
El viernes 8 de mayo, autoridades de Antioquia confirmaron que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) recibió el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, joven periodista desaparecido desde el martes 5 de mayo en Briceño.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo en una zona rural ubicada entre las veredas Palmichal y El Hoyo, donde Pérez había sido visto por última vez mientras realizaba labores periodísticas.
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La recuperación del cuerpo se hizo posible tras la intervención de una comisión humanitaria integrada por el Cicr, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica. Esta comisión accedió al área luego de un proceso de mediación que facilitó el ingreso a territorio controlado por la estructura 36 de las disidencias de las Farc, liderada por alias Calarcá.
La entrega del cadáver se realizó después de varios días de gestiones infructuosas por parte de familiares, organismos internacionales y líderes comunitarios, que intentaron determinar el paradero de Pérez sin obtener respuesta clara de los grupos armados ilegales.

Contexto de la desaparición y perfil de la víctima
Mateo Pérez Rueda, de 26 años y oriundo de Yarumal, había viajado a Briceño para indagar sobre la situación del conflicto armado en la subregión Norte de Antioquia. Según declaró su padre, Carlos Pérez, la familia intentó persuadir al joven para que se desplazara a la zona rural, ante los riesgos asociados a la presencia de actores armados ilegales.
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La desaparición de Pérez generó una amplia movilización en Yarumal, donde la comunidad realizó una misa para pedir por su retorno y acompañó a la familia durante la espera de noticias.
El periodista se desempeñaba como director de El Confidente de Yarumal, medio digital desde el cual abordó temas de corrupción administrativa, seguridad y política local en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.
Su labor informativa incluyó investigaciones sobre economías ilícitas y dinámica de los grupos armados en la región, lo que derivó en presiones legales y citaciones a conciliación.
Pronunciamiento de la Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lamentó el asesinato y subrayó que “el periodismo regional en Colombia continúa ejerciéndose en condiciones extremas de desprotección”, al tiempo que exigió garantías reales para la prensa.
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El caso de Mateo Pérez incrementa a ocho el número de comunicadores asesinados en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, todos vinculados a su labor informativa y desempeño como líderes sociales.
La Flip reportó que desde 2022 se registraron 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y el desplazamiento las principales formas de censura.
En un comunicado, la organización instó al Gobierno nacional a asumir una postura activa y a implementar políticas de protección para periodistas en riesgo, señalando que “la estigmatización frecuente y la falta de defensa sostenida de la labor periodística han deteriorado las garantías para informar en zonas rurales”.
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Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Colombia expresó su preocupación por la desaparición del periodista y recordó a los grupos armados que la libertad de prensa constituye un derecho fundamental y un pilar de la democracia. En su mensaje divulgado en X, la ONU reiteró la obligación de respetar la vida de los civiles y anunció que dará seguimiento al caso.
Investigación y pasos siguientes

El cuerpo de Mateo Pérez fue trasladado a la zona urbana de Briceño y posteriormente será entregado a Medicina Legal en Medellín, donde se realizarán las diligencias forenses correspondientes.
La Flip solicitó a la Fiscalía General de la Nación que active los protocolos de investigación con enfoque diferencial para crímenes contra periodistas, conforme a la Resolución 0119 de 2026, e incorpore análisis de contexto y agenda periodística en el proceso. La organización también pidió medidas de protección para familiares, colegas y testigos, atendiendo al riesgo derivado de este crimen.
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Con el asesinato de Pérez, la Flip contabiliza 170 periodistas asesinados en Colombia por motivos asociados a su oficio desde 1977. Antioquia figura entre los departamentos con mayor número de víctimas, con 22 casos documentados.
“El Estado no puede devolver las vidas arrebatadas por la violencia, pero sí puede brindar garantías y protección a quienes ejercen el periodismo y sostienen el derecho de las comunidades a estar informadas”, concluyó la fundación en su pronunciamiento.
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