Un juez de control de garantías ordenó la liberación de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, tras considerar que se superaron los plazos legales para el inicio del proceso judicial en su contra.
La decisión se produjo después de que la defensa de Ortiz presentara varios recursos solicitando la excarcelación por vencimiento de términos, petición que finalmente prosperó. De acuerdo con el fallo, transcurrieron 329 días desde su detención sin que comenzara la fase de juicio, superando en 89 días el límite establecido por la normativa vigente.
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Ortiz permanecía privada de la libertad desde diciembre de 2024, luego de su detención en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante ese periodo, la exfuncionaria fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía, donde aguardaba el desarrollo del proceso judicial.
La exconsejera enfrenta señalamientos de haber tenido un rol clave en la red de corrupción detectada en la Ungrd. Las pesquisas indican que Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas, con base en testimonios de antiguos directivos del organismo, como Olmedo López y Sneyder Pinilla.
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Según sus declaraciones, la exfuncionaria habría participado en el traslado de aproximadamente $3.000 millones destinados a influir en decisiones legislativas.
Durante una audiencia reciente, Ortiz aseguró estar bajo presión para declarar contra miembros del Gobierno de Gustavo Petro. “Me dijeron: ‘Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”, relató ante el juez.
La exconsejera reiteró su inocencia y rechazó toda vinculación con la trama de corrupción. “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”, afirmó.
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Tras lo anterior, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Iván Mauricio Lenis, expresó preocupación por la gestión de los plazos judiciales tras la liberación de la exconsejera Sandra Ortiz y del exministro Ricardo Bonilla relacionados con el caso Ungrd. El titular del alto tribunal remarcó que “es totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten”, según declaraciones a medios de comunicación.
La reciente excarcelación de ambos exfuncionarios, que generó debate en el ámbito jurídico colombiano, se debió a discrepancias en el conteo de los términos procesales. “Estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos”, sostuvo.
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El presidente de la Corte Suprema insistió en la necesidad de unificar criterios. “No podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos”, manifestó. Según informó Semana, la falta de consenso en este aspecto ha provocado incertidumbre y críticas entre los actores judiciales.
En su intervención, Lenis convocó a los operadores de justicia a adoptar “el término que se vence en menor oportunidad”, en busca de mayor claridad y seguridad jurídica.
Defensa y Procuraduría discrepan sobre plazos legales en la detención de Sandra Ortiz
El juicio oral contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, comenzó el pasado 10 de abril, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la decisión de negar la preclusión del proceso vinculada al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La negativa inicial había sido emitida el 4 de marzo por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, instancia que determinó la continuidad de la causa y descartó cualquier obstáculo para que Ortiz enfrentara la etapa judicial, pese a sus reiteradas declaraciones de inocencia.
La defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, basó sus argumentos en supuestas inconsistencias dentro de la imputación.
Uno de los puntos destacados fue la confusión sobre un contrato, inicialmente relacionado con Repelón (Atlántico), que según información oficial terminó ejecutándose en Girón (Santander). Para el defensor, esta diferencia generaba dudas sobre el fundamento de la acusación, planteando cuestionamientos sobre la solidez del caso.
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El 8 de mayo se llevó a cabo una audiencia para solicitar la libertad de Ortiz por vencimiento de términos.
La Fiscalía, citando cifras propias, indicó que existen 284 días de retrasos imputables a maniobras dilatorias de la defensa, por lo cual el plazo legal para configurar el vencimiento de términos aún no se cumple y faltarían 55 días para alcanzarlo. En contraste, la Procuraduría solicitó al juez conceder la libertad a Ortiz, al considerar que se han completado 300 días de detención no atribuibles a la defensa, superando el término fijado por la ley.
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