El congresista Alirio Uribe, miembro destacado del Pacto Histórico y figura cercana a Gustavo Petro, propuso ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la absolución penal del presidente de la República en la investigación sobre presunta financiación irregular de su campaña y violación de topes electorales.
Según el documento, al que accedió Semana, Petro quedaría exento de cargos, a menos que surja un hecho inédito antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que concluye su mandato.
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En el auto interlocutorio presentado oficialmente por el legislador, se ordena dictar una resolución inhibitoria que implica no abrir investigación formal contra el primer mandatario por los delitos de financiación ilegal, violación de límites electorales, omisión de información de aportantes y fraude procesal.
Adicionalmente, instruye enviar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos relacionados ocurridos entre el 18 de julio de 2022 y el 10 de noviembre de 2022, periodo en el que el Ministerio Público adelantó diligencias penales sobre los mismos hechos a pesar del fuero presidencial, e incluye la solicitud de remitir el caso de Ricardo Roa, gerente de la campaña, para una pesquisa independiente.
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La instrucción de transparencia y la auditoría en campaña, según la investigación
El texto, de 200 páginas, fundamenta la propuesta de absolución en la “ausencia total de dolo” y la “acreditada voluntad del investigado (Petro) de actuar bajo el principio de transparencia y estricto cumplimiento legal”. Para sostener este punto, el documento recoge los testimonios del presidente de Ecopetrol y gerente de campaña, Ricardo Roa, y de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, que respaldan que Gustavo Petro impartió “instrucciones perentorias para ser ‘minuciosos con la procedencia de los recursos y no violar los topes’, delegando la gestión operativa en profesionales cualificados bajo un régimen de auditoría interna y externa”.
El análisis penal enfatiza que esta delegación activa el “principio de confianza”, lo que permite al candidato confiar en que su equipo técnico presentará información veraz ante la autoridad electoral. No se halló prueba de que el hoy presidente de Colombia haya dado órdenes, incentivado o consentido el ocultamiento de información relevante para inducir a error al Consejo Nacional Electoral (CNE).
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En cuanto al manejo financiero, la investigación indicó que los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico estuvieron sometidos a un sistema riguroso de contrapesos, con auditorías internas y supervisión técnica permanente de la firma Nexia Montes & Asociados. Según las conclusiones de los peritos, “los estados financieros expresaban una imagen fiel de la realidad económica de la contienda”, lo que excluiría elementos para acusar una maniobra engañosa o tentativa de fraude procesal.
Divergencias dentro de la Comisión y posibles obstáculos a la resolución
La propuesta del congresista Alirio Uribe necesita la aprobación de los otros integrantes del triunvirato de investigación: Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Según asesores de Arizabaleta citados por Semana, existe la posibilidad de que ella solicite nuevas pruebas. El argumento se sustenta en que el CNE, en su sanción administrativa contra los directivos de la campaña de Petro por una suma superior a $5.300.000.000 consideró pruebas que la Comisión de Acusación de Representantes no habría revisado.
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El panorama se complica por la situación personal de Wilmer Carrillo, que fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión por irregularidades en un contrato de obra pública mientras se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander. Algunos de sus asesores comunicaron a la revista que Carrillo evalúa la posibilidad de emitir un auto propio, en el que podría expresar una postura contraria a la propuesta de absolución para el presidente colombiano. Esta eventualidad pondría en riesgo la conclusión del proceso a favor de Petro.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debe decidir si acoge la resolución inhibitoria impulsada por Alirio Uribe o si el caso seguiría en curso a raíz de nuevas pruebas o decisiones divergentes de los otros integrantes del cuerpo investigador.
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