
El crecimiento del aviturismo en Colombia ha transformado a este país en un destino de referencia mundial, pero el resurgimiento de la violencia amenaza la continuidad de esta bonanza.
La expansión de grupos armados en territorios estratégicos ha obligado a turistas y guías a reconsiderar rutas antes recuperadas para la observación de aves, poniendo en jaque una actividad que se había consolidado como fuente de ingresos y orgullo local.
Según un reciente informe de la revista Cambio, miles de entusiastas participaron el 9 de mayo en el Global Big Day, el evento internacional más importante de avistamiento y conteo de aves.
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Colombia, con el 20% de todas las especies del mundo, lidera desde hace cinco años este certamen, registrando en la edición más reciente más de 1.500 especies gracias a la labor de 3.600 observadores repartidos en todo el país. En este contexto, el aviturismo se ha convertido en una alternativa económica para comunidades alejadas que, hasta hace poco, vivían bajo la sombra de la guerra.

El auge del aviturismo en Colombia fue posible tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que permitió el acceso a zonas que llevaban décadas cerradas al turismo y la ciencia por el conflicto armado.
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Según expertos y guías consultados por la revista, la entrega de armas y la retirada de actores ilegales facilitaron la exploración de regiones con alta concentración de aves endémicas y amenazadas, como Chiribiquete, Inírida, Arauca y otras áreas de los Andes y la Amazonía.
La posibilidad de adentrarse en ecosistemas antes inaccesibles abrió oportunidades inéditas para el turismo de naturaleza. Una investigación de la ecóloga Natalia Ocampo-Peñuela señaló que 67 municipios especialmente afectados por el conflicto poseen un alto potencial para el desarrollo del aviturismo, por lo que advirtió de la importancia de mantener condiciones seguras para que esta actividad siga generando beneficios sostenibles.
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El aviturismo en Colombia es una actividad que atrae a visitantes de todo el mundo y aporta fuertes ingresos a las regiones. Un turista extranjero puede gastar unos 300 dólares diarios en excursiones, alojamiento y alimentación, lo que convierte a esta práctica en una de las pocas alternativas legales y rentables para zonas rurales golpeadas por décadas de violencia.
Sin embargo, el deterioro de la seguridad ha vuelto a cerrar rutas emblemáticas. Guías y observadores relatan cómo grupos armados, como el Estado Mayor Central, el ELN, el Clan del Golfo y estructuras paramilitares, han incrementado su presencia en regiones clave.
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Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que el número de zonas en disputa casi se duplicó desde 2022, lo que ha derivado en un retroceso palpable de las condiciones para el turismo de naturaleza.
El caso de Anchicayá, en el Valle del Cauca, ilustra el dilema actual. Aunque es reconocido como uno de los lugares más biodiversos del planeta, la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados ha reducido considerablemente las visitas, limitando el acceso solo a tramos considerados seguros.
Situaciones similares se replican en rutas como la de Tame a Cocuy, las inmediaciones del río Atrato, la Serranía del Perijá y zonas rurales fronterizas con Ecuador y Venezuela, según información conocida por Cambio.
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El impacto del conflicto en las rutas de avistamiento de aves
Guías experimentados han narrado episodios de intimidación y extorsión en regiones como San Pedro de la Sierra, Magdalena, donde paramilitares exigieron pagos a cambio de permitir la actividad turística.
La amenaza de secuestro y el control armado han obligado a muchos a abandonar recorridos de alto valor biológico, reduciendo las oportunidades tanto para científicos como para comunidades locales.
“Ese día vi de lejos gente con vestidos militares y pensé que eran soldados, pero cuando se nos acercaron, les vi los brazaletes que decían ‘Conquistadores de la Sierra’, Acsn”, señaló un guía turístico a la revista.

La reactivación del conflicto no solo ha restringido la observación de especies raras, sino que ha comprometido una fuente legal de ingresos y ha atentado contra la conservación de ecosistemas únicos.
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Los expertos advierten que, aunque las condiciones de seguridad han mejorado respecto a décadas anteriores, la pérdida de acceso a ciertas zonas golpea directamente tanto a los amantes de las aves como a quienes dependen económicamente de esta actividad.
“Las condiciones de seguridad sin duda han mejorado muchísimo comparado con lo que teníamos, pero ahora hemos perdido la opción de ir a algunos sitios que son ‘brutalmente’ buenos y ya ha habido problemas de seguridad”, señaló Felipe Estela, experto pajarero y profesor de Biología de la Universidad Javeriana en Cali, a la revista Cambio.
El aviturismo como puente de paz y desarrollo sostenible
Pese a los riesgos, el aviturismo ha demostrado ser un motor de transformación social en territorios antes marcados por la violencia. Guías y observadores destacan cómo la llegada de turistas y científicos ha generado orgullo local y nuevas oportunidades laborales, además de promover la protección del medio ambiente.
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El ejemplo de Mapiripán, en Meta, evidencia cómo regiones estigmatizadas por hechos violentos han encontrado en el avistamiento de aves una forma de resignificar su historia.
Montezuma, en el Parque Nacional Tatamá, también representa la posibilidad de reemplazar el eco de las armas por los cantos de pájaros, en un cambio que ha sido reconocido incluso por medios internacionales.
Algunos protagonistas como Diego Calderón-Franco, quien fue secuestrado por las Farc y hoy colabora con excombatientes en proyectos de observación, consideran que las aves pueden ser la excusa perfecta para unir realidades y construir puentes entre comunidades antes enfrentadas.
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