Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

El Ejército Nacional confirmó que más de 900 personas fueron utilizadas por estructuras armadas ilegales para impedir operaciones militares en el departamento de Nariño. De acuerdo con la institución castrense, estos hechos ocurrieron en el desarrollo de la Operación Cordillera, adelantada en zonas rurales del municipio de El Rosario durante los días 5 y 6 de mayo.

Los informes señalan que al menos 650 civiles fueron constreñidos en la vereda Villa Moreno por integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, Estructura Franco Benavides al servicio de alias Boyaco, con el fin de ejecutar acciones violentas contra las tropas.

Un día después, el 6 de mayo, en el sector La Laguna–Puerto Cumbarras, soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.º 5 reportaron la segunda asonada. En este caso, cerca de 250 personas fueron movilizadas en vehículos con el propósito de interferir y obstaculizar el avance de los uniformados.

Según el Ejército, ambos episodios habrían sido promovidos por disidencias de las Farc, que buscan frenar la ofensiva militar destinada a afectar las economías ilegales, como el narcotráfico y la explotación minera.

Estrategia criminal: presión a comunidades y ataque a la fuerza pública

Con base en el reporte oficial, la instrumentalización de la población civil representa una táctica recurrente de los grupos armados ilegales para evitar la destrucción de laboratorios, arsenales y rutas de narcotráfico en el suroccidente del país.

El Ejército detalló que, tras las asonadas de Nariño, no se registraron afectaciones al personal militar ni al material desplegado en la zona, aunque advirtió sobre la gravedad de estas acciones y su impacto en la seguridad de la región.

La institución anunció la instauración de denuncias ante las autoridades competentes por posibles delitos como asonada, obstrucción a la función pública, concierto para delinquir e instigación a delinquir. “Ante estos hechos, se instaurarán las denuncias correspondientes”, informó el Ejército Nacional, que reiteró su compromiso con la continuidad de las operaciones.

Balance operativo: golpe a las economías ilícitas

En la subregión de Cordillera, la acción sostenida de las tropas propias permitió la destrucción de 44 artefactos explosivos y 100 detonadores, así como la incautación de armamento, munición y estupefacientes.

Estos resultados, según la institución, afectan directamente las capacidades criminales de los grupos armados ilegales presentes en el territorio, donde los cultivos ilícitos y la minería ilegal generan una marcada influencia sobre la vida comunitaria.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, declaró que “las asonadas a nuestras tropas en Tolima y Nariño son promovidas por estructuras criminales que buscan impedir las operaciones militares contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas”.

Añadió que “el constreñimiento a las comunidades, los ataques a nuestros soldados y los intentos por frenar la acción legítima de las Fuerzas Militares son conductas criminales que atentan contra la seguridad de los colombianos”.

Asonada en Tolima: ataque a una operación contra la minería ilegal

En paralelo a los hechos de Nariño, una asonada registrada en el municipio de Ataco, departamento de Tolima, dejó un saldo de 13 militares heridos y vehículos oficiales incendiados.

El Ejército Nacional informó que soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales adelantaban una operación en el corregimiento de Santiago Pérez para desarticular puntos de extracción ilegal de oro.

Durante el operativo, centenares de personas identificadas como mineros ilegales cercaron a los uniformados y los agredieron con piedras, palos y machetes; además prendieron fuego a un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional.

La institución castrense calificó los hechos como un ataque directo a la acción legítima de las autoridades, subrayando el riesgo para la integridad de los uniformados y la obstrucción de las labores orientadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad en la zona.