Abelardo de la Espriella denunció que Petro ordenó violar la Constitución al remover al Ministro de Hacienda de la junta del Banco de la República: “No es una opción”

En un pronunciamiento que ha generado gran atención en el ámbito político y económico, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció que el presidente Gustavo Petro ordenó violar la Constitución al instruir la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, de la presidencia de la junta directiva del Banco de la República.

Según de la Espriella, esta decisión constituye un “golpe a la Constitución”, en referencia al artículo 372, que establece de manera expresa que la función de presidir la junta corresponde al ministro de Hacienda y no admite discrecionalidad por parte del Ejecutivo.

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En su mensaje en X, de la Espriella afirmó que “prevarican él y su ministro, y con ello desatan, desde el Gobierno, una acción subversiva ante la integridad constitucional del Estado”.

Para el aspirante presidencial, la instrucción de Petro representa un atropello directo a la institucionalidad y un quiebre sin precedentes en la coordinación de la política económica del país.

Añadió que “el Gobierno criminal que atropella la institucionalidad debe ser enfrentado con carácter y ardentía”, destacando la gravedad que, a su juicio, tiene la medida en el marco del orden legal y político de Colombia.

El conflicto se produjo en medio de la segunda reunión de la junta del Banco de la República en 2026, en la que se decidió un aumento de la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, llevándola a 11,25 %.

De la Espriella señaló que la decisión de Petro de retirar al ministro de Hacienda tras este incremento no solo desafía la Constitución, sino que también pone en riesgo la estabilidad institucional y financiera del país.

Según él, “los pueblos no son suicidas” y alertó sobre las posibles consecuencias de permitir que “una corriente política, en este caso el uribismo” continúe dominando la junta mediante lo que él considera maniobras del Ejecutivo.

En la misma publicación, de la Espriella recordó que la función del ministro de Hacienda en la junta no es opcional, sino un mandato constitucional que garantiza la coordinación entre la política fiscal y monetaria. “No se trata de una empresa privada ni hay discrecionalidad posible”, aseguró, insistiendo en que la orden de Petro constituye una violación directa del marco legal.

Para él, esta ruptura representa una amenaza al alma de la colombianidad y requiere que los ciudadanos y los sectores políticos actúen con firmeza para defender los principios fundacionales del país.

El abogado y candidato presidencial también contextualizó la controversia con las recientes decisiones del Banco de la República.

Explicó que el incremento de la tasa responde a la necesidad de controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo, en un momento en que los precios han mostrado índices del 5,4 % en enero y 5,3 % en febrero, con expectativas de cerrar el año en 6,3 %.

De la Espriella argumentó que, frente a estas medidas, la salida del ministro genera un vacío institucional y un precedente sin comparación en la historia reciente de Colombia.

En su análisis, destacó que la ausencia del Gobierno en la junta podría derivar en decisiones económicas adoptadas sin la representación constitucional del Ejecutivo, lo que abriría interrogantes sobre la legitimidad de la política monetaria.

Asimismo, reiteró que esta situación requiere de “fuerza en las decisiones y convicción en los principios” para garantizar que la institucionalidad no sea erosionada por intereses políticos inmediatos.

El pronunciamiento de de la Espriella se produce en un contexto de alta tensión política. Mientras el Gobierno reclama menores tasas para estimular el crecimiento y facilitar el crédito, el Banco de la República ha adoptado un enfoque contractivo, lo que ha generado reacciones adversas en los mercados financieros.

El abogado y candidato presidencial consideró que este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el banco central evidencia una fractura inédita en la política económica del país y alerta sobre los riesgos de un quiebre institucional.