Gustavo Petro confirmó la candidata de Colombia para la Corte Penal Internacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la postulación de Diana Carolina Olarte Bácares como candidata del país para ocupar el cargo de magistrada de la Corte Penal Internacional durante el periodo 2027-2036.

El anuncio fue realizado por el mandatario colombiano, por medio de una publicación realizada el domingo 29 de marzo en su cuenta de X, al considerarlo como una decisión que subraya la intención de fortalecer la presencia colombiana y latinoamericana en uno de los máximos organismos de justicia internacional.

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“Nuestra candidata para ser juez en la Corte Penal Internacional es Carolina Olarte Bácares, gran defensora de los derechos humanos y del derecho de gentes en el mundo”, comentó el jefe de Estado colombiano en la red social mencionada.

La formalización de su candidatura fue realizada por la el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cumplimiento del cierre del plazo de postulaciones.

La elección, que se realizará entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), distribuirá seis vacantes para jueces entre once postulantes de distintas partes del mundo.

En este proceso de selección, el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac) presentó únicamente la candidatura de Olarte Bácares, lo que singulariza su representación regional en una competencia que agrupa a postulantes de diversas geografías para seis puestos clave en la Corte Penal Internacional.

Perfil de Diana Carolina Olarte Bácares

La abogada Diana Carolina Olarte Bácares reúne una trayectoria académica y profesional enfocada en el derecho internacional, los derechos humanos y el arbitraje de inversiones.

Según el perfil mencionado por la Cancillería de Colombia, es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y doctora en Derecho por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

Entre abril de 2020 y enero de 2023, ocupó el cargo de decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Desde hace tres años, representa a Colombia como embajadora en Países Bajos.

En medio de su tarea diplomática, la abogada fue una de las representantes de Colombia en la demanda presentada contra Israel, el 29 de diciembre de 2023, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por las “violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” contra Franja de Gaza. Así mismo, en 2022 fue coagente del caso de litigio entre Colombia y Nicaragua.

Además de su rol diplomático, Olarte Bácares integra la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Consejo Directivo de la Global Business and Human Rights Scholars Association. Destaca también como fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (Accoldi).

Igualmente, recibió el reconocimiento institucional en 2025, con la entrega de la Medalla Francisco de Paula Pérez, lo que refleja la valoración de su liderazgo en el ámbito jurídico colombiano.

Durante el acto oficial de su postulación ante la Cancillería colombiana, Olarte Bácares expresó que la designación es “un acto de confianza y a su vez un acto de compromiso con el rol fundamental de la Corte Penal Internacional, en particular, en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces, así como en el rol fundamental que cumple para mantener la justicia, la paz y la seguridad internacional”.

Entre los ejes de su candidatura figura la integración de la experiencia colombiana en resolución de conflictos y construcción de paz con los estándares globales. Propone una pedagogía orientada a fortalecer el entendimiento internacional del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, llevando el aprendizaje académico al sistema judicial global.

La nominación de Olarte Bácares supone un paso decisivo para la participación de Colombia en la Corte Penal Internacional (CPI), órgano responsable de juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.