El Concejo de Medellín realizó este sábado 25 de abril de 2026 una sesión reservada en medio de un ambiente de alta tensión institucional, luego de que varios de sus integrantes denunciaran amenazas derivadas de sus pronunciamientos sobre una presunta parranda vallenata realizada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, conocida como La Paz.
La reunión, que inició a las 9:00 a. m., fue convocada de manera extraordinaria por la Mesa Directiva con el propósito de evaluar riesgos, reforzar esquemas de protección y coordinar respuestas frente a la situación de seguridad que hoy rodea a los cabildantes.
La decisión de adelantar la sesión a puerta cerrada se sustentó en el artículo 30, literal d), del Reglamento Interno del Concejo Distrital de Medellín (Acuerdo 18 de 2024), norma que faculta a la corporación a declarar reservas cuando la naturaleza de los temas tratados compromete la seguridad o requiere estricta confidencialidad.
Según lo informado por la corporación y citado por El Tiempo, la medida busca garantizar un entorno de absoluta reserva técnica y jurídica ante la gravedad del caso.
La Mesa Directiva, integrada por Alejandro De Bedout, presidente del Concejo; Andrés Felipe Rodríguez, primer vicepresidente; y Farley Jhaír Macías, segundo vicepresidente, fue la encargada de liderar la convocatoria. Desde allí se coordinó la participación de autoridades locales, regionales y nacionales, en una jornada que no es frecuente dentro del cabildo distrital y que evidencia el nivel de preocupación institucional por las amenazas reportadas.
A la sesión asistieron el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía; el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; el procurador regional de Antioquia, Alejandro Henao Barrera; delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el personero distrital, Mefi Boset Rave.
La presencia de estas autoridades tuvo como objetivo principal evaluar los esquemas de protección de los concejales y analizar la magnitud de los riesgos derivados de las denuncias públicas que han realizado algunos de ellos.
El foco del encuentro estuvo centrado en los casos de Andrés Felipe Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín, y Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías, que han sido señalados como denunciantes clave de los hechos ocurridos el pasado 8 de abril al interior del centro penitenciario de Itagüí.
Según sus declaraciones, dentro del penal se habría realizado un evento no autorizado de tipo musical, en el que participó el cantante de vallenato Nelson Velásquez y al que habrían ingresado de manera irregular numerosas personas, en medio de la presencia de internos vinculados a estructuras criminales.
Carrasquilla fue quien inicialmente expuso material audiovisual sobre la celebración, alertando sobre posibles fallas en los controles de ingreso al establecimiento carcelario. Tobón, por su parte, presentó registros oficiales que darían cuenta de movimientos inusuales de visitantes durante la jornada del evento, además de señalar posibles responsabilidades de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), algunos de los cuales ya se encuentran bajo investigación.
Las denuncias no solo generaron un impacto institucional en el sistema penitenciario, también provocaron la suspensión de encuentros relacionados con la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y estructuras criminales del Valle de Aburrá, en el desarrollo de la política de “Paz Total”. De acuerdo con la información conocida, la divulgación de los hechos llevó a la interrupción temporal de estas conversaciones, lo que añade un nuevo elemento de tensión a un proceso ya cuestionado por su fragilidad.
La reacción del Inpec no se hizo esperar. La entidad rechazó la realización del evento dentro del penal, aseguró que no existía autorización para su ejecución y ordenó el relevo del director de la cárcel de Itagüí, así como la apertura de investigaciones internas contra varios funcionarios que estaban de turno el día de los hechos. Estas medidas buscan esclarecer cómo se permitió el ingreso masivo de personas y si existieron fallas administrativas o posibles actos de complicidad.
En paralelo, la situación ha escalado en el ámbito político y de seguridad. Las denuncias realizadas por los concejales y exfuncionarios derivaron en amenazas que motivaron la convocatoria de la sesión reservada del Concejo. El objetivo principal fue coordinar acciones urgentes para proteger la integridad de los implicados y sus familias, en medio de un escenario que las autoridades califican como crítico.
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