La tarde del jueves 7 de mayo, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc lanzaron un ataque con drones explosivos y ráfagas de fusil contra la subestación de Policía en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.
El hostigamiento activó de inmediato el Plan Defensa por parte del Ejército Nacional y la Policía Nacional, que desplegaron unidades para evitar el avance de los agresores hacia el casco urbano.
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La Alcaldía de Jamundí confirmó que, durante el ataque, estudiantes de la institución educativa del corregimiento permanecieron en sus aulas, protegidos en la sede escolar, mientras la fuerza pública respondía a la ofensiva.
La Administración municipal también detalló que las unidades de la fuerza pública estaban desplegadas en todo el corregimiento para proteger a la comunidad, mientras los habitantes permanecían en sus casas esperando que se calmara la situación.
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De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque dejó dos uniformados heridos de manera leve y provocó daños en la infraestructura policial. La intensidad de los hostigamientos llevó a solicitar apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para reforzar la seguridad en la zona.
Escalada violenta y antecedentes recientes
Este nuevo ataque se inscribe en una cadena de hechos violentos que han golpeado a Jamundí en los últimos meses. En octubre de 2025, un atentado con cilindros bomba contra la misma subestación de Robles dejó nueve personas heridas, incluidos tres menores de edad. En lo que va de 2026, los ataques se intensificaron en la zona rural del municipio, donde opera la Estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de alias Mónica.
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Registros de la Administración local señalan que corregimientos como Ampudia y Potrerito son escenario de ataques con drones, ráfagas de fusil y hostigamientos frecuentes contra unidades militares y policiales. Además, se reportaron bloqueos de vías, incineración de vehículos, retenes ilegales y homicidios en sectores como Río Claro y Timba, acciones que mantienen en alerta máxima a las autoridades regionales.
En abril de 2026, Robles vivió otro ataque con drones cuyo objetivo era destruir una antena de comunicaciones y dejar incomunicada a la población. En la zona donde ocurrió el ataque más reciente, las disidencias de las Farc habían incinerado un camión que transportaba aves, dejando decenas de animales muertos y grafitis alusivos al grupo armado ilegal.
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Impacto en la vida educativa y social
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que la zona rural de Jamundí sigue bajo asedio de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.
Marín, junto a la alcaldesa Paola Castillo y la personera Martha Isabel Gutiérrez, advirtió durante una reunión institucional que el municipio enfrenta un deterioro sostenido de la seguridad y los derechos humanos, fenómeno que ha sido advertido a través de alertas tempranas desde 2001.
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La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 se registraron 200 eventos de desplazamiento masivo en Colombia, con afectaciones recurrentes en el Valle del Cauca y en Cauca.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, el máximo histórico, con una alta concentración en el suroccidente. Estas dinámicas incrementan la disputa territorial y alimentan la violencia en Jamundí.
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La alcaldesa Castillo señaló que las capacidades de la administración municipal fueron desbordadas y reiteró la necesidad de una articulación efectiva con el Gobierno nacional para prevenir el reclutamiento de jóvenes, la sustitución de cultivos ilícitos y el apoyo a proyectos para mujeres rurales.
Por su parte, la personera Gutiérrez alertó sobre el impacto de la minería ilegal y los cultivos ilícitos en la zona de los Farallones, y advirtió que el conflicto armado se ha desplazado hacia el área urbana, generando nuevas dinámicas de violencia.
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Gobernanza criminal y disputa territorial
El control territorial por parte de las disidencias de las Farc se traduce en prácticas de gobernanza criminal, regulación social, justicia paralela y cobros extorsivos, lo que fractura la vida comunitaria y limita la presencia institucional.
La Defensoría subrayó que la respuesta estatal no puede limitarse a la acción de la fuerza pública y que se requiere fortalecer el desarrollo social y brindar alternativas reales para la sustitución de cultivos ilícitos.
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“El municipio de Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país”, enfatizó Iris Marín Ortiz durante su visita al municipio.
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