El ciudadano albanés Florind Rama, también identificado como Terziu Florín, se convirtió en el centro de una operación internacional tras ser capturado en la ciudad de Pereira.
Su detención fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Metropolitana de Pereira, la Europol y otras agencias de seguridad internacionales, luego de que fuera requerido mediante una notificación roja de Interpol por graves delitos cometidos en Europa.
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Rama era buscado por su presunta participación en un secuestro, tortura y asesinato ocurrido el 30 de junio de 2022 en Marbella. En ese hecho, la víctima —identificada como Aleksandar K., ciudadano serbio— fue hallada con signos de violencia extrema y heridas de arma de fuego en la urbanización Golden Beach.
El caso generó gran impacto en España y en otros países europeos debido a los vínculos de la víctima con estructuras de narcotráfico y su papel como informante en investigaciones lideradas por autoridades alemanas.
Las autoridades judiciales españolas, específicamente el juzgado de instrucción central número 3, emitieron órdenes de captura contra Rama en julio de 2022 y posteriormente en noviembre de 2023.
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Desde entonces, el albanés permanecía prófugo, moviéndose entre distintos países europeos y, finalmente, trasladándose a Colombia, donde intentó ocultarse.
Durante cerca de un año, Rama logró evadir a las autoridades instalándose en diferentes sectores de Pereira como Cerritos, Álamos y Pinares.
Según la investigación, modificaba constantemente sus rutinas, cambiaba de vehículos y utilizaba identidades falsas para pasar desapercibido. En un inicio, incluso llegó a presentarse como ciudadano alemán.
Uno de los elementos clave para su localización fue el uso de múltiples documentos de identidad. Las autoridades lograron establecer que utilizaba al menos dos pasaportes oficiales, lo que le permitió desplazarse por países como Reino Unido, Montenegro, Serbia, Croacia, Alemania y España. Sin embargo, el intercambio de inteligencia entre organismos internacionales permitió confirmar su verdadera identidad y antecedentes judiciales.
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La captura se produjo en el marco de la llamada Operación Trípoli, una estrategia orientada a desarticular estructuras de crimen organizado transnacional.
De acuerdo con el coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Rama haría parte de una banda criminal europea con conexiones en varios países del continente.
El caso no solo está ligado al homicidio en Marbella. Las investigaciones apuntan a que Rama tendría vínculos con clanes criminales de origen balcánico que operan entre Montenegro, Serbia y Croacia, además de contactos en Alemania.
Incluso, se analizan coincidencias balísticas entre el arma utilizada en el crimen en España y otros hechos delictivos registrados en territorio alemán, lo que podría ampliar el alcance de las acusaciones.
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Durante el operativo de captura, Rama intentó engañar nuevamente a las autoridades presentando documentación falsa. No obstante, para ese momento los investigadores ya contaban con información precisa sobre su identidad. Según el general William Rincón, director de la Policía, la cooperación internacional fue determinante para ubicarlo y proceder con su detención.
Además del caso en Europa, las autoridades colombianas abrieron nuevas líneas de investigación tras su captura. Se evalúan posibles vínculos de Rama con redes de narcotráfico en Pereira y en el eje cafetero, así como conexiones con organizaciones criminales de alcance global.
Entre estas se mencionan estructuras como ‘la Cordillera’ y posibles nexos con carteles internacionales como los de Sinaloa y Jalisco.
Otro elemento relevante es el uso de vehículos de alta gama asociados al caso. Las autoridades europeas documentaron que los responsables del crimen en Marbella se movilizaban en automóviles como una camioneta Porsche Cayenne y un vehículo Volkswagen, detalles que forman parte del expediente judicial.
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Actualmente, Florind Rama enfrenta un proceso de extradición hacia Europa, donde deberá responder por delitos como asesinato, detención ilegal, porte de armas y pertenencia a organización criminal. Mientras se define su situación jurídica, las autoridades continúan investigando sus posibles actividades en Colombia.
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