El conflicto armado colombiano atraviesa una fase de crecimiento y transformación, y los principales Grupos Armados Organizados (GAO) han duplicado su número de integrantes y extendido su control territorial en los últimos ocho años (entre 2018 y 2025).
Así lo mencionó un informe reciente de la Fundación Conflict Responses (CORE), titulado El poder armado en expansión. Entre el fortalecimieno y la fragmentación de los grupos armados en Colombia, y en el que sostiene que los grupos que lideran la actual configuración armada —el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o Clan del Golfo), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— concentran la mayor parte de este crecimiento, superando los 27.000 miembros a finales de 2025.
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El documento detalló que en 2018 la cifra total de combatientes en los GAO era de 12.883, aumentó a 15.120 en 2022 y llegó a 27.121 a diciembre de 2025.
Uno de los detalles que más llamó la atención en el informe, y que deja mal parado a la administración de Gustavo Petro es que dicho incremento se aceleró de manera especial durante lo corrido de su mandato, aunque la tendencia se arrastraba desde el gobierno de Iván Duque.
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CORE explicó en su misiva que el EGC, bajo el mando de alias Chiquito Malo, encabeza el crecimiento, seguido por el EMBF, dirigido por Calarcá, y el EMC, cuyo líder es Iván Mordisco.
La CN-EB y el ELN también presentan aumentos en su número de miembros y en la extensión de los territorios bajo su influencia.
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Nuevas dinámicas en zonas de injerencia: así se reorganizan los grupos armados
Los datos recopilados por la Fundación CORE muestran que el EGC opera en 292 municipios, el ELN en 219, el EMC en 133 y el EMBF en 113.
El informe atribuye la expansión territorial no solo al aumento de combatientes, sino a estrategias de gobernanza armada ilegal que incluyen la imposición de normas, la administración de justicia paralela y el control de la vida social y económica en los territorios.
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La expansión no ha sido homogénea. El EGC ha fortalecido su presencia en la costa atlántica, los Montes de María, el Magdalena Medio y el Chocó.
Mientras que el EMC y el Embf se han consolidado en Amazonas, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar.
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La CN-EB ha crecido con más fuerza en Nariño, Caquetá y Amazonas, mientras que el ELN ha reforzado sus posiciones en Arauca, Catatumbo y la frontera con Venezuela, aunque con dinámicas variables en otros departamentos.
El documento de la fundación adviertió que la influencia de los GAO se mide por su injerencia directa en el ejercicio de la violencia, la regulación de economías ilícitas y la penetración política en las comunidades locales.
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El informe menciona que el concepto de “injerencia” va más allá de la simple “presencia” militar, ya que incluye la capacidad de imponer reglas y controlar el funcionamiento cotidiano de la sociedad.
Diversificación de fuentes de financiación: narcotráfico, cobro de extorsiones y minería ilegal
El fortalecimiento de los GAO está vinculado de manera estrecha a la diversificación de sus fuentes de financiación.
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El narcotráfico sigue siendo el principal motor económico, con un aumento del 54% en las hectáreas de cultivos de coca y un crecimiento de la producción potencial de cocaína entre 2018 y 2024.
Además, los grupos armados participan en diferentes eslabones de la cadena, desde el cobro de “impuestos” en la compra y venta de pasta de coca hasta la transformación y exportación de la droga.
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La minería ilegal de oro se ha consolidado como una fuente clave de ingresos. El informe estima que entre el 65% y el 85% de la minería de oro en Colombia es ilegal, con un fuerte crecimiento en departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca y Nariño.
Uno de los factores que han favorecido esta nueva forma de ingresos ilegales es que el aumento del precio internacional del oro, que superó los 5.000 dólares por onza en 2026, ha intensificado la explotación y el interés de los GAO en este sector.
La extorsión es otra actividad en alza, con un incremento del 72% en las denuncias desde 2018. Esta práctica se ha extendido a todo tipo de actividades económicas y ha evolucionado hacia formas más estructuradas de cobro y control social, como la elaboración de catastros propios y la organización de censos poblacionales.
El tráfico de migrantes en el Tapón del Darién generó ingresos extraordinarios para el EGC, que llegó a recaudar hasta 65 millones de dólares en 2023, según estimaciones del Ministerio de Defensa.
El flujo migratorio sufrió una brusca caída en 2025 por los cambios en las políticas de Estados Unidos y Panamá, lo que redujo de forma temporal a esta fuente de recursos.
