anunció la suspensión de órdenes de captura para 29 miembros del Clan del Golfo como parte de su estrategia de sometimiento y justicia negociada.

Para Rendón, este tipo de decisiones políticas favorecen la impunidad y refuerzan el control territorial de las estructuras criminales.

Una comunidad sin Estado ni garantías: los grupos armados ilegales son los que mandan

El caso de Briceño evidencia la desconexión entre los grandes discursos nacionales y la realidad de los territorios sitiados por la violencia.

La prueba más fehaciente en la del alcalde Noé de Jesús Espinosa que despacha desde Medellín tras amenazas, el personero renunció y los desplazamientos forzados no cesan.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Gobernación de Antioquia coinciden en que el deterioro de la seguridad se ha agravado desde 2020, con más de 2.100 desplazados en los últimos años y un control armado cada vez más asfixiante.

La población, aterrorizada, prefiere no hablar. Las autoridades locales reconocen la imposibilidad de ingresar a ciertas zonas rurales sin el permiso de los grupos armados. El silencio es la norma y la impunidad, la regla.

Según informe de la Defensoría del Pueblo, en el municipio se detallaron que tres organizaciones armadas estarían disputándose el control del poblado:

• Ejército Gaitanista de Colombia (—EGC— o Clan del Golfo).
• Frente 36 de las disidencias de las Farc.
• Guerrillas Campesinas Los Cabuyos.