Gobierno de Francia aclaró cuál será el futuro del Liceo Francés en Bogotá: “No está ni estará en venta”

Después de varias semanas de incertidumbre, luz verde frente al control y manejo administrativo del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.

En un comunicado conocido a la opinión publica, la Agencia para la Educación Francesa en el Exterior (Aefe), la embajada de Francia en Colombia y la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza anunciaron un acuerdo con el Consejo de Administración para adoptar nuevos estatutos, una condición para renovar por cinco años el convenio entre la institución educativa y el gobierno europeo.

Según las autoridades francesas, en el texto revelado por Caracol Radio la decisión quedó supeditada a un proceso de concertación entre las partes. También indicaron que la adopción formal de los estatutos quedó prevista para el transcurso de la primera semana de junio.

“La renovación del convenio que vincula al establecimiento con la AEFE por un período de cinco años será igualmente formalizada esta semana. El otrosí a dicho convenio será firmado de manera concomitante, consolidando así el marco de asociación en el que se inscribe el establecimiento para los años venideros”, señaló la Aefe en el comunicado público.

Del mismo modo, la agencia desmintió de forma categórica los rumores sobre una supuesta venta del colegio en Bogotá, recalcando que “nunca ha estado en venta, no lo está y no lo estará”.

“Tales afirmaciones carecen de todo fundamento y no reflejan en modo alguno la realidad de la situación. Por ello, invitamos a todos los miembros de la comunidad a ejercer el debido discernimiento frente a informaciones no verificadas”, mencionaron.

Sin embargo, la agencia no detalló el trasfondo del desacuerdo ni los señalamientos previos del Consejo de Administración sobre gobernanza, auditorías contratadas y supuestos hallazgos de irregularidades.

Contexto de la polémica

La tensiones comenzaron a mediados de mayo entre padres de familia, el Consejo de Administración, la embajada de Francia y la propia Aefe, en un escenario marcado por el hermetismo sobre decisiones internas y una disputa por el control de la gobernanza.

El detonante fue la intención de ejecutar un proyecto de desarrollo urbanístico dentro del plantel, con la consiguiente reducción de zonas verdes utilizadas por los alumnos.

El Consejo de Administración, integrado por padres de familia y exalumnos, defendía obras como una piscina olímpica, una galería de arte y salones múltiples con el argumento de que beneficiarían a los estudiantes.

Sin embargo, la controversia se extendió luego de que sectores de la comunidad denunciaron que el plan también contemplaba apartamentos para la venta y locales comerciales para alquiler. Esas objeciones apuntaban a la posible transformación de terrenos de una entidad sin ánimo de lucro en un negocio inmobiliario de gran escala y a la eventual entrada de un fondo de inversión privado.

A partir de ahí, la discusión dejó de ser solo urbanística y pasó a ser institucional. Colectivos de exalumnos y padres de familia denunciaron que el Consejo de Administración operaba con “secretismo” y bajo un modelo de “club cerrado”, además de impulsar reformas estatutarias de manera opaca.

El enfrentamiento también incluyó un choque directo entre la junta directiva local y el rector Maxime Prieto, donde se lanzaron acusaciones mutuas de irregularidades administrativas y corrupción después de auditorías internas.

La Agencia Francesa para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (Aefe) intervino con una comisión de urgencia y ordenó la suspensión del rector para auditar a fondo la situación. Asimismo, se confirmó que a partir de septiembre asumirá la dirección Jan Mark Auri, exdirector de la AEFE a nivel global.

En paralelo, la Secretaría de Educación de Bogotá suspendió la personería jurídica de la Asociación de Padres de Alumnos por un periodo de 4 meses debido a irregularidades detectadas en su funcionamiento.

Pese a esa sanción, existen denuncias públicas según las cuales la junta directiva suspendida habría seguido recaudando cuotas económicas y operando a puerta cerrada. Esas acusaciones se sumaron a un cuadro más amplio de cuestionamientos sobre transparencia, control institucional y manejo administrativo dentro del colegio.