La deforestación y el control sobre actividades ambientales han permitido a grupos como el EMC y el Embf monetizar el uso de la tierra, cobrar multas por tala y regular la ganadería extensiva, y sobre todo en la Amazonía y el sur del país.
Dinámicas organizacionales y fragmentación interna: las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá
El informe de la Fundación CORE destaca que, a pesar del crecimiento numérico y territorial, la mayoría de los GAO han enfrentado procesos de fragmentación interna.
El caso más delicado es el del EMC (al mando de Iván Mordisco) y el Embf (comandadas por Calarcá), que surgieron tras la división de las disidencias de las Farc.
La Segunda Marquetalia (bajo alias Iván Márquez) y la CN-EB (liderada por “Walter Mendoza”) también se separaron por disputas de liderazgo y diferencias en el uso de los recursos.
El EGC ha logrado mantener cohesión interna y flexibilidad organizativa, adaptando sus métodos de control y evitando rupturas abiertas.
El informe describe que la estructura federal del EGC, con un Estado Mayor Conjunto y vínculos personalizados entre líderes regionales, ha facilitado la expansión y la capacidad de enfrentar desafíos internos.
Mientras que el ELN ha mantenido una estructura federal, pero en 2024 sufrió la escisión de los Comuneros del Sur en Nariño, debilitando su cohesión histórica. La división interna también ha impactado la eficacia de los procesos de negociación y la respuesta a las iniciativas de paz.
Adaptación, reclutamiento y resiliencia de los grupos armado ilegales en Colombia
La capacidad de adaptación de los GAO se refleja en su crecimiento a pesar de las bajas por operaciones militares, desmovilizaciones y sometimientos individuales.
El reclutamiento, incluido el de menores de edad, ha experimentado un aumento notable.
Las denuncias recogidas por la Fundación CORE y otras organizaciones de la sociedad civil reportan una intensificación del reclutamiento en todas las regiones con conflicto.
El pago de salarios y bonificaciones, la utilización de redes sociales y la diversificación de métodos han facilitado la captación y retención de nuevos miembros.
El documento mostró que los GAO han desarrollado mecanismos de resiliencia organizacional, ajustando su estructura y estrategias para reemplazar a los integrantes perdidos y mantener su presencia en los territorios, incluso en contextos de confrontación armada sostenida.
Gobernanza armada y control social
El crecimiento de los GAO no solo es militar y económico; también es político.
El control sobre la vida diaria de la población es una característica central de la gobernanza armada ilegal.
Para esto, los grupos imponen normas, regulan economías locales, administran justicia y gestionan infraestructuras en los territorios bajo su influencia.
Por ejemplo, en Arauca, Nariño, Cauca, Guaviare y otros departamentos, los GAO han introducido sistemas paralelos como la imposición de “cédulas” propias para circular, la organización de gremios de comerciantes y la construcción de obras públicas.
En algunos casos, el control llega a la administración de horarios de trabajo y la sanción de infractores mediante “castigos” o trabajos forzados.
El informe destaca que el poder político de los GAO se manifiesta también en la presión e infiltración en la sociedad civil, la creación de organizaciones afines y la intervención en asuntos ambientales y de infraestructura.
El papel de la Paz Total y los desafíos para el Estado
El análisis de la Fundación CORE atribuye el fortalecimiento de los GAO a una combinación de factores internos, estrategias de adaptación y limitaciones en la coordinación de las políticas de seguridad y paz.
La Paz Total, política central del gobierno de Gustavo Petro, incidió de manera parcial en el crecimiento de algunos grupos, según lo que concluye en uno de sus apartes el documento, y sobre todo a través de los ceses al fuego y la reducción temporal de la presión militar.
La fundación aseveró en sus observaciones que los ceses bilaterales y la falta de “líneas rojas” claras en las negociaciones permitieron a estructuras como el Embf expandirse en departamentos como Huila y consolidar su control territorial.
El EGC, en cambio, creció sin haber suscrito acuerdos formales de cese al fuego. El ELN utilizó el periodo de cese para fortalecer su gobernanza política en Arauca y Catatumbo.
Otro factor que incide es que la coordinación entre las políticas de paz y seguridad sigue siendo un reto. La llegada del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, impulsó una estrategia más confrontativa, marcando un giro hacia el uso de la fuerza tradicional.
Por todo lo anterior, el informe advierte que la contención del crecimiento de los GAO exigirá un enfoque integral, que combine prevención del reclutamiento, asistencia humanitaria, protección de comunidades y acciones coordinadas entre instituciones estatales.
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