
El hallazgo de dos cuerpos cerró de la forma más dolorosa un caso que había mantenido en vilo a Jamundí. Los jóvenes, que habían sido secuestrados días atrás por hombres armados, fueron encontrados sin vida en zona rural del municipio, confirmando la gravedad de lo ocurrido.
Con ese descubrimiento se completa un cuadro trágico, ya son cuatro las víctimas mortales de un hecho que había encendido las alarmas en el sur del Valle del Cauca. Los jóvenes habían sido retenidos por integrantes de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las Farc que mantiene presencia en esta región del país.
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La secuencia de los hechos se remonta al miércoles 15 de abril, cuando hombres armados irrumpieron en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó y se llevaron por la fuerza a los cuatro jóvenes. Desde entonces, sus familias iniciaron una búsqueda angustiante, mientras las autoridades intentaban dar con su paradero.
Horas antes del último hallazgo, en la mañana del martes 21 de abril, ya se había confirmado la muerte de dos de ellos. Se trataba de Juan Viáfara y Felipe Zapata, de 18 y 19 años, quienes fueron encontrados con heridas de arma de fuego en la cabeza. El hallazgo anticipaba un desenlace aún más doloroso para las familias que seguían esperando noticias.
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La estructura Jaime Martínez, señalada como responsable, es una de las más fuertes dentro de las disidencias que operan entre Cauca y Valle del Cauca. Su presencia en corredores estratégicos ha sido reiteradamente advertida por las autoridades, especialmente en zonas rurales donde la capacidad institucional es limitada.
Desde el momento en que se conoció el secuestro, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la gravedad de lo ocurrido. “La afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida y limita el derecho de las juventudes a un buen futuro, al restringir sus oportunidades en condiciones de dignidad y seguridad”, señaló la entidad en un pronunciamiento público.
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Además, el organismo elevó un llamado directo al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco. “Para que cese de manera inmediata estas acciones y libere sin condiciones a las personas retenidas, respetando las normas del derecho internacional humanitario”, insistió la Defensoría en medio de la incertidumbre que rodeaba el caso en ese momento.
A nivel local, la reacción institucional también fue inmediata. La Alcaldía de Jamundí informó que “activó de manera inmediata todas las capacidades institucionales frente a la situación registrada en el corregimiento de Villa Paz, donde cuatro jóvenes de la comunidad fueron retenidos por hombres armados”.
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Sin embargo, el alcance de la emergencia superó rápidamente las capacidades del municipio. Por eso, la administración local hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar la respuesta y acompañar a las familias afectadas en medio de la crisis.
En ese contexto, la Alcaldía pidió acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan. “Solicitamos la adopción de medidas urgentes de prevención y protección, así como la implementación de las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 005 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo, con el fin de fortalecer la respuesta institucional y garantizar la seguridad de las comunidades del territorio”, expresó.
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El caso volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los jóvenes en territorios donde persisten actores armados ilegales. También evidencia las dificultades para prevenir este tipo de hechos en zonas donde el control estatal es frágil y las comunidades quedan expuestas a la violencia.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, en Jamundí queda un ambiente de dolor y preocupación. Las familias enfrentan el duelo, y la comunidad revive el temor de que situaciones similares vuelvan a repetirse en una región marcada por la disputa armada.
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