El uso de drones para lanzar explosivos y amenazas directas a la población rural han provocado una nueva crisis humanitaria en el municipio antioqueño, bajo la disputa entre las disidencias y el Clan del Golfo - crédito X
El municipio de Briceño, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, enfrenta una grave crisis humanitaria luego de que ataques con drones atribuidos a grupos armados ilegales provocaran el desplazamiento de al menos 166 personas pertenecientes a 83 familias, situación que llevó a autoridades locales y departamentales a exigir la suspensión de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc.
Los hechos ocurrieron en la zona rural del municipio, donde los bombardeos causaron daños en la infraestructura de casas, escuelas, iglesias y parques infantiles, profundizando el temor en la población.
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Contexto de violencia y desplazamiento en Briceño
La crisis se agudizó el lunes 20 de abril, cuando un nuevo ataque con drones impactó la vereda Las Auras, afectando diferentes infraestructuras. Las autoridades de Antioquia confirmaron que los constantes enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo por el control del territorio mantienen a la población bajo amenaza.
Los habitantes de las veredas Travesías, Pueblo Nuevo, El Roblal y El Orejón buscaron refugio en el casco urbano ante el temor de nuevos ataques.
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Desde el inicio de 2026 se han realizado 10 consejos de seguridad en la zona para coordinar la respuesta institucional. De acuerdo con Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, “quien está detrás de todas estas alteraciones del orden público es el frente 36 de las Farc. Él es el que asesina, él es el que desplaza”.
Estrategias de los grupos armados y respuesta institucional
Las autoridades identificaron 16 artefactos explosivos en la zona y detonaron al menos dos, mientras que la presencia de tropas del Ejército Nacional no ha logrado que la población retome sus actividades normales.
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El brigadier general Carlos Eduardo Caicedo, comandante de la Cuarta Brigada, indicó: “Ahora tenemos que enfrentar las minas y el lanzamiento de artefactos explosivos con drones. La presencia de la tropa está ahí. Estamos reforzando ese dispositivo para que la población pueda retornar de manera tranquila y segura”.
La Administración local decretó toque de queda entre las 9:30 p. m. y las 5:00 a. m., ordenó el cierre de establecimientos comerciales a las 8:30 p. m. y ley seca desde las 8:00 p. m. con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos y proteger a los habitantes. Estas medidas buscan apoyar la labor de la fuerza pública y contener el avance de los grupos ilegales.
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Debate político: llamados a suspender los diálogos de paz

El recrudecimiento de la violencia abrió un intenso debate sobre la viabilidad de mantener los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc. El secretario de Seguridad de Antioquia sostuvo que se trata de una crisis que requiere una “decisión política de romper los diálogos con ese bandido, en lo que a esta estructura se refiere”. Autoridades departamentales insisten en que la continuidad de las negociaciones no ha impedido los ataques ni el desplazamiento de la población.
La Administración municipal puso en conocimiento de la mesa de diálogo audios en los que presuntos integrantes de grupos armados intimidan a la población para que abandone sus viviendas. El material está siendo verificado por el Gobierno para establecer si corresponde efectivamente al frente 36.
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Consecuencias humanitarias y nuevas medidas de seguridad
El desplazamiento masivo generó una crisis humanitaria en Briceño. Más de 160 personas, integrantes de 86 familias, llegaron desde distintas veredas al casco urbano para buscar refugio tras los ataques. El incremento de la violencia coincide con una estrategia de las disidencias de las Farc para recuperar el control de rutas del microtráfico y corredores viales en la región.
Las autoridades confirmaron que en las próximas horas se reforzará la presencia policial y militar, con el objetivo de contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y brindar mayor seguridad a la comunidad. En las zonas rurales, el temor se mantiene en su punto máximo, pues los ataques diarios con drones y los combates afectan especialmente a la población campesina.
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Liderazgo de estructuras ilegales en el conflicto
Inteligencia militar señaló que detrás de los ataques estaría Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, considerado segundo cabecilla del frente 36 y promotor del resurgimiento del frente quinto en municipios como Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño.
El fortalecimiento de estas estructuras, bajo órdenes de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, responde a la disputa territorial con el Clan del Golfo, que también tiene presencia en la región.
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