
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el salario vital permanecerá vigente y los derechos laborales y pensionales han recibido respaldo de las altas cortes.
Así lo reconfirmó el funcionario a través de un video publicado en la red social X, en el que valoró como “dos buenas noticias para el pueblo trabajador” las recientes decisiones judiciales que impactan directamente a millones de trabajadores y pensionados en Colombia.
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Según explicó Sanguino, el Consejo de Estado confirmó la continuidad del decreto transitorio expedido por el presidente de la República Gustavo Petro y por el propio Ministerio de Trabajo el 19 de febrero de 2026.
El funcionario precisó que este decreto reemplazó el anterior, identificado como 14/69 de diciembre de 2025, el cual había sido suspendido. Así, el Gobierno sostuvo la validez de su competencia para adoptar medidas provisionales en materia salarial “mientras se toma una decisión definitiva”.

En ese contexto, el ministro subrayó que el aumento del salario mínimo, ahora denominado salario vital, seguirá aplicándose. “Óigase bien, sigue en firme el salario vital”, afirmó Sanguino.
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El representante de la cartera laboral subrayó que “aquí no hay reversa en estos derechos”, remarcando la vigencia de la política salarial defendida por el Ejecutivo.
A la decisión sobre el salario vital se suma otro pronunciamiento relevante de la Corte Suprema de Justicia.
Según relató Sanguino, la alta corte determinó que las personas que se hayan trasladado de fondos privados de pensiones a Colpensiones sin haber recibido “información clara, veraz y oportuna” o que hayan sido “inducidas a error en la asesoría del fondo privado”, podrán ser indemnizadas si ello tuvo consecuencias económicas negativas en el monto de la pensión recibida.
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“Si usted se trasladó a Colpensiones sin una información clara, veraz y oportuna, o fue inducido a error en la asesoría del fondo privado y esto tuvo consecuencias económicas negativas respecto a la pensión que finalmente recibió, debe ser indemnizado por el daño causado”, puntualizó el ministro, citando el fallo de la Corte.
Esta disposición podría beneficiar a miles de afiliados que enfrentaron afectaciones patrimoniales tras el cambio de régimen pensional.
Antonio Sanguino: “Sigue en firme el salario vital” tras respaldo judicial - crédito @AntonioSanguino/X
Con estas decisiones, las altas cortes “envían un mensaje de respeto y garantía de los derechos laborales y pensionales”. En palabras de Sanguino, “dos decisiones, un mismo mensaje: los derechos laborales y pensionales se respetan y se hacen valer”.
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El funcionario reiteró que las resoluciones judiciales constituyen un respaldo a la política pública orientada a proteger el bienestar de la población trabajadora y pensionada del país.
El salario mínimo de 2026 en Colombia se mantiene en $2 millones tras decisión del Consejo de Estado
El salario mínimo para 2026 en Colombia seguirá con las mismas cifras tras la reciente decisión del Consejo de Estado, que confirmó la suspensión del decreto original que autorizó el incremento.
El alto tribunal ordenó al Gobierno de Gustavo Petro expedir un decreto transitorio para mantener los valores actuales mientras avanza el proceso judicial que determinará la legalidad de la medida.
En la actualidad, el salario mínimo establecido es de $2.000.000, incluyendo un auxilio de transporte de $249.095 y un salario básico de $1.750.905. Estos montos, fijados en el decreto transitorio, deberán aplicarse en todos los contratos laborales durante el tiempo que dure el análisis judicial.
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La decisión del Consejo de Estado, adoptada inicialmente el 12 de febrero, impide que el decreto original produzca efectos hasta que se evalúe si el aumento cumple con las exigencias legales y técnicas.
El tribunal aclaró que “no impone una cifra ni reemplaza la función del Ejecutivo”, sino que exige que cualquier ajuste salarial sea sustentado con criterios técnicos y conforme a la normativa.
La suspensión tiene carácter provisional y busca garantizar transparencia y cumplimiento de los requisitos legales antes de validar el acto administrativo en forma definitiva.
La solicitud de aclaración presentada por algunos demandantes también fue rechazada, ya que las instrucciones del tribunal eran consideradas claras y no generaban dudas. Mientras el caso sigue bajo estudio, las cifras fijadas en el decreto transitorio continúan siendo de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
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