Director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, fue amenazado de muerte, aseguró Gustavo Petro: “Ministro de Defensa, tome nota”

Durante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, se reveló una denuncia que involucra al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

Mientras el funcionario exponía los avances de su gestión al frente de la entidad, quedó en segundo plano que, desde 2024, se han aprehendido 327 predios que suman 81.915 hectáreas destinadas a la Reforma Agraria, debido a la interrupción realizada por el presidente.

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Mientras Harman seguía mostrando los resultados junto a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) por cuenta de la adquisición de unos terrenos en el Magdalena Medio, el funcionario resaltó el caso del municipio Puerto Boyacá.

Ahí fue cuando Petro puso alto a la exposición y abrió un paréntesis en la reunión para señalar la denuncia: “(A) usted lo estaban amenazando por eso”, menciona el presidente. “Así es”, asiente Harman.

“De muerte”, agrega el mandatario, a lo que el director de la ANT reafirmó: “Así es, presidente”.

Gustavo Petro ahondó en esta acción: “¿Y es quién? ¿(Federico) Almanza?"

A lo anterior, Harman contestó: “Sí, hay un señor Almanza que...” y justo en ese instante Petro le quita la palabra y manda una directriz al jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez: “El ministro de Defensa tome nota. El señor Almanza quiere matar al director de ANP o... entonces, todo el campesinado de reforma agraria en Magdalena Medio tiene que ser cuidado”.

En concreto, y como se mencionó desde el equipo de prensa de la ANT, se estaría refiriendo Federico Almanza, señalado como presunto testaferro del “cartel de las marionetas”, agrega la oficina de comunicaciones de la Agencia.

Por lo anterior, el presidente Petro le pidió a la Policía “tener una unidad (...) eso he hablado varias veces, especializada en la protección de campesinos beneficiarios de reforma agraria, porque la mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos, (...) habiendo sido bienes de extinción de dominio”.

En su intervención, el jefe de Estado fue más allá y aseguro que “están (en) toda una ofensiva para recuperar los bienes y entre otras, lograr unas sentencias favorables (...) Y eso no puede ser en Colombia, ¿devolverle los bienes a la mafia? Imagínense. Toda una contrarreforma total".

La decisión judicial sobre Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras

Un juez de Bogotá ordenó el arresto durante cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, tras constatar su incumplimiento de una orden judicial vinculada a un derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia.

La decisión, tomada por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, implica además una multa económica y la compulsa de copias a la Fiscalía General para que investigue posibles responsabilidades penales derivadas del presunto desacato.

Esta medida se conoció el 6 de marzo y tiene como fin asegurar el acceso a la información sobre procesos de adquisición de tierras y resalta demoras administrativas dentro de la ANT, señaló La FM.

La sanción afecta también a la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, quien deberá cumplir cinco días de arresto y abonar, al igual que Harman, una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En suma, las sanciones económicas superan los 31 millones de pesos, de acuerdo con la resolución judicial citada la misma emisora.

Estas medidas buscan responder a la omisión frente a la solicitud presentada por la senadora Valencia en noviembre de 2025, en la que pedía información específica sobre la compra del predio “Peñasgordas”, ubicado en Dagua, Valle del Cauca.

El juzgado constató 53 días hábiles de incumplimiento a la orden de tutela

El caso se remonta al 20 de noviembre de 2025, cuando la senadora Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático y precandidata presidencial, radicó un derecho de petición ante la Agencia Nacional de Tierras.

En su solicitud, Valencia exigía detalles sobre la compra del predio “Peñasgordas”, cuya adquisición consideraba irregular debido a que el terreno estaba, según su equipo, ocupado por comunidades campesinas desde hacía más de dos décadas, lo cual –a su juicio– impedía una compra legal en el marco de los programas estatales de reforma agraria.

Ante la ausencia de respuesta, la senadora interpuso una acción de tutela para salvaguardar su derecho fundamental a la información pública.

El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor el 16 de diciembre de 2025, ordenando a la ANT responder de fondo la petición en un plazo de 48 horas.

No obstante, según consta en el expediente, la entidad “no acreditó el cumplimiento de la orden dentro del término establecido”, ya que “hasta la fecha han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden”, según se lee en la providencia judicial, consultada por la emisora.

De acuerdo con la jueza, la persistente moratoria configuró un acto de desacato, lo que movilizó la imposición de las sanciones correspondientes al director y la secretaria general de la entidad, junto a la notificación a la Fiscalía General de la Nación para que abra una investigación sobre la eventual comisión de delitos.