Ministerio de Trabajo exigió a Opain acciones por presuntos incumplimientos en jornadas laborales en el aeropuerto El Dorado

El Ministerio del Trabajo identificó jornadas semanales superiores a 42 horas en algunos puestos de la concesionaria Opain S.A., empresa que administra el aeropuerto El Dorado de Bogotá, como parte de una inspección no anunciada tras denuncias laborales recientes.

La revisión se centró en las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos sindicales en la terminal aérea más importante del país, de acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio difundido el viernes 8 de mayo de 2026.

Durante la diligencia, que incluyó la participación de representantes de Opain y de los sindicatos Sntt de Colombia y Anbasec, los inspectores documentaron casos de sobrecarga laboral, preocupaciones sobre el registro de los descansos y presuntas diferencias en bonificaciones y acceso a derechos asociados a la sindicalización.

“La diligencia, que se realizó sin previo aviso, se efectuó con el enfoque en el régimen de inspección laboral, tuvo como objetivo principal verificar el respeto de la normatividad laboral, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y el respeto de los derechos de asociación sindical y libertad sindical”, dice el comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo.

La cartera de Trabajo resaltó la necesidad de evaluar, con base en los documentos recolectados, si procede abrir procesos sancionatorios o tomar nuevas medidas administrativas respecto de la concesionaria aeroportuaria.

Las autoridades señalaron que, aunque la empresa alegó haber implementado turnos de 40,5 horas desde 2025, la revisión en terreno permitió identificar labores que continúan excediendo de forma regular el límite legal establecido por la Ley 2101 de 2021, incluso anticipándose a la reducción adicional que regirá a partir de julio de 2026.

La inspección también fue impulsada por denuncias de trabajadores sobre supuestas restricciones a la libertad sindical, condiciones dispares para empleados sindicalizados y no sindicalizados, así como el uso de personal tercerizado y la insuficiencia de descansos efectivos.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, enfatizó sobre la relevancia del tema: “La libertad sindical es esencial en un país como Colombia. Como Gobierno del Cambio y como Ministerio del Trabajo nos tomamos muy en serio las denuncias que tienen que ver con las restricciones al ejercicio del sindicalismo”.

En cuanto a la jornada, los funcionarios inspeccionaron áreas clave del aeropuerto, como Seguridad, Operaciones y el sistema automatizado de manejo de equipaje, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar la iluminación y otros aspectos de seguridad ocupacional.

También se requirió a Opain presentar antes del 22 de mayo un plan específico para abordar riesgos psicosociales y fortalecer la convivencia laboral, así como un informe detallado sobre la totalidad de personal tercerizado y proveedores en la terminal.

En uno de los bloques más relevantes de la inspección, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y la Unidad de Investigaciones Especiales revisaron registros de nómina, información de trabajo suplementario y dotación de recursos en las estaciones operativas para determinar si los hallazgos constituyen infracciones comprobables a la normativa vigente.

El Ministerio reiteró que el respeto de la jornada máxima semanal es un derecho fundamental y una obligación que abarca tanto a empleados directos como a personal externo en misiones críticas de la terminal.

La inspección, que no equivale automáticamente a una sanción, inicia un proceso administrativo que podría derivar en medidas punitivas a la empresa si se confirman incumplimientos.

La jefa de la Dirección de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Camacho indicó: “El cumplimiento de la jornada máxima legal y la garantía del derecho de asociación sindical son elementos centrales de nuestra misión, por lo que seguiremos atentos ante este derecho”.

El equipo de inspección exigió también a Opain garantizar la visibilidad de los espacios informativos sindicales, en aplicación de la jurisprudencia nacional sobre libertad de expresión colectiva, así como mantener al día y disponibles los soportes contractuales, nómina y registros de descansos.

Las conclusiones preliminares serán presentadas a la empresa, que deberá remitir explicaciones y planes de remediación en los plazos definidos.