La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció una medida que beneficiará económicamente a millones de usuarios del servicio de gas natural en distintas regiones del país, luego de llegar a un acuerdo con la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur) para devolver recursos que fueron cobrados de manera improcedente.
La decisión se produjo tras una revisión técnica realizada por la entidad de control, que identificó inconsistencias en la aplicación de la metodología tarifaria utilizada por la compañía para calcular algunos cobros incluidos en las facturas del servicio.
Según explicó la Superintendencia, las verificaciones permitieron establecer que Progasur aplicó un porcentaje superior al 10,94 % autorizado dentro del esquema regulatorio vigente para la prestación del servicio de gas natural en Colombia.
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Como consecuencia de esa situación, la entidad concluyó que los valores cobrados por encima del límite permitido no se ajustaban a la normatividad establecida y, por lo tanto, debían ser restituidos a los usuarios afectados.
La medida fue adoptada luego de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, que determinó la existencia de diferencias acumuladas entre julio de 2023 y mayo de 2026, según información divulgada por Revista Semana.
Más de $8.700 millones serán devueltos a los usuarios
De acuerdo con el acuerdo alcanzado entre la entidad de vigilancia y la empresa prestadora del servicio, el valor total que deberá ser reintegrado asciende a más de 8.796 millones de pesos.
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La suma corresponde a las diferencias acumuladas por los cobros realizados entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026, periodo durante el cual se aplicaron los valores que posteriormente fueron considerados improcedentes por la autoridad competente.
La Superintendencia precisó que los recursos serán devueltos directamente a los usuarios mediante descuentos reflejados en las facturas del servicio de gas natural.
Con este mecanismo se busca facilitar la compensación sin necesidad de que los beneficiarios adelanten trámites adicionales para acceder a la devolución de los recursos.
Los descuentos comenzarán en junio
El cronograma definido por las partes establece que las devoluciones empezarán a aplicarse a partir de junio de 2026.
Los alivios económicos se reflejarán gradualmente en las facturas de los usuarios y se mantendrán hasta el 31 de diciembre de este mismo año, fecha en la que deberá concluir el proceso de compensación establecido por la Superintendencia.
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La entidad explicó que este esquema permitirá efectuar la restitución de manera progresiva y ordenada, evitando dificultades administrativas tanto para la empresa como para los usuarios beneficiados.
Además, la medida pretende garantizar que todos los afectados reciban la devolución correspondiente dentro de los tiempos definidos por las autoridades.
Supervisión para garantizar el cumplimiento
La Superintendencia de Servicios Públicos informó que mantendrá un seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo.
Según explicó la entidad, se realizarán controles para verificar que las devoluciones se ejecuten conforme a los montos establecidos y dentro de los plazos fijados.
El organismo de vigilancia reiteró que continuará monitoreando el proceso con el propósito de garantizar transparencia y asegurar que los usuarios reciban efectivamente los descuentos que les corresponden.
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Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden acudir a los canales oficiales de atención en caso de detectar inconsistencias o si consideran que los descuentos aplicados no coinciden con lo establecido en la decisión adoptada.
Llamado a revisar las facturas
Las autoridades recomendaron a los usuarios revisar detalladamente las próximas facturas del servicio de gas natural para verificar la aplicación de los alivios económicos.
La medida busca que los beneficiarios puedan identificar oportunamente los descuentos derivados de la devolución y reportar cualquier novedad que consideren irregular.
Con esta decisión, la Superintendencia pretende restituir recursos cobrados indebidamente y fortalecer los mecanismos de control sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, garantizando que las tarifas aplicadas por las empresas se ajusten a la regulación vigente.
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La devolución de más de 8.796 millones de pesos representa uno de los procesos de compensación más relevantes anunciados recientemente en el sector de servicios públicos y beneficiará a miles de hogares y pequeños establecimientos que durante los últimos años asumieron cobros superiores a los autorizados por la normativa colombiana.
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