Después de que el país conociera que la Fiscalía investiga a Jorge Enrique Moreno Rodríguez, padre de Laura Moreno, absuelta por el asesinato del joven estudiante Luis Andrés Colmenares, se siguen conociendo nuevos detalles del caso.
De hecho, en la mañana del miércoles 27 de enero se supo que el ente acusador mantiene su atención en 20 propiedades del empresario que, presuntamente, se habrían usado para lavado de activos en el marco del caso ‘La Patrona’, relacionado con el desfalco de más de 2,3 billones de pesos contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según información conocida por El Tiempo.
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Moreno Rodríguez está vinculado a una trama de evasión fiscal que involucra a figuras de alto perfil y ha cobrado notoriedad mediática por su parentesco con una de las absueltas en el proceso Colmenares.
La investigación avanza tras la programación de una audiencia de imputación de cargos para el 19 de enero pasado, en la que la Fiscalía planeaba formalizar la acusación por lavado de activos contra Moreno Rodríguez.
El empresario figura en el expediente principal del caso ‘La Patrona’, centrado en una red liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán, alias La Patrona, capturada en 2019. Díaz Guzmán fue identificada como cabecilla de una estructura de empresas fachada que inflaban costos y simulaban operaciones para dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos.
El esquema ‘La Patrona’ es reconocido como uno de los mayores casos de evasión fiscal en Colombia, con un perjuicio a la Dian estimado en más de 2,3 billones de pesos. La Fiscalía sostiene que, a través de operaciones con empresas fachada y facturación falsa, se habría ocultado el origen ilícito de recursos durante más de diez años, permitiendo a empresarios y colaboradores eludir la normativa tributaria.
Entre las compañías bajo investigación destaca Montajes JM, propiedad de Moreno Rodríguez. Fundada en Casanare en 1997, la empresa se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil, extracción de petróleo, tratamiento de metales y alquiler de maquinaria.
En 2010, en plena época del desfalco, registró activos por al menos 99 mil millones de pesos. La firma se encuentra en proceso de reorganización desde 2018 y en 2024 reportó 224 millones de pesos en activos. La Fiscalía indaga si Montajes JM recurrió a nueve empresas fachada para generar facturas falsas con el fin de simular operaciones legales dentro del esquema investigado, según información conocida por la revista Cambio.
Sin embargo, información conocida por El Tiempo estableció que la Fiscalía tiene identificadas 20 propiedades de Moreno Rodríguez en diferentes departamentos. En Bogotá hay tres inmuebles en la zona norte, un lote en Hacienda La Luna, dos oficinas en Unicentro (Usaquén) y un apartamento en Ciudad Salitre.
En Casanare, figuran lotes como Ángela María, El Oro, Las Delicias, Campoalegre, Sierra Morena, El Paradero y Cantamonos 1 y 2, así como dos casas en Yopal. Hay tres propiedades en Honda (Tolima) y un lote en Acacías (Meta). Además, Moreno Rodríguez está registrado como persona natural por actividades productivas relacionadas con la cría de ganado y la ingeniería civil.
En declaraciones a El Tiempo, Jesús Yepes, abogado de Moreno Rodríguez, rechazó las acusaciones y cuestionó el enfoque mediático del proceso y aseguró que el empresario nunca pagó por recibir facturas falsas de alias La Patrona.
El togado también calificó de “acto de espectacularidad” la actuación de la Fiscalía y resaltó que, en un inicio, la investigación era por enriquecimiento ilícito, pero luego se transformó en una imputación por lavado de activos, centrada en hechos ocurridos entre 2006 y 2009.
El abogado indicó que el valor de las facturas señaladas como inexistentes por la Fiscalía representa menos del 10% de lo divulgado en medios de comunicación. Añadió que la empresa de Moreno es una entre 2.000 compañías en revisión y consideró que la atención sobre su cliente responde a su relación familiar con Laura Moreno, quien fue absuelta en el caso Colmenares.
“Se están revisando los hechos que comprenden desde el año 2006 hasta 2009. Se está revisando la información de la empresa para soportar con pruebas y mirando alternativas con la justicia administrativa”, señaló Jesús Yepes.
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