“No se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”: Clan del Golfo entrega censo y Gobierno lo verificará

El Clan del Golfo aseguró que no tiene menores de edad en sus filas tras un censo interno. La información fue presentada en el marco del proceso de diálogo con el Gobierno, según información obtenida por Blu Radio.

El Gobierno anunció que verificará los datos entregados por el grupo armado. Las autoridades deberán contrastar la información con investigaciones propias.

El informe hace parte del Mecanismo Tripartito de Seguimiento en los diálogos. Este documento evalúa avances y retos del proceso en varias regiones del país.

Informe del censo y postura del Gobierno

El más reciente informe del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV), elaborado en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, reveló que el grupo armado no reporta la presencia de menores de edad en sus estructuras.

El documento, que cubre el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, recoge los resultados de un censo interno realizado por el propio grupo, en el que, según su versión, no se identificaron niños, niñas o adolescentes en sus filas.

“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a)EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, señala el documento, citado por Blu Radio.

Pese a esta afirmación, el Gobierno dejó claro que la información no se asumirá como definitiva y que será objeto de verificación por parte de las instituciones del Estado.

Águeda Plata, delegada del Gobierno en las conversaciones, explicó que el mecanismo se basa en los datos reportados por el grupo armado, pero que corresponde a la institucionalidad contrastar esa información.

“El mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y la institucionalidad del Estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder de acuerdo con la ley”, indicó la funcionaria, citado por ese medio de comunicación.

Esta postura refleja la cautela del Gobierno frente a los datos entregados, en un tema sensible como el reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano.

Avances del proceso y retos en los territorios

El informe también recoge otras conclusiones sobre el estado del proceso de diálogo, señalando avances que, aunque considerados parciales, se concentran principalmente en la fase inicial de alistamiento institucional.

Entre estos avances se destacan la instalación del Mecanismo Tripartito, la definición de su marco operativo y la conformación de grupos de trabajo en municipios priorizados como Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó, así como Mutatá, en Antioquia.

En materia de desarrollo territorial, el documento señala progresos diferenciados en programas piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance en este componente.

“El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito… no obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria”, advierte el informe.

El documento también resalta la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar condiciones de seguridad, incorporar enfoques étnicos y fortalecer la infraestructura para facilitar la movilidad y el comercio en estas regiones.

Por su parte, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, defendió los resultados del censo y aseguró que estos reflejan una realidad verificable en el terreno.

“Esto puede ser, en principio, inverosímil, pero es una realidad… no ha habido un solo menor de edad que haya sufrido afectaciones”, afirmó, citado por Blu Radio.

En el ámbito institucional, el informe destaca que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha fortalecido su presencia en los municipios priorizados, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la niñez y promover entornos seguros.

Asimismo, se reporta el cumplimiento del compromiso de no interferencia en acciones relacionadas con minas antipersonal durante el periodo evaluado, sin incidentes atribuidos al grupo armado.

El documento también menciona la designación de un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como parte del fortalecimiento institucional en el proceso.

Finalmente, el mecanismo identificó retos clave para la siguiente fase del diálogo, entre ellos la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios, ampliar la participación de la sociedad civil y consolidar la articulación entre entidades a nivel nacional, departamental y local.

El desarrollo de este proceso continuará bajo monitoreo, mientras el Gobierno avanza en la verificación de la información entregada por el grupo armado, especialmente en lo relacionado con la posible ausencia de menores en sus filas.