Cinco denuncias por presunto maltrato y presión política sacuden a la Unidad para las Víctimas y a su directora encargada

Una grave denuncia por presunto acoso laboral sacude a la Unidad para las Víctimas y pone bajo escrutinio la gestión de su directora encargada, Alix Aguilar Tirado.

Según reveló la revista Semana, al menos cinco denuncias formales fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Trabajo por supuestos episodios de maltrato, presión laboral extrema y persecución dentro de la entidad.

El caso más delicado corresponde al testimonio de un contratista que aseguró haber intentado suicidarse en varias ocasiones debido al ambiente laboral que, según afirmó, se generó bajo la dirección de Aguilar Tirado.

En el expediente conocido por el medio citado, el denunciante sostuvo que las presiones ejercidas por la funcionaria vulneraron sus derechos humanos y deterioraron gravemente su salud mental.

“Lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en un martirio”, señaló el contratista en una declaración incluida en la investigación periodística. El trabajador aseguró que las exigencias constantes, la presión psicológica y la sensación de persecución lo llevaron a perder el sentido de vida.

Las acusaciones no se limitan a un solo caso. Felipe Ramírez, exasistente de la directora encargada, entregó testimonios ante la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo en los que describió extensas jornadas laborales que incluían trabajo nocturno, madrugadas y fines de semana.

Según su relato, la carga laboral y el ambiente interno terminaron afectando de manera severa su estabilidad emocional y física.

Ramírez afirmó además que fue obligado a mantener contacto permanente con una persona a la que previamente había denunciado por acoso, situación que —según explicó— agravó aún más su deterioro psicológico. El exfuncionario sostuvo que dentro de la entidad existía un ambiente hostil marcado por intimidaciones, señalamientos y presiones permanentes.

Otra de las denunciantes, identificada bajo el nombre ficticio de Ligia Soto, relató en su carta de renuncia —presentada en abril de 2026— una “vulneración sistemática” de sus derechos fundamentales. La excontratista aseguró que en la entidad no existían condiciones dignas de trabajo ni garantías para desempeñar sus funciones en un entorno libre de violencia.

En una ampliación de su denuncia ante la Procuraduría, Soto describió una reunión realizada en marzo de 2026 en la que, según dijo, la directora encargada lanzó comentarios humillantes contra el equipo jurídico de la entidad.

La denunciante aseguró que durante ese encuentro “llovieron agravios e ignominias” contra abogados y contratistas, afectando su dignidad, autoestima y honra profesional.

La exfuncionaria también afirmó que Aguilar Tirado descalificaba constantemente a los abogados y manifestaba preferencia por contratar “técnicos o bachilleres” porque, según habría dicho, realizaban mejor el trabajo.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la revista, también se habrían realizado amenazas relacionadas con la no renovación de contratos, aprovechando la necesidad económica de varios trabajadores.

Las denuncias escalaron además hacia posibles presiones políticas dentro de la entidad.

Según el informe periodístico, algunos contratistas aseguraron que la permanencia laboral estaba condicionada al respaldo político hacia aliados del senador Gustavo Moreno, identificado como uno de los principales respaldos políticos de Aguilar Tirado.

El reportaje también menciona chats de WhatsApp en los que la directora encargada habría solicitado a contratistas asistir a actividades políticas e institucionales. En uno de los mensajes revelados, Aguilar Tirado indicó que la asistencia a ciertos eventos sería tomada como “evidencia de la cuenta de cobro del mes de abril”.

La funcionaria instruyó a integrantes de su equipo para asistir a las marchas del 1 de mayo convocadas por el presidente Gustavo Petro. El mensaje señalaba que la participación era “obligatoria” y pedía enviar evidencias fotográficas y publicaciones en redes sociales, según Semana.

Frente a las acusaciones, Aguilar Tirado negó haber cometido actos de acoso laboral o maltrato contra trabajadores y contratistas. Sostuvo que, por el contrario, denunció ante la Fiscalía a dos excontratistas por delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas, injuria y calumnia.