“Doble trámite, doble costo”: gremio alerta impacto de regulación en comercializadores de combustibles

El gremio ACICE alertó sobre el impacto de una regulación que estaría generando sobrecostos en el sector de combustibles. La duplicidad de trámites ha sido señalada como el principal problema, según información obtenida por Semana.

Los empresarios aseguran que deben cumplir con dos documentos que contienen la misma información. Esta situación estaría afectando directamente la operación y sostenibilidad de las compañías.

El sector advierte que los costos adicionales no pueden trasladarse al consumidor. Esto se debe a que sus márgenes están regulados por el Gobierno.

Duplicidad de trámites y efectos en el sector

La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) lanzó una advertencia al Gobierno Nacional sobre lo que considera una carga regulatoria excesiva que está impactando de manera directa la operación de las empresas del sector.

De acuerdo con el gremio, el principal problema radica en la exigencia simultánea de dos documentos: el Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte, los cuales contienen información idéntica relacionada con el traslado de combustibles.

Según explicó la organización, ambos registros incluyen datos como el origen, destino, volumen transportado y características del vehículo, lo que evidencia una duplicidad que, a su juicio, carece de justificación técnica y operativa.

Esta situación se traduce en un incremento de los costos administrativos para las empresas, que deben asumir el pago de ambos trámites sin recibir un valor agregado en términos de control o eficiencia del sistema.

El impacto es significativo si se tiene en cuenta que el sector opera bajo márgenes regulados por el Ministerio de Minas y Energía, lo que limita la posibilidad de trasladar estos costos al consumidor final.

En consecuencia, las compañías deben absorber directamente estos gastos adicionales, lo que reduce su rentabilidad y afecta su capacidad de inversión, operación y crecimiento dentro del mercado.

El gremio advirtió que esta carga regulatoria podría generar efectos negativos no solo para las empresas, sino también para la estabilidad del abastecimiento de combustibles en el país, en caso de que las condiciones económicas sigan deteriorándose.

Costos, pérdidas y llamado al Gobierno

La problemática se intensifica en los esquemas de distribución a múltiples clientes, donde el costo asociado al cumplimiento de estos requisitos puede superar incluso los márgenes permitidos por la regulación vigente.

En estos escenarios, las empresas enfrentan pérdidas operativas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de su actividad en determinadas rutas o regiones.

Desde ACICE se insiste en que esta situación genera una presión adicional sobre un sector que ya enfrenta múltiples desafíos operativos y regulatorios, lo que podría afectar su competitividad frente a otros mercados.

La representante legal del gremio señaló que la duplicidad de trámites no solo implica un mayor costo económico, sino también una carga administrativa innecesaria que ralentiza los procesos logísticos.

Ante este panorama, el gremio solicitó al Gobierno Nacional revisar la normativa vigente y avanzar hacia la unificación de criterios regulatorios que permitan simplificar los procedimientos.

En particular, propusieron que se reconozca la Guía Digital de Transporte como el único documento válido para estas operaciones, eliminando así la necesidad de tramitar el Manifiesto Electrónico de Carga de manera simultánea.

Esta medida, según ACICE, permitiría reducir costos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar condiciones más favorables para la operación de las empresas del sector energético.

Además, el gremio advirtió que mantener la actual duplicidad podría afectar la competitividad del país en materia logística y de distribución de combustibles, especialmente en un contexto donde la eficiencia operativa es clave.

Las empresas reiteraron la importancia de adoptar decisiones que faciliten la operación del sector, sin comprometer los mecanismos de control y vigilancia, pero evitando cargas innecesarias que impacten la sostenibilidad del negocio.

El llamado se da en un momento en el que el sector energético enfrenta retos estructurales y regulatorios, lo que refuerza la necesidad de revisar las normas vigentes para garantizar su funcionamiento eficiente y sostenible.