Caso Álvaro Uribe: Corte Suprema rechazó recusación de la defensa y mantendrá a dos magistrados en la investigación de su campaña al Senado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para apartar a los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda del expediente que adelanta la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de hechos relacionados con su campaña al Senado en 2018.

El recurso había sido presentado por el abogado Jaime Granados, que solicitó la recusación de los dos magistrados al considerar que existían elementos que comprometían la garantía de imparcialidad dentro del proceso.

Sin embargo, la Sala de Instrucción concluyó que la recusación no cumplía los requisitos para prosperar y la declaró improcedente. Con esta determinación, los magistrados continuarán vinculados al estudio del expediente relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos vinculados a la actividad política de 2018.

Argumentos de la defensa

En su solicitud, la defensa del expresidente señaló una posible “afectación a la imparcialidad objetiva” y a la apariencia de neutralidad que debe regir la función judicial en actuaciones penales de esta naturaleza.

La petición se centró en cuestionamientos sobre la participación previa de los magistrados en actuaciones relacionadas con el mismo entorno procesal, lo que, según la defensa, generaría dudas sobre la objetividad en la toma de decisiones.

No obstante, la Sala de Instrucción consideró que dichos argumentos no eran suficientes para separar a los magistrados del expediente, por lo que resolvió rechazar la recusación.

Decisión del alto tribunal

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió que los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda no debían ser apartados del caso tras analizar la recusación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La Sala declaró “infundada” la solicitud de recusación, decisión adoptada con el apoyo de dos conjueces que participaron en la deliberación. En este escenario, el alto tribunal determinó que no existían razones suficientes para comprometer la imparcialidad de los magistrados recusados.

Con esta resolución, el despacho del magistrado César Reyes, quien actúa como ponente del caso, podrá retomar las actuaciones investigativas del expediente. La investigación se mantiene activa y continúa bajo la competencia de la Sala de Instrucción.

La decisión también implica el levantamiento de la suspensión que había generado el trámite de la recusación, lo que permite reanudar la práctica de pruebas y la recolección de elementos dentro del proceso.

El origen de la investigación

El proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia está relacionado con hechos vinculados a la financiación de actividades políticas en 2018, cuando el entonces candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez participó en esa contienda electoral.

Dentro del expediente se analiza un aporte reportado de 20 millones de pesos atribuido a Samuel David Niño Cataño, un piloto que ha sido mencionado en la investigación por su presunta participación en la donación de un vuelo utilizado durante la campaña.

De acuerdo con los registros del sistema de cuentas de campaña, el vuelo aparece consignado como una contribución en especie. Este hecho ha sido objeto de verificación por parte del magistrado César Reyes, que abrió una nueva línea de investigación en marzo de 2025 para establecer el origen y la legalidad del aporte.

En relación con este punto, el exmandatario señaló públicamente que el registro obedecía a la declaración de su equipo de campaña. En su versión, indicó que el vuelo fue incluido dentro de los informes oficiales presentados ante las autoridades electorales. “(...) mi gerente de campaña puso en mi declaración de ingresos que se presentó ante el Consejo Electoral el valor de la donación de ese vuelo, porque yo fui uno de los pasajeros de ese vuelo”, señaló Uribe en declaraciones conocidas en el expediente.

El caso también ha sido referido en actuaciones previas de entidades como el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que remitieron el expediente al alto tribunal para su estudio.