Magistrado del CNE advirtió a Armando Benedetti sobre riesgos para las elecciones presidenciales: “No son meras apreciaciones”

A menos de tres semanas para la primera vuelta presidencial, crecen las preocupaciones sobre la existencia de riesgos de seguridad y la falta de garantías para la celebración de los comicios electorales del 31 de mayo.

El turno fue para Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien dirigió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, recalcando que estas circunstancias ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral.

En la misiva fechada el 6 de mayo de 2026, el representante del organismo electoral solicitó a las autoridades responsables la adopción de medidas inmediatas para prevenir situaciones que puedan afectar a partidos y movimientos políticos durante la campaña presidencial.

“Las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular. Dichas circunstancias comprometen no solo la participación de los electores, sino también la seguridad de candidatos, líderes y organizaciones políticas, poniendo en riesgo la legitimidad misma del proceso democrático”, expresó Prada en el documento.

En su pronunciamiento, el magistrado incorporó cifras concretas para dimensionar la magnitud del problema. Citando a la Misión de Observación Electoral (MOE), reveló que 185 municipios están actualmente en riesgo, de los cuales 94 presentan un riesgo extremo, lo que indica un aumento superior al 29% respecto al año 2022 en el número de municipios señalados por su vulnerabilidad preelectoral.

Del mismo modo, el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo se reportaron “457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral”, con afectaciones particularmente graves en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

“Lo anterior demuestra que la preocupación por la situación actual de orden público no se trata de meras apreciaciones ni de titulares de prensa, sino que está respaldada por investigaciones serias y documentadas, que además han sido enviadas y conocidas por su Despacho, lo cual exige una actuación inmediata ante la gravedad de lo descrito”, recomendó Prada.

De otro lado, el magistrado del CNE resaltó la inexistencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, que considera esencial para que partidos, movimientos y candidatos puedan exponer formalmente las situaciones de riesgo.

Prada advirtió que la falta de estos espacios institucionales debilita la capacidad de respuesta del Estado y aumenta la vulnerabilidad de los derechos políticos.

“Es indispensable reiterar que la existencia de condiciones efectivas de seguridad constituye un presupuesto ineludible para la vigencia de la democracia. Sin garantías reales de integridad, libertad y protección, el ejercicio electoral pierde su carácter pleno y se ve reducido a una formalidad desprovista de legitimidad”, advirtió.

Finalmente, Álvaro Hernán Prada hizo un llamado urgente a la acción estatal, indicando que la responsabilidad de asegurar unas elecciones libres y seguras recae en las instituciones públicas. “Su cumplimiento es condición indispensable para preservar la confianza ciudadana en la democracia”, puntualizó.

Registrador también advirtió riesgos electorales

De otro lado, el registrador nacional Hernán Penagos informó que en 104 municipios de Colombia se identificó un “riesgo alto” para el ejercicio electoral del 31 de mayo, debido a la presencia de grupos armados ilegales y que estarían intimidando a las comunidades para favorecer algunas candidaturas.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que las principales amenazas al voto libre se encuentran fuera del ámbito de la Registraduría Nacional, centradas en “la compra de votos” y la “coacción al ciudadano” en diferentes zonas del país.

“No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino de que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre. Se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, mencionó.

A su vez, Penagos expresó que “el riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera en las calles de Colombia, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano”, alertando sobre la necesidad de mantener la vigilancia para evitar interferencias externas en el proceso electoral.

Entre tanto, el registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, enfatizó la importancia de que las fuerzas de seguridad custodien todos los puestos de votación para proteger a funcionarios, jurados, votantes y testigos electorales, reiterando la petición de que se preserve el derecho de todos los colombianos a un voto libre de presiones.

“Estamos pidiendo que se garantice el voto libre de los colombianos, libre de cualquier presión en los puestos de votación. Estamos pretendiendo que todo el Estado colombiano tengamos presencia en esos puestos de votación que están manifestando las campañas que se están haciendo ese tipo de presiones”, complementó